El juicio oral por corrupción en la represa hidroeléctrica Yacyretá se inició hoy en los tribunales federales de Retiro a 30 años de la denuncia y con tres empresarios procesados por gestionar reembolsos indebidos superiores a los 190 millones de dólares.El debate se inició ante el Tribunal Oral Federal 4, que escuchó la lectura de un resumen de la acusación fiscal y programó la próxima audiencia para el 1 de noviembre próximo, cuando se harán los llamados "planteos preliminares".

 

La investigación lleva más de tres décadas y ahora se juzga a tres procesados vinculados a la construcción y que integraban empresas que se beneficiaron con esos reembolsos o estuvieron a cargo de gestionarlos.

 

Sólo uno de ellos, Guillermo Henin, por entonces director de Dicmar SA, se presentó en la sala de audiencias del Comodoro Py 2002.

 

Los otros dos, Gianfranco Rizzo, de Impreglio SA, y Roberto Ortega pidieron seguir el debate desde sus domicilios por motivos de salud y el Tribunal ordenó que se les efectúe una pericia médica.

 

En la sala de audiencias estuvo el querellante en el caso, el contador Antonio Casabona, de 82 años, quien en 1999 denunció un nuevo hecho penal derivado del cobro indebido de reembolsos durante la construcción de Yacyretá y evitó la prescripción del caso.

 

En un primer juicio hecho en el 2013 fueron condenados ex funcionarios de la entonces Subsecretaría de Industria de la Nación.

 

"Directamente se puso en marcha un verdadero pacto de ilicitud y de ilegalidad porque la UTE donde se encuentran las empresas de la patria contratista manejó todo", expresó Casabona en declaraciones a la prensa antes del inicio del debate.

 

Los tres empresarios son juzgados por supuesta "administración fraudulenta" con acusación a cargo del fiscal ante el Tribunal Oral, Abel Córdoba.

 

Los reintegros impositivos se cobraron por neumáticos importados y hormigón fresco que se usó en la obra en la provincia de Misiones, al amparo de leyes al respecto.

 

"El accionar de los aquí enjuiciados ha constituido, con sus distintos matices, un engranaje necesario para completar las numerosas maniobras defraudatorias denunciadas, que al consumarse –paulatinamente– en cada uno de los trámites por los cuales se abonaron los importes por reembolsos al contratista adjudicatario UTE-ERIDAY, causaron un millonario perjuicio al Estado Nacional", se sostuvo en el requerimiento de elevación a juicio leído en la audiencia.

 

Antonio tiene 82 años, dos hijos y dos nietos. Parece abogado, pero es contador. Como denunciante y querellante de la causa, conocida como “el monumento a la corrupción”, tuvo que aprender a la fuerza de derecho. Dice que un 80% de los escritos que presentó en la justicia los hizo él.



Su lucha se remonta a 1987 cuando la empresa Sideco americana, del Grupo Macri, ganó la licitación de la construcción de la represa hidroeléctrica de URUGUA.I.  Antonio fue quien hizo el cálculo del costo impositivo de la misma. Es también quien detectó y luego denunció maniobras fraudulentas en la represa Yacyretá para el cobro indebido de reembolsos impositivos del 15% en cuanto al hormigón utilizado para la construcción, y del 25% sobre los neumáticos utilizados en la obra entre el 15 de enero de 1990 y el 8 de noviembre de 1999.

 



Ello no contaba con respaldo normativo ni documental, habiéndose aprovechado, a tal fin, de lo previsto en la ley de beneficios impositivos nro. 20.852. Es decir, utilizaban productos extranjeros más baratos, los nacionalizaban y cobraban los reembolsos.  Las maniobras quedaron documentadas en los certificados de reembolso, facturas y expedientes.

 



Los artífices de los reembolsos fraudulentos eran Guillermo Henin, titular de Dicmar SA, la firma que se encargó de gestionar los reembolsos impositivos que podía cobrar la constructora de la represa UTE ERIDAY (Empresas Reunidas Impregilo Dumez y Asociados para Yacyretá); Robert Jacques Ortega, gerente administrativo del consorcio constructor en representación de Impregilo, el socio mayoritario; y Gianfranco Rizzo, ejecutor de la obra en su carácter de gerente general y representante legal del consorcio constructor.

 



La denuncia la hizo el 27 de junio de 1990. Pero, el monumento a la corrupción nunca se investigó como tal. Solo hubo una causa paralela que terminó con condenas con respecto a personajes menores.

 

Algunos de los imputados históricos de Yacyretá, eran los socios también históricos del Grupo Macri. Estas son algunas de las cosas que se dicen en tribunales y en los mentideros políticos.

 

Yacyretá es invisible al gran público, pero aloja los secretos de un esquema de funcionamiento del poder en nuestro país. A punto tal que su vínculo con estos tiempos es demasiado real.

 

El juicio de 30 años y su protagonista. (A24)



Pasaron seis jueces desde que Antonio pisó los tribunales por primera vez. La causa estuvo a punto de prescribir. En el medio, fue denunciado por “falsa denuncia” por uno de los imputados. Finalmente el Tribunal Oral Nro. 4 (TOF 4) acaba de fijar la fecha del inicio del juicio para el próximo 4 de octubre.



Antonio sufre de artritis y artrosis. Los médicos le dijeron que se enfermó por el estrés.  “Fueron años muy duros, tener que apelar un procesamiento por extorsión fue muy doloroso. Fue doloroso también el trato de los jueces de Comodoro Py”, se lamenta. Y dice, “ahora, a los 82 años, espero encontrar un resultado que reivindique mi lucha con tanto dolor porque tengo hijos y nietos”.



¿Cuándo hizo la denuncia y por qué?

