En la Semana Mundial del Parto Respetado, María Laura Anzorena, abogada e integrante de Gestar Justicia. Parir Derechos pone la lupa en 11 casos de violencia obstétrica que tuvieron lugar en el Hospital Municipal de Morón y que representan un fiel ejemplo de una práctica violenta que se repite en las instituciones de salud públicas y privadas.

Entre 2016 y 2019 seis mujeres sufrieron violencia obstétrica en el Hospital Municipal de Morón. Durante esos años hubo una seguidilla de casos como estos muy graves, nosotras llegamos a identificar 11. Las mujeres empezaron a conocerse por redes sociales, se acercaron al hospital para pedir explicaciones e hicieron marchas del silencio. Los médicos presentaron una denuncia por amenazas porque las chicas escribieron sus nombres en redes sociales, se abrió una causa contra ellas y a una de ellas le dictaron una medida perimetral.

En ese contexto, se comunicaron con nosotras para que, como abogadas, podamos intervenir en la causa penal y darle un curso institucional a sus denuncias que fueron presentadas ante el Municipio de Morón, la Defensoría del Pueblo de Nación, el INADI, La Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG), el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual PBA, con la idea de que se aplique el artículo 6 de la de la Ley 25929 que establece que la violencia obstétrica y el incumplimiento de los derechos que regula la Ley de Parto Respetado configura una falta grave.

Tomando solamente dos leyes (la ley 26.485 de protección integral a las mujeres y la Ley 25.929, conocida como ley de parto respetado) podemos esquematizar la regulación que nuestro país tiene respecto de la violencia médico gineco-obstétrica ejercida al momento del parto/nacimiento:

1) Es una modalidad de violencia de género, definida como: “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929.”

2) Las personas gestantes y nuestres hijes durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el pos parto tenemos derecho a: estar acompañadas, recibir información, ser tratadas con respeto, no ser separadas de nuestres hijes, ser tratadas como personas sanas y al respeto de los tiempos fisiológicos, entre tanto otros.

3) El incumplimiento de estos derechos constituye una falta grave a los fines sancionatorios, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder.

Esto último es clave porque lo que nosotras pedimos y lo que tienen de particular los 11 casos de Morón es que en tres de estos murieron bebés en el momento del parto y todas las mujeres recibieron violencia al momento de parir: abandono, falta de atención y el descrédito completo de sus palabras, tanto en el momento del parto como incluso después de la muerte de sus niños.

Lo que nosotras decimos es que para correr a la jefa de servicio o imponer algún tipo de sanción, se exige que haya una causa penal, pero lo cierto es que, la violencia obstétrica no siempre constituye un delito y además, cuando sí lo constituye es muy difícil de probar porque las mujeres entran a la sala de parto solas. La fortaleza que tiene esta denuncia al ser colectiva es que todas estas cosas que las mujeres dicen como por ejemplo, “me sacaron el celular, no me dejaron entrar acompañada, no me dejaron tomar agua, me dijeron que me calle mientras estaba en trabajo de parto, me apagaron la luz", no son casos aislados porque cuando seis mujeres cuentan lo mismo empezas a darte cuenta que es un protocolo no escrito.

En estos casos lo que se espera es un reconocimiento de que se ejerció violencia obstétrica, que se esclarezca qué pasó y se establezcan responsabilidades y sanciones administrativas. Quienes denunciaron son mujeres jóvenes que se encuentran en una situación socioeconómica vulnerable y parece ser que nadie espera que una mujer con esas características sostenga una lucha durante seis años, esperan que se rindan.

En 2021 las chicas presentaron toda la documentación de lo que vivieron y además testigos que fueron las doulas que en ese momento eran voluntarias en el hospital e hicieron una descripción de muchas prácticas que constituyeron violencia obstétrica. También se presentaron como testigos otras mujeres que habían pasado por situaciones similares, son testigos de que esto es una práctica sistemática y no fue un caso aislado o un error.

Ya pasaron más de tres años y lo que están pidiendo ahora las mujeres es que se le de un cierre a los casos. No en miras de que haya un castigo, si no que no haya impunidad, que haya algún tipo de sanción y sobre esa sanción o reconocimiento de la responsabilidad que tiene el Estado de implementar políticas públicas para eliminar la violencia obstétrica, que también se genere algún tipo de medida de justicia restaurativa.

Las chicas puntualmente están pidiendo que se resuelva el sumario, que haya una audiencia con la comunidad y que las autoridades del hospital y del municipio les cuenten a ellas en qué sentido la maternidad mejoró durante todos estos años desde que ellas hicieron las denuncias. También quieren contarles a los responsables lo que significó para ellas y aportar su experiencia como usuarias. Todo eso se puede hacer únicamente después de que haya un cierre, una resolución definitiva y se establezcan responsabilidades.

Otra cosa que piden es que se coloque una placa como una marca de memoria de la violencia institucional y de género que implica la violencia obstétrica que recibieron y por la cual, además, murieron tres de sus hijes. En este marco se abrió un petitorio para apoyar las denuncias de las chicas, impulsado por organizaciones que nos acompañan.

Lo que pasó en Morón no es excepcional, son prácticas sistemáticas que se dan en todo el sistema de salud y que tendrá características particulares en el sector privado y otras en el sector público. Lo que se pide es que el caso de Morón se tome como ejemplo y que desde Provincia y Nación se habiliten las vías para que efectivamente las mujeres puedan hacer denuncias pero no desde una perspectiva punitivista. Las denuncias y las voces de las mujeres va a permitir tener estadísticas serias y hacer una evaluación del desempeño de los hospitales y de los profesionales.

Tenemos que encontrar una manera de que las mujeres y personas gestantes usuarias de los servicios de salud puedan ingresar a la implementación de las políticas públicas para erradicar la violencia obstétrica y también, en general, porque no es algo que se da sólo en los partos, te violentan si abortas, si perdes una gesta deseada, si vas a parir, se criminalizan los eventos obstétricos y la violencia proviene siempre de la misma guardia de obstetricia.

El domingo 21 al mediodía las chicas van a pintar un mural en la Plazoleta Presidente Perón de Morón, como un hecho artístico comunitario junto a un grupo de doulas artistas que se llaman guardianas floreseremos. La idea es hacer un repaso de todos estos años de lucha y abrir un espacio de diálogo con la comunidad y con todas las personas, organizaciones y profesionales que a lo largo de todos estos años las acompañaron.

*Integrante de Gestar Justicia. Parir Derechos: Equipo interdisciplinario autogestivo que acompaña y asesora jurídicamente a mujeres que sufrieron violencia obstétrica.