Los fabricantes de bebidas sin alcohol exigen al Gobierno reglas equitativas para las economías regionales de la cadena de valor, luego de que se anunciara la marcha atrás del impuesto al vino, pero nada dijera la Casa Rosada sobre el tributo interno a las bebidas azucaradas previsto en el proyecto de reforma tributaria que llegará al Congreso la semana próxima.
Por lo pronto, los representantes de las empresas nucleados en la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA) mantendrán una nueva reunión con funcionarios del Gobierno con la "expectativa" de que finalmente se revea el impuesto, tal como se hizo con los viñateros, según dijeron a ámbito.com fuentes sectoriales.
"La verdad que la marcha atrás con el impuesto al vino nos sorprendió y creemos que es una medida absolutamente discriminatoria contra las economías regionales, contras las provincias a las cuales nosotros les demandamos insumos", sostiene Esteban Agost Carreño, vocero de CADIBSA.
La cadena de valor de la industria de las bebidas sin alcohol tiene como primer eslabón a los productores agropecuarios de 12 provincias. Además de la producción de azúcar, el sector demanda alrededor del 50% de la producción de naranjas y pomelos del Litoral; entre el 5% y 20% de la producción total de otras frutas como manzanas, uvas, manzanas y duraznos provenientes de Cuyo y el Alto Valle de Río Negro. A lo que se suma el 80% de la molienda húmeda del maíz que se usa para la fructuosa, abastecida desde la región pampeana y central del país.
El sector genera en Argentina más de 26.000 empleos directos y representa el 0,5% del PBI del país, con ventas que superan los 100.000 millones de pesos al año.
Según el informe "Evaluación económica de aumento de impuestos internos en la cadena de bebidas sin alcohol" realizado por la consultora Abeceb, el impuesto impactaría de manera negativa en las 12 provincias que en conjunto representan un 86% del PBI nacional y un 87% del valor bruto de producción (VBP).
"El 85% de las bebidas sin alcohol se vende en comercios de barrio, almacenes, autoservicios, quioscos y despensas y representan aproximadamente el 540% de sus ingresos. Por la elasticidad de la demanda que tiene el sector (0,91), un mayor impuesto significaría una merma en el consumo y eso representaría menores ingresos para miles de familias", sostuvo CADIBSA en comunicado.
En ese sentido, Agost Carreño alertó que "si el Gobierno pone el impuesto se ponen en riesgo 5 mil puestos de trabajo en toda la cadena de valor, desde el productor agropecuario hasta el pequeño comerciante".
Para un sector que en los últimos dos años registra una caída del consumo de alrededor del 10%, las empresas temen que el impuesto y el consecuente aumento en los precios al consumidor signifique una caída para la actividad del 10 al 12%.