 

Año 1987 la empresa sideco americana, del grupo macri, gana licitación de la construcción de la represa hidroeléctrica de Yacyretá

 

Yo fui el que hizo el cálculo del costo impositivo de la licitación. Empecé a encontrar una oposición tremenda, el cobro indebido de reembolsos impositivos. Eso terminó con mi apartamiento, a través de la intermediación del responsable del área financiera – actual intendente de Lanús - Néstor Grindetti. Me di cuenta que me separan para poder llevar adelante el modus delictivo, que contradecía mi forma de trabajar. Esto me llevó a hacer la denuncia



¿Y el rol del Estado?

 

El rol del Estado fue el de formar parte de una inconcebible corrupción: no controlaron y dejaron prescribir la acción penal. Por ejemplo, la AFIP.

 

¿Cuál era la maniobra?

 

Cuando se hace un certificado de reembolso, hay que acompañar con la factura del proveedor especificando la naturaleza del bien sobre el cual se va a pedir el beneficio. Esa factura era confeccionada por el propio beneficiario. Nadie controlaba esto.

 

De hecho, quien fue subsecretario de Industria y Comercio, Miguel Ángel Cuervo, fue condenado, en una causa aparte, por el delito de defraudación por siete generadores  italianos (Ansaldo sociedad anónima) usados en la construcción de la represa Yacyretá que los hicieron pasar por nacionales. Aca robaron todos.

 

¿Cómo fue su experiencia con la Justicia?

 

Primero junté la documentación y el 27 de junio de 1990 radiqué la denuncia. Fui a tribunales. Me atendió el titular juzgado Ricardo Gustavo Weschler. A los tres meses, el juez fue a yacyretá y secuestró 282 certificados que probaban el fraude. Acto seguido acusó  a Guillermo Henin de administración fraudulenta y cohecho. Esto era el final de la causa.

 

Pero, en diciembre del mismo año, el expediente pasó al juzgado 3, en ese entonces, a cargo de Néstor Blondi porque había una denuncia anterior de Alberto Asseff. Blondi comenzó a avanzar pero se jubiló y la causa cayó en manos de Carlos Daniel Liporaci. En ese momento es cuando se puso en marcha una instrucción que tuvo ribetes de ilicitud e ilegalidad. Porque nada puede justificar treinta años de demora.

 

El expediente pasó por las manos del juez subrogante Rodolfo Canicoba Corral y en 2004 pasó a manos de su par Daniel Rafecas, quien la tuvo quince años. Por presión de la Cámara Federal, la causa cayó en el juzgado de Ariel Lijo que pidió el cambio de código procesal y aceleró las cosas. Luego cayó en el TOF 4, que finalmente hace dos semanas pone fecha de juicio para el 4 de octubre de este año.

 

¿Qué sintió durante todo este tiempo?

 

En este tiempo hemos presentado tantos escritos. En el 93 me otorgan el rol de querellante, imaginate... Empiezo a trabajar siendo joven y sano y llego a juicio viejo y achacado.

 



El entonces juez Jorge Urso me llegó a procesar por extorsión y falsa denuncia. Henin, imputado por ser el gestor de los reembolsos fraudulentos,  me denunció. Después de idas y vueltas, la jueza María Romilda Servini me sobreseyó.

 

¿Cómo hizo para mantener vigente el reclamo?

 

Intentaron varias veces la prescripción de la causa. Liporaci, Rafecas. Siempre apelé y logré dar vuelta las resoluciones. Y bueno, volví a la carga con nuevos escritos

 



¿Se recibió de abogado?

 

En el 80 por ciento de los escritos tuve participación en estos treinta años. En otros no, porque eran muy técnicos. Soy contador, pero aprendí a la fuerza de derecho.

 

¿Qué vínculo tiene esto con la causa de los Cuadernos?

 

La causa de los Cuadernos todos sabemos que está perfectamente inventada. Una causa que se formula con fotocopias es trucha. La causa de las fotocopias de los cuadernos es el disparate penal más grande.

 

¿Qué sabor le queda cuando conoce que va a juicio?

 

Yo no quiero dramatizar, ni menos dar lastima. Cuando tenía 60 años descubrí, porque tocaba la guitarra, que tenía artrosis y artritis: una enfermedad que, según los médicos,está íntimamente relacionada con el estrés. Fueron años muy duros, tener que apelar un procesamiento por extorsión fue muy doloroso. Fue doloroso también el trato de los jueces de Comodoro Py. Ahora a los 82 años espero encontrar un resultado que me reivindique con tanto dolor porque tengo hijos y nietos.

 

¿Cree en la justicia?

 

No en esta. Cuando se subordina al poder político como ahora no creo en absoluto. Treinta años es una vergüenza. A lo que hemos llegado...

 



Antonio Casabona está ilusionado. Está bien que así sea. Lo merece su templanza y actitud en el tiempo. Pero, repasemos un poco los hechos. Obras públicas que generaron pagos indebidos, empresarios y funcionarios en complejas relaciones, demoras de treinta años en la investigación, recortes en los hechos que se tradujeron en impunidad para algunos y desgracias para otros, contraataques para el denunciante que incluyeron el armado de causas, el uso de la ley como arma y de la justicia como lugar de disciplinamiento.

 



En 2018 nos conmovió la causa de los “Cuadernos de Centeno”. En enero de 2019 el caso “D’Alessio”. Hace treinta años Casabona iniciaba un proceso que tiene demasiados puntos de contacto con las cosas que se discuten hoy. Para quienes estudian la cuestión judicial con profundidad y calibran la gravedad de la situación, Yacyretá no es una novedad. Para los más distraídos, en cambio, la historia del expediente y de sus protagonistas podría ser un gran material de consulta para detectar en qué lugar yacen las micro prácticas que explican el malestar general.