El 17% con cláusula gatillo. A puertas cerradas, por ahora, la decisión está tomada. Ese es el porcentaje máximo que el Gobierno está dispuesto a negociar para aumentar los salarios de todos los empleados públicos del país en 2018. Incluyendo, especialmente, a los docentes, con un guiño de los gobernadores que quieren un aval oficial para poder salir a discutir cada uno en su terruño. Pero además sería el nivel que el Ejecutivo pretende que haya de aumento salarial en el sector privado durante las paritarias que comenzarán a negociarse en los primeros días de marzo. Para ese momento, espera el oficialismo, deberías haberse alcanzado acuerdos en el sector público en general.
Obviamente a ese nivel se llegaría luego de una negociación que podría demandar entre uno y tres meses, y donde la primera oferta sería un escueto 10%; obviamente inaceptable para cualquier sindicalista que después quiera seguir manejando su gremio. Lo que busca el Gobierno es acelerar esa negociación para que en febrero ya haya acuerdos primarios.
El propio Mauricio Macri avaló el porcentaje, luego que desde la propia jefatura de gabinete se le presentara el tema. Previamente había sido un aporte llegado desde el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne, quien tiene ese número como tope en el amplio mecano fiscal que está diseñando para 2018, donde el déficit debería llegar al 3,2%. No más. Las podas que está teniendo el esqueleto de recaudación que diseñó el ministro para la reforma impositiva y previsional (que originalmente habría aportado unos $130.000 millones, y ya va por los 100.000); encendieron las alarmas de los laboratorios fiscales de Dujovne, que se anticipó la semana pasada a comenzar a preparar una oferta laboral para los trabajadores del Estado que soportaran las cuentas públicas. En paralelo, también Federico Sturzenegger hizo su aporte. Desde el Banco Central se sigue de cerca la evolución salarial de los empleados estatales y docentes de todo el país, ya que se considera que los acuerdos de aumentos que se negocien en estos sectores deben darle al resto de la sociedad una noción de control inflacionario. Para esto no debería escaparse el porcentaje de aumento mucho más allá de la inflación pronosticada. Como esta se encuentra en un 15%, un 17% no debería sorprender. Desde el "ala política", el aporte que se hace es que necesariamente se deberá aceptar por segundo año consecutivo la inclusión de la "cláusula gatillo" por la cual si la promesa de inflación no se cumple los trabajadores están asegurados que no perderán poder adquisitivo ante el alza de los precios. Sería el segundo año en el que se incluiría esta "claúsula", luego de la experiencia de 2017. La fórmula disgusta mucho a Macri, que la ve como una afrenta a la credibilidad del Gobierno ante la sociedad. Según su visión, debería haber, a esta altura, la suficiente confianza ante el oficialismo, como para no tener que recurrir al "gatillo".
