El drama del ajuste se ha ido profundizando en todos los rincones de la provincia y la ingeniería financiera pergeñada desde el gobierno nacional ha encontrado eco en la provincia. El gobernador Domingo Peppo que acaba de ser padre nuevamente no parece sensibilizarse con los problemas que su propia gestión está provocando en la niñez en la provincia. El caso de los comedores escolares parece ser la réplica del modelo de traslado de responsabilidades hacia diferentes estamentos, colocando a municipios en la obligación de atender demandas que son irrenunciablemente de la órbita provincial.

 

La aparente inocua decisión de trasladar la responsabilidad de los comedores escolares desde el Ministerio de Educación al de Desarrollo Social viene atado con una negociación que entabla esa cartera con diferentes municipios de los que espera financien o de modo compartido o de manera exclusiva la alimentación de los alumnos en comedores escolares.

 

Existe un señalamiento que el ministro Nicolás Dujovne ha trasladado a sus colegas de las provincias. En conjunto, las provincias deberán ahorrar a partir de ahora mismo y para todo el año 2019 unos 150 mil millones de pesos de un total que 300 mil millones de ajuste que la Nación comprometió con el Fondo Monetario.

 

La provincia que arrancó ajustando el gasto público con una magra pauta salarial para todo el 2017 echa mano ahora a otra serie de medidas, alguna de implementación inmediata como la de los comedores, otras de mediano plazo como la “ley de retiros”.

 

Algunos elementos que dejan señales evidentes que no todos quieren ver. El traspaso de los comedores desde Educación a Desarrollo Social pone en relieve la tarea docente dentro de las escuelas. Es que al momento de analizar la recomposición que vienen reclamando los gremios, no son pocos los que en algún momento criticaron o aplaudieron la interpretación de que sólo trabajan 4 horas y que esa tarea está compensada con el pago que reciben, sólo depende de la vereda en la que estaban antes y en la que están ahora.

 

El escenario es todavía más descarnado si se toma en cuenta la cifra millonaria que se fuga de la provincia en términos de corrupción. Las estimaciones más moderadas del Poder Judicial del Chaco hablan de una cifra de 60 millones de pesos.

 

Obviamente el flujo podría ser mayor si se toma en consideración que la Justicia Federal está llevando adelante otra investigación. Rolando Graña, uno de los pocos del medio nacional que está haciendo hincapié en la situación con informes periodísticos, hizo notar que en el Chaco las consecuencias de la corrupción son más graves porque es una de las más pobres de la Argentina.

 

Revocatoria y falta de mérito

 

De cada uno de los bandos de la política de la provincia hubo novedades. La primera, por cuanto la juez Federal Zunilda Niremperger dictó falta de mérito para los ministros Cristian Ocampo y Fabián Echezarreta, en el marco de la investigación por la causa denominada Lavado I, y porque la Cámara Federal de Casación Penal revocó la eximición de prisión de la diputada nacional Aída Ayala en la causa Lavado II.

 

Para el ministro de Infraestructura, el caso a su vez podría tener consecuencias internas. Por el momento no se sabe qué va a hacer la Cámara de Diputados con el juicio político iniciado contra el ministro, pero más allá de las celebraciones de Echezarreta para él todavía eso es una incógnita que se develará tras el receso invernal. La situación procesal del funcionario es independiente de lo que pueda resolver la Legislatura.

 

Es posible que en estos días de vacaciones que tiene el gobernador reflexione sobre la necesidad de hacerle dejar el cargo. Ya está claro que por el momento no va a ir preso, quizás la mayor preocupación exteriorizada por Domingo Peppo.

 

Falta de mérito no importa sobreseimiento además de que el fiscal Patricio Sabadini ya adelantó que va a apelar. También después de la feria, dijo el representante del Ministerio Público, planea pedir la apertura de la instrucción del denominado Lavado III, en el que Echezarreta podría volver a quedar implicado.

 

Pero un análisis más fino de resolución de Niremperger, que ha declinado investigar los delitos precedentes en el denominado Lavado I permitiría inferir que si hubo lavado de dinero y evasión, Echezarreta no habría sido partícipe, por lo menos no está encontrando los elementos para procesarlo.

 

Faltaría un avance más firme de la Justicia provincial, que debería intervenir por competencia para encuadrar entonces el accionar del ministro en otros tipos penales. La buena estrella del hombre del gabinete de Peppo parece seguir brillando. Todos los días hay señales de que en Horacio Rey y Roberto Lugo, los dos únicos miembros del gabinete provincial que están detenidos terminarían expiándose todas las responsabilidades. Injusto. Es decir, no se obra con Justicia.

 

No porque no tengan responsabilidades sino porque la hiper-corrupción del modelo político de principios del Siglo XXI en esta parte del mundo encontraría así una salida formal. Una puesta en escena.

 

La sensación generalizada es que hay mucho más, tanto que las dos faltas de mérito dictadas por Niremperger, pero especialmente en el caso Echezarreta, echó más dudas sobre la convicción del Juzgado que certezas sobre la situación del imputado.

 

Hubo desilusión. La gente no cree y lo manifiesta sin filtros diariamente en las redes sociales. No creían en el funcionario, ahora tampoco en el Juzgado Federal.

 

Y cuando esa sensación iba consolidándose apareció la decisión de la Cámara de Casación Penal en los casos de Aída Ayala y Rolando Acuña. Se revocaron las dos eximiciones de prisión. Rápidamente la diputada nacional estimó que la Cámara de Diputados de la Nación no debe retomar el tratamiento de su desafuero, hasta que la Cámara Federal de Apelaciones resuelva sobre el procesamiento y la prisión preventiva que le dictó Niremperger.

 

De ser así, Acuña tampoco debería volver a prisión. Veremos.

 

Lo que omitió la Cámara de Casación fue evaluar la actitud del juez José Luis Aguilar en la excarcelación de Acuña. Amigo del abogado defensor, compartieron un viaje a Europa poco tiempo antes de fallar. Tampoco el fiscal Federico Carniel que apeló y que logró las revocatorias lo planteó.

 

Lo de Ayala, en tanto, va complicándose aún más. Es cierto que la Cámara Federal todavía debe evaluar el procesamiento de primera instancia, sin embargo es preocupante que un dirigente del nivel de la ex intendente no pueda desarrollar un esquema de comunicación frente a una cuestión tan delicada.

 

De pedir la renuncia del gobernador Peppo cuando se conoció la detención de Horacio Rey, a denunciar persecución política cuando comenzaron a investigarla y ordenaron su propia detención. De celebrar la eximición de prisión como si fuera su sobreseimiento a plantear ahora lo que tiene que hacer la Cámara de Diputados de la Nación. Demasiadas idas y vueltas, aceptables en un principiante. No en ella.

 

Como en el caso anterior, el ciudadano común, que mayoritariamente se expresa en las redes sociales, vio eso. El escenario se hace cuesta arriba, muy inclinado para seguir improvisando. El nivel de reflexión se verá tras el receso. Ninguno tiene margen para empeorar las cosas.  

 

 

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