La situación fue expuesta por la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, desde la cual aseguraron que las autoridades provinciales mantuvieron como estrategia “ganar tiempo” y dilatar el proceso para descartar la posibilidad del acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)
Mientras que la Cámara de Diputados de la Nación comenzó a debatir en un plenario de comisiones la legalización del aborto, una organización feminista denunció públicamente que, en la provincia de Jujuy, una nena de 12 años debió parir un embarazo de gemelos que fue producto de una violación, a pesar de que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) está prevista desde 1921 en el Código Penal para este tipo de casos.
El caso fue expuesto por la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Jujuy, que expresó su repudio y preocupación frente a la situación de salud que atraviesa la niña, quien “debió cursar un embarazo gemelar producto de una violación y a la cual se le realizó una microcesárea con previa maduración fetal”, según señalaron en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.
La nena, oriunda de la ciudad de Monterrico, en el departamento El Carmen, a 37 kilómetros de la capital jujeña, fue sometida a una operación el domingo pasado en el Hospital Materno Infantil “Héctor Quintana”, luego de “una maduración fetal de los fetos”, según indicaron a la agencia Télam desde la organización.
Además, de acuerdo a la información brindada por la agrupación, la niña se encuentra actualmente “bajo responsabilidad de la Defensoría de menores por la situación judicial de sus progenitores y no contar con una red social que la acompañe”. “Es el Estado quien viene vulnerando a la niña porque está absolutamente sola, debido a que no existe un adulto responsable en el caso, es una situación extrema”, destacaron.
Desde la Red denuncian que a pesar de haber solicitado la ILE desde un primer momento, hubo una tardanza deliberada para que no hubiera otra alternativa que llegar hasta un parto. “Prepararon a la niña a una maternidad forzada, no solo por la cesárea sino porque fue la cesárea previa a la maduración fetal”, indicaron y remarcaron que había profesionales que podrían haber garantizado que la niña accediera a la práctica.
La organización aseguró además que desde la Dirección Nacional de Salud Sexual se contactaron con las autoridades provinciales y ofrecieron alternativas, pero que, aún así, las autoridades jujeñas, “eligieron seguir con la dilación”.
“El Ministerio de Salud provincial repitió una vez más las mismas estrategias de dilación, obstaculización y vulneración en el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) como lo fue con la situación de público conocimiento de la niña de San Pedro en enero de 2019, a quien se le realizó la misma práctica”, denunciaron en referencia al caso de una niña que tenía también 12 años cuando quedó embarazada tras haber sido violada por un vecino de 60 años. En esa oportunidad, tanto su madre como la propia niña solicitaron la ILE, que le fue denegada debido a lo avanzado del proceso de gestación.
Desde la Red de Profesionales recordaron que tanto en ese caso como en el actual, las autoridades mantuvieron como estrategia “ganar tiempo”, con el objetivo de “obtener la viabilidad fetal, a pesar de que la provincia tiene un protocolo específico realizado conjuntamente con Unicef en el que se establece el derecho a la ILE para los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años”.
“A pesar de que desde la Dirección Nacional de Salud Sexual realizaron el ofrecimiento para resolver de forma inmediata la situación, preservando la salud física y emocional de la niña, las autoridades a cargo de la cartera de Salud local, desestimaron la propuesta y decidieron no garantizarle a esta niña su derecho a la ILE”, enfatizaron y remarcaron la necesidad de organización de los colectivos profesionales “para revertir esta tendencia nefasta en la que se procura que las niñas sean madres en Jujuy”.
También, por otra parte, expresaron su rechazo a la “filtración de información” en estos casos, ya que hacerlo “además de violentar a la niña por obligarla a maternar, viola el secreto profesional, el derecho a la confidencialidad”, entre otros.
