La bronca alcanza a Frigerio, Torres, Pullaro, Zdero y Llaryora. Buscan acuerdo en paquete fiscal pero la negociación se traba por Ganancias.
El decreto 280/24 firmado por Javier Milei para desfinanciar las cajas provinciales detonó la posibilidad de que los gobernadores suscriban el Pacto Mayo, el decálogo propuesto por el Presidente durante la apertura de sesiones ordinarias. LPO corroboró que incluso los gobernadores Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Leandro Zdero y Martín Llaryora, aliados al gobierno en la búsqueda de dotarlo de instrumentos legales para la gestión, enfurecieron cuando la medida se publicó por boletín oficial el 27 de marzo pasado.
El gobernador de Corrientes mantiene silencio como lo hace con habitualidad ante la motosierra presidencial. Es uno de los más alineados al proyecto económico libertario. Desde diciembre de 2023 no ensayó críticas al gobierno nacional, todo lo contrario, dijo en reiteradas oportunidades que la gestión del Presidente Javier Milei tiene rumbo y es acertada. Que todo es culpa del kirchneirmos, incluso el mandatario correntino deja de lado la presidencia de Maurio Macri.
La bronca de los mandatarios provinciales es que el gobierno libertario ya no solo pretende recortar fondos que demandan para sostener gastos en sus jurisdicciones sino que, directamente, les quita recursos fijados por ley. De todas maneras los representantes de Juntos buscan evitar la confrontación total y quieren que se destrabe la negociación.
Desde la Casa Rosada se excusan diciendo que "las partidas están pero se reasignaron a otros temas provinciales".
Los gobernadores siguen trabajando para alcanzar un entendimiento en el paquete fiscal, sobre todo por el impuesto a las ganancias. Los patagónicos, por caso, son los más enfáticos en oponerse a la restitución de ese gravamen por el nivel salarial de sus habitantes. "Estamos lejos de llegar a un acuerdo también por la ley ómnibus por estas cosas", dijeron desde el gabinete de un mandatario del Sur.
El ajuste instrumentado con el decreto 280 recayó sobre las cajas previsionales de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
