Presentada ante la Fiscalía de Instrucción N° 3 de Corrientes capital este último lunes 28 de marzo, puso bajo el radar judicial “una matriz de corrupción generando millonarias ganancias ilícitas, creando sociedades a mansalva entre 2018 y 2021”, describe la presentación.
Serán los funcionarios judiciales quienes dictaminen si la presentación hecha por una abogada de Corrientes capital es viable o no, pero en el texto de la denuncia la autora deja una guía y mapa de ideas a los investigadores.
Apunta a dos funcionarios de alto rango en el Poder Ejecutivo, empleados de la Dirección de Información Pública y describe todo el circuito administrativo que deben recorrer los expedientes que luego se transforman en cheques de abultados montos por difusión de supuestos actos de gobierno.
Entre los delitos apuntados por la denuncia están: asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación al Estado, en este caso el provincial. Además de enriquecimiento ilícito.
“En lo que estas resoluciones y expedientes de 2021 he detectado particularmente, capitalizando a empresas particulares, generando incremento del patrimonio de personas particulares y físicas como prestanombres, por lo que también esta denuncia se presenta ante la Justicia Federal. Se observa un uso sin control del alta de cuit de AFIP en el rubro publicidad y similares con sólo objetivo de facturarle al Estado, con categorías que difícilmente puedan justificar la contraprestación a esos ingresos”, dice la segunda página de la denuncia.
En la siguiente, continúa con el pedido de “poder determinar la posible comisión de delitos de: Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de violación de los deberes de funcionario público, administración infiel, etc”.
Luego solicita que se indague, averigüe la real contraprestación por la que se paga a las personas físicas, jurídicas, sociedades "y la extensa lista de prestanombres”. Suma que también sean indagados los patrimonios de cada uno de los beneficiarios (personas físicas o jurídicas) con la pauta oficial de Gobierno.
En la página 5, tras relatar lo que considera “un modus operandi”, también habla de “enriquecimiento ilícito por parte de beneficiarios de la pauta oficial y de funcionarios del Poder Ejecutivo que autorizan dichas pautas”. Anticipa así que la denuncia también será presentada en la Justicia Federal.
Tras la presentación judicial de la denuncia, este pasado lunes 28 de marzo ningún sector político ni judicial en la provincia se refirió al tema. En administraciones gubernamentales pasadas idénticas denuncias generaron alto impacto político. Terminaron con funcionarios detenidos y llevados a juicio oral y público.
Continuará.
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