Son 102 despidos sin justificación que se hicieron en diciembre de 2023. Hubo 22 presentaciones judiciales de trabajadores de planta, misioneros y correntinos. La Cámara Federal de Posadas (Misiones) estableció que un juez de esa ciudad sí tiene competencia para resolver la cuestión.



La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas rechazó la declaración de incompetencia del juez José Luis Casals y le ordenó que se haga cargo de resolver la demanda de un grupo de despedidos “sin causa” contra la Entidad Binacional Yacyretá.



El juez se había declarado “incompetente” para entender en este tema argumentando razones de territorialidad de los demandantes, al observar que diez de ellos no tenían domicilio en la jurisdicción del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial, Laboral y en lo Contencioso Administrativo de Posadas.



La demanda fue planteada por 22 trabajadores de Yacyretá que fueron despedidos por el nuevo director ejecutivo, Alfonso Peña, sin otro motivo que la “reducción de personal” sin expresar tampoco el criterio utilizado para seleccionar los agentes echados.



En el fallo de la Cámara se indica que “corrida la vista al Ministerio Público Fiscal a los efectos de que se expida sobre la competencia, el mismo se pronuncia y sostiene: “Asiste razón al apelante” en cuanto a que debe resolver el juez de Posadas la demanda planteada, y sostiene que “corresponde hacer lugar al recurso de apelación, inclinando opinión a favor de la revocación del resolutorio atacado (declaración de incompetencia)”.



El fallo sostiene que “las partes tienen la facultad de prorrogar, expresa o tácitamente, la competencia territorial sometiendo el proceso al conocimiento de un juez, siempre que la aludida prórroga no afecte el orden público, por consiguiente, es de carácter relativo y renunciable y en cuestiones meramente patrimoniales puede la competencia ser prorrogada en forma expresa”.



La EBY del lado argentino tiene 500 empleados, luego de 102 despidos ordenados por la nueva gestión, sin otra razón que el achicamiento de los gastos del Estado. Los que conocen el funcionamiento del organismo advierten que se resiente el cumplimiento de sus tareas. De hecho, las obras del brazo Aña Cuá (ampliación de tres nuevas turbinas) se encuentran paralizadas desde enero.



De lado paraguayo, en cambio, la Entidad tiene 1.800 empleados y el gasto salarial es tres veces mayor.



“La Entidad desobedeció la orden cautelar de dos jueces, uno del juez provincial Jiménez, que es el que emitió la primera medida cautelar, y el juez federal Casals, que confirmó esa medida cautelar”, explicó Adrián Bellone, uno de los que fue despedido sin causa por Peña.