En diferentes áreas de la administración pública personal precarizado es despedido y esos lugares son ocupados por “agencias” privadas. Ocurre en la Dirección de Catastro dependiente del ministerio de Hacienda. Un grupo de 25 empleados encargados del cobro de tasas para dicha dirección, fueron relevados por personal dependiente de una empresa privada que ahora –lo hace de manera indirecta hace casi un año- se encargará de esa función.
Entre este último martes y miércoles la sede de Catastro -9 de julio casi Santa Fe- es custodiada por policía de la provincia que no permite el ingreso a los que forman parte de los cesanteados.
El procedimiento es sencillo para las autoridades ya que al no ser personal contratado o de planta, “no hace falta firmar papeles o más formalidades”, dijo un representante gremial de ATE.
“Se les dice que no acudan más a sus lugares de trabajo, pero estamos hablando de gente con muchos años de antigüedad”, remarcó el sindicalista.
Idéntica situación acontece en el Invico con otro grupo al menos de quince personas, donde todos son profesionales con diez años promedio de prestar servicios al instituto de vivienda de la provincia.
En las áreas contables de los hospitales “les hacen hacer el trabajo a contadores recién recibidos y luego viene un contador de planta, firma todo y es el que cobra más. Esa es la situación que se vive en la administración pública de Corrientes”, remarcó.
IPS o Ioscor, Instituto de Previsión Social y obra social de la provincia, respectivamente, poseen centenares de profesionales que prestan servicios desde hace años en forma precarizadas.
Una verdadera paradoja. El organismo encargado de la política y normas previsionales de la provincia, es el mismo que la incumple.
La precarización también es un sistema que permite la incorporación masiva al Estado de la militancia del partido gobernante. Algo que se produce de manera sistemática en tiempos electorales.
