El ministro de Economía Santiago Pérez Pons no arrancó bien en las conversaciones con los gremios del sector público que le tomaron la palabra, a él y al gobernador Jorge Capitanich sobre la consigna “los salarios van a ganarle a la inflación”.
A partir de ello presentaron al sector docente, el gremio más aguerrido en la defensa de sus intereses, una propuesta de pago del orden del 40% (en cuatro pagos acumulativos que no llegan aritméticamente a la oferta oficial) pero cuyo vencimiento opera recién en enero de 2023. Obviamente la respuesta sindical unificada fue la del rechazo, siendo que en los últimos dos años el sector se vio “favorecido” por aplicación de la cláusula gatillo que hizo emparejar el crecimiento porcentual de los haberes del sector docente con la fuerte inflación que registró el segundo año de mandato de Alberto Fernández.
Ese compromiso que baja de la Nación sobre la recomposición del salario de los trabajadores en la Argentina tropieza sin dudas con los compromisos que hizo el ministro Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional que incluye una reducción del déficit y caída importante de las asistencias monetarias del Banco Central al mismo gobierno.
Aplicar ese ajuste a esta discusión salarial tendrá drásticas consecuencias, no solamente en la convivencia del Ejecutivo nacional, pero en este caso provincial, con sectores que permitieron el triunfo electoral de noviembre pasado, pero que dos meses antes, en las PASO le dieron un claro llamado de atención al sentirse el pato de la boda en el ajuste que el ministro Guzmán se empeñó en negar ante la vicepresidenta Cristina Fernández.
El silencio que guardó la vicepresidente, que se hizo cargo del Ejecutivo nacional con la gira del presidente por Rusia y
China, ya parece de estruendo, incluso ahora el Fondo Monetario el que está pidiendo definiciones al gobierno argentino y éste a su vez al Congreso Nacional y particularmente al Frente de Todos.
El oxígeno que recibió Capitanich en las elecciones, incluso el fuerte espaldarazo que constituye el resultado de las elecciones de Fuerte Esperanza, se puede diluir rápidamente y, serán cuestiones financieras, pero hay una oferta inicial del cronograma salarial que el año pasado (electoral) fue del 26% y ahora apenas el 10%.
Pero si la cuestión es la escasez, ¿cómo se contrapone este dato con el crecimiento que viene publicitando el gobierno nacional y el de la provincia?
Esa intención de poner dinero en el bolsillo de la gente que desembozadamente se transformó en el ley motiv de la campaña electoral después de las PASO el año pasado, ahora parece transformarse en “poner dinero acotadamente”. ¿Será que esa inyección de recursos tiene impacto en la inflación?
La respuesta no puede ser afirmativa en el campamento oficialista, porque dejaría de lado la explicación de la multicausalidad. De todas maneras, el enero, y esto se sabrá en un par de días, tendrá una inflación del orden del 4 por ciento. Dejaría la oferta del 10% que el gobierno seguramente intentará aplicar con haberes de marzo que se perciben en abril, por debajo de la inflación si se toma en cuenta que la segunda cuota de 8 por ciento ofrecida a los docentes, que luego se replican a todo el sector público, será recién en julio, con haberes que se perciben en septiembre.
A menos que el plan de Guzmán -que se conocerá cuando el Congreso discuta el acuerdo o cuando ese acuerdo se firme con el Fondo Monetario- logre un éxito rotundo y en febrero empiece a dar señales positivas. Por lo menos, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, un cruzado en la lucha contra los aumentos de precios, no tiene tanta fe. Augura una caída de los porcentajes, pero recién a partir de marzo.
El 10 por ciento que ofrece el gobierno provincial a los gremios estatales luce entonces, escaso.
Pero en modo ajuste también debe entenderse la decisión del gobierno nacional de transferirle el servicio de transporte público a la ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta salió a oponerse, hasta ahora ese es un problema de los gobiernos nacionales, a diferencia de lo que ocurre en el resto de las provincias.
El gobierno porteño del PRO que defiende el incremento de tarifas, como causal de los permanentes cortes de energía en su pequeña geografía, no quiere hacerse cargo del transporte. Y eso que los usuarios de ese servicio en la Capital Federal en su mayoría son vecinos del conurbano.
Rodríguez Larreta sabe que lo que se viene es una reducción de los subsidios y lo argentinos especialmente los sectores más vulnerables, que son una gran mayoría en el país, ya probaron la fórmula del PRO para ejecutar esos “ahorros públicos”. Macri repudiaba los subsidios y para eliminarlos aplicó subas del 3000 por ciento.
Rodríguez Larreta haría lo mismo, si pudiera, salvo que ahora esa ortodoxia se cruza con sus aspiraciones presidenciales. El candidato del PRO pierde el pelo, pero no las mañas. Su prédica no recogió adhesiones ni entre adversarios, el más duro fue el gobernador Capitanich, ni entre sus socios del radicalismo. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, es el más crítico. El mandatario radical tiene las mismas aspiraciones que el delfín de Macri.
