Al cumplirse un año de la denuncia penal que pide investigar el reparto de la pauta oficial, el presupuesto 2023 para la Dirección de Información Pública es de $1.649 millones contra los casi $600 millones de 2022. Es una de las cajas sin control dentro del erario correntino.
La provincia de Corrientes tiene por delante como mínimo tres elecciones, más un posible balotaje nacional para definir quién será el próximo Presidente de la Nación desde el 10 de diciembre de este año.
El gobernador de la provincia, la semana pasada cuando inició formalmente la campaña electoral pidió a los partidos integrantes de Encuentro por Corrientes (ECO) liderados por el radicalismo: “Un triunfo aplastante” y es porque con una victoria de esas características, podrán negociar espacios en Juntos por el Cambio a nivel nacional.
Incluso, podría conseguir un ministerio ante una posible presidencia de la ahora alianza opositora.
Para todo ese engranaje se necesita aceitar el relato publicitario y propagandístico. Por eso, para este año el Poder Ejecutivo destinó casi $1.700 millones a la pauta oficial que es distribuida por la Dirección de Información Pública.
En el año 2022 le asignaron a ese organismo dependiente del ministerio Secretaría General de la Gobernación un poco más de $600 millones. En el año electoral 2023 ese monto aumentó a $1.649 millones, una suba de casi el 200% con destino a pauta publicitaria estatal. Puntualmente un incremento de 174,83%.
Encuestador y gurú electoral
La semana pasada este medio informó sobre la contratación de un encuestador cuya consultora tiene sede en la ciudad de Resistencia (Chaco) y si bien siempre trabaja para el gobierno correntino, en esta contratación para los doce meses de 2023 no se sabe qué trabajos hará. Y, sobre todo, cuánto le pagará el Ejecutivo correntino con el erario provincial y si ese pago es para hacer sondeos electorales partidarios. Sobre esto tampoco hay control, como ocurre con el reparto de pauta oficial.
