La jueza Adriana Cammarata falló a favor de la cautelar de la asociación REDI para que el Ministerio de Desarrollo Social vuelva a pagar los haberes dados de baja.
La Justicia ordenó la restitución inmediata de las pensiones por discapacidad que fueron suspendidas arbitrariamente por el Gobierno. La medida alcanza a todos los beneficiarios del país.
La titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social 8, Adriana Cammarata, admitió la cautelar solicitada por la asociación REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad). Además, la jueza rechazó la excepción de incompetencia en razón de la materia planteada por la demandada, apoyándose en lo dictaminado oportunamente por el fiscal Gabriel de Vedia.
La magistrada restituyó las percepciones dadas de baja de todas las personas con discapacidad en igual situación y volver a gozar del Programa Incluir Salud. El representante del Ministerio Público concluyó que "la afectación de los derechos de una persona con discapacidad, implica ignorar los principios que informan el Derecho de la Seguridad Social. En razón de tal conclusión, se advierte que la acción de amparo resultaría viable, por cuanto la baja del beneficio de pensión por discapacidad en forma unilateral y sin revisión o análisis previo conllevaría una arbitrariedad y/o ilegalidad manifiesta".
El Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, había decidido eliminar miles de pensiones por discapacidad de manera unilateral. El Gobierno puede apelar esta decisión judicial en caso de que desee insistir en la baja de estos haberes.