Según datos del sondeo realizado por el INDECOM (Instituto de Estudios de Consumo Masivo) el empleo en negro aumentó más de 40% en el primer semestre. Los despidos masivos, en el ámbito público y privado, la baja rentabilidad de las pymes y la inestabilidad económica favorecieron la precariedad contractual.
Según publica en el día de hoy Ambito.com, el presidente del organismo de estadísticas, detalló que el trabajo se realizó en base a un cuestionario elaborado sobre unas 816 pymes ubicadas en el ámbito geográfico de la Ciudad de Bs As, La Matanza, San Martín, Rosario, Santa Fe Capital, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata.
Sobre el total de las firmas encuestadas, puntualmente el estudio se ejecutó sobre un 38 % de empresas de comercios y servicios, un 16 % del sector metal mecánico, un 13 % del ámbito textil, un 12 % del rubro gastronómico, un 11 % del área de producción de plásticos y un 10 % ligadas a la industria química.
Los datos del sondeo de INDECOM son reveladores porque las Pymes son las dadoras del 80 % del empleo en general y de más del 90 % del empleo informal del país.
Al respecto, el informe detalla que un 29,3 % de las pequeñas y medianas empresas consultadas reconocieron que durante los últimos seis meses pasaron entre 3 y 5 empleados promedio al régimen informal, eliminando las cargas impositivas y tributarias que les correspondían cuando esos trabajadores estaban incluidos en el régimen laboral. Además, el 13,3 % de las pymes afirmaron que celebraron con ese mismo promedio de empleados contratos de prestación de servicios trimestrales o semestrales a cambio de exigirles la inscripción en el régimen del monotributo.
Sobre ese total de pequeñas y medianas empresas, “el 32,2 % afirmó que lo hicieron para evitar la suspensión de los trabajadores, el 47,6 % para no despedirlos y 20,2 restante para no llegar al quiebre definitivo”.
A su vez, el 44 % de las personas consultadas reconocieron que se quedaron “fuera del régimen de trabajo registrado en lo que va del año”. Sobre ese total, un 27,4 % aseguró que perdió su fuente laboral en el ámbito público, y un 16,6 % afirmó que lo echaron de su empleo en el sector privado. En tanto, un 41,6 % de los consultados reconoció que volvió a insertarse en el mercado laboral, pero destacaron que lo hicieron bajo condiciones informales, mientras que el 58,4 % restante afirmó que aún sigue sin empleo.
Los datos relevados también dan cuenta de “una baja del 38,5 % en la evolución de los trabajadores cotizantes que permanecen registrados, es decir, aquellos que deberían haber obtenido aportes patronales en esos meses”. En el caso de las Pymes, el 33,1 % reconocieron que deben todos los aportes jubilatorios y de obras sociales, y el 66,9 porciento restante reconoce que adeuda varios períodos y que especula con la posibilidad de adherirse a una moratoria en lo que resta del 2016″.
En la mayoría de los casos, los pequeños empresarios afirmaron que dejaron de pagar las cargas sociales “como mecanismo de financiamiento”.
Según Calvete, estos datos muestran que “en los primeros seis meses se registró uno de los peores comportamientos del mercado de trabajo de los últimos años, ya que a la desocupación se suman las suspensiones, los incumplimientos en los aportes y la caída del empleo registrado”. En ese sentido, aseguró que si se compara con lo sucedido en años anteriores, se vive una situación de tal magnitud que no se registraba desde el 2008-2009, cuando el país sufrió los embates de la crisis mundial”.
Por su parte, el informe arrojó que “el 91, 6 % de los trabajadores dijeron que aceptaron estas nuevas condiciones de precarización laboral por el temor que les genera la posibilidad de perder sus empleos”.
Como dato positivo, finalmente, Miguel Calvete destacó que “la reciente sanción en el Congreso de la Ley de incentivo Pyme, que pregona importantes beneficios para ese sector, permite proyectar que podría haber algunos índices de mejoría de cara a la segunda quincena de septiembre”. Sin embargo, agregó que “eso ocurrirá siempre y cuando esa norma este acompañada por políticas del Estado que comiencen a despegar los indicativos económicos y fomenten un escenario con menor inflación y mayor consumo que devuelva la confianza y la previsibilidad al mercado laboral”. Ambito
