En tiempos en que el gobierno nacional afronta la dura realidad de que los sectores más desprotegidos se ven amenazados diariamente por los efectos de la inflación que sigue siendo alta en el país, el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, fue a Chile a contramano de la realidad que alumbra en el país trasandino a abdicar de su responsabilidad como miembro de la cabeza de uno de los poderes del Estado de atender a los sectores oprimidos.
Sobre Rosenkrantz, algunos se empeñan en recordarlo como uno de los jueces que fue impuesto por decreto por el presidente Mauricio Macri, pero la verdad es que el ex presidente retornó sobre sus pasos y una mayoría del Partido Justicialista terminó dándole el acuerdo en el Senado de la Nación.
Nada hay que impugnar en la designación que finalmente hizo que ocupe el cargo que hoy tiene. Aunque eso no quiera decir que su presencia jerarquiza a la Corte Suprema. Por el contrario, y no tiene que ver en ello su pensamiento, más que liberal, neoconservador, como prefería llamarlos Raúl Alfonsín.
La presencia del Rosenkrantz en verdad es uno de los síntomas de la decadencia de un poder que debía ser la última ratio en la defensa de los derechos de los argentinos y que pretende erigirse en un factor de poder político, parcial, para sostener lo que la oposición en el país y el poder concentrado que maneja los principales medios de comunicación, no puede hacer por su propia cuenta.
Eva Perón acuñó en nuestro país la frase “donde existe una necesidad hay un derecho”. La implicancia de ello y la necesidad investir al actual gobierno de “populista” con cariz peyorativo llevó al vicepresidente de la Corte, como cualquier economista PRO y como los miembros de la oposición, a abdicar de sus obligaciones en un foro chileno. A destiempo, Chile hoy no es el de Sebastián Piñera.
Aquí en nuestro país se desmarcaron todos. El favor más grande que le hizo el poder y los medios que manejan es no darle espacio a la expresión antidoctrinaria. De eso no se habla. Elena Highton, ya renunciada a la Corte, ha salido a decir lo contrario. A confirmar que la expresión es real.
Podrá ser un derecho insatisfecho, pero es un derecho al fin y no porque lo diga una ex juez que integró la Corte, sino porque lo dice la Constitución, porque lo dicen los pactos internacionales que firmó la Argentina.
Es una obligación nuestra como país y una de todos nosotros como nación. Hasta las ideas más objetables de Cambiemos, en el fondo persiguen el interés de que las necesidades de todos los argentinos sean satisfechas.
Las expresiones de Rosenkrantz en Chile revelan la importancia de encontrarle una salida el problema en que la Corte se ha convertido. Porque debajo de ella se ve arrastrado también el Poder Judicial.
Y detrás de ello, la cuestión es una responsabilidad de la política. Que es la que debe, en el Congreso, encontrar las respuestas a enderezar las instituciones. Es la tarea que la Constitución le encomendó en el marco de la república, que todos dicen defender.
Jorge Capitanich participó de una reunión con gobernadores en la que se declamó la necesidad de ampliar el número de jueces de la Corte para poder encontrar una salida al actual statu quo. El proyecto de los gobernadores parece exagerado, en cuanto al número de integrantes, pero atendible en cuanto al reclamo de federalismo. Aunque lo importante es el debate que se configura a partir de la propuesta.
El inocultable accionar político de un sector concentrado dentro del Poder Judicial como se ha visto hasta ahora, es un riesgo en la actualidad, pero mientras los sectores de la política que forman parte de la oposición lo asumen como un atajo para llegar al poder, el estado de cosas hace que se transforme en una alarma latente que podría volver a sonar, aun cuando sean otros los que estén en la Casa de Gobierno.
