La doctora Gabriela María Alejandra Aromí estableció que la condicionalidad de la pena de seis meses de prisión está sujeta a que realice trabajos en una Fundación durante 12 horas al mes.

El 29 de julio se realizó el Juicio oral en el que la juez Correccional N° 1, doctora Gabriela María Alejandra Aromí condenó a 6 meses de prisión en suspenso a una persona por incumplir las medidas sanitarias impuestas por la autoridad para impedir la propagación del Covid19 que se enmarca en el delito de “Infracción de Medidas Sanitarias contra Epidemias”, previsto en el 205 del Código Penal.

Como regla de conducta se le impuso el cumplimiento de servicios comunitarios gratuitos en una Fundación por el término de seis meses, con una carga horaria de 12 horas mensuales.

El hecho

En el juicio, la señora Fiscal probó que el día 10 de abril del 2020, el acusado transitaba a las 3.20 horas aproximadamente, en un lugar distante de su domicilio, sin su documento, sin poder justificar su presencia en el lugar.

Tal conducta implicó la violación del aislamiento preventivo social obligatorio impuesto por el DNU N° 260/20 y su modificatoria N° 297/20, al que Corrientes adhirió por Decreto 588/2020, por lo que se encuadró en el delito previsto en el artículo 205 del Código Penal.

El juicio oral

El juicio oral se realizó de manera presencial en las instalaciones del Juzgado Correccional N° 1 y los testigos que comparecieron fueron los policías que actuaron en el procedimiento.

Se cumplieron estrictamente con los protocolos correspondientes para evitar la propagación del Covid-19.

Los testigos fueron examinados por la Fiscal y contraexaminados por la Defensa.

Tanto la Fiscalía como la Defensa presentaron sus casos y utilizaron las reglas de la litigación oral de manera impecable.

Salidas alternativas

Cabe señalar que, si bien esta es la primera condena que registra este Tribunal por el delito tipificado en el artículo 205 del Código Penal, existieron numerosas causas anteriores, que fueron resueltas mediante salidas alternativas.

En ellas los acusados contribuyeron con aportes económicos para solventar el costo de hisopados en base a su capacidad económica, entre otras reglas de conducta.