El brutal femicidio de Marilin Robledo desnuda graves falencias en el seguimiento de un condenado que viola las circunstancias de su libertad condicionada. La muerte de su victimario, Héctor Daniel Gutiérrez, ahora, pone a prueba al Poder Judicial respecto de la profunda investigación que sobre sus propios cuadros demanda este suceso.
Una de las primeras informaciones que dejó estupefactos a quienes siguieron la noticia, fue la lista de denuncias que la víctima había efectuado en contra del femicida. Lo segundo, y quizás tan crucial como esa lista, una condena por violencia de género de junio de 2020.
Pocas dudas caben de que Gutiérrez tenía que estar detenido y de acuerdo a las condiciones especiales de la libertad de la que gozaba fue el propio Poder Judicial el que, con un debido cruzamiento de datos, el que tenía que ordenar el arresto, hace por lo menos un año.
De acuerdo a la información publicada, en junio de 2020, Gutiérrez aceptó una condena a dos años de prisión en suspenso por una causa por violencia iniciada por una pareja anterior en 2016. En esa oportunidad ya estuvo prófugo, lo que ya de por sí abre signos de interrogación sobre la factibilidad de un juicio abreviado.
A la vez, siendo que se trata de una condena en la que el imputado acepta su responsabilidad y negocia la pena, la misma queda firme en este mismo momento, a partir de ese momento esa sentencia se considera un antecedente. La veintena de denuncias acumuladas en su contra, adquieren ahora otro cariz.
Pero todo ello es mínimo en relación con la repetición de hechos que se produjeron con posterioridad de la condena. La condicionalidad debía transformarse entonces en cumplimiento efectivo.
Todo eso es responsabilidad de los diferentes organismos intervinientes del Poder Judicial, Fiscalías de Investigación, Juzgado de Ejecución penal. Hubo también versiones acerca de que el sujeto estaba profugado nuevamente. Difícil tratándose de una persona sin medios. Sin embargo, así y todo, en la causa en la que resultó condenado, también estuvo un año rebelde, sin que pudiera ser encontrado. Se infiere de los pocos datos oficiales que existen que, en realidad, cuando pactó la condena, se entregó voluntariamente.
Si este nivel de delincuentes puede escapar del brazo de la Justicia ya genera dudas lo que puedan hacer bandas o delincuentes más especializados.
Esta trama habla de los fracasos en la prevención del femicidio y a la vez abre las puertas para que los derechohabientes de la víctima reclamen una reparación oficial. Es interesante que la diputada Jessica Ayala haya advertido las responsabilidades de los poderes del Estado. La legisladora es presidente de la Comisión de Género del parlamento provincial.
Dependerá de la representación que la familia tenga para intervenir en la causa como querellante, pero hay espacios a primera vista, de una posible acción contra el Estado. Sobra jurisprudencia nacional y convencional, siendo esperable que la familia de Marilin no sea obligada a peregrinar.
El procurador Jorge Canteros, jefe de los fiscales de la provincia, no fue muy feliz para expresar su desconcierto con el desempeño del Ministerio Público. “Nos llama mucho la atención que con semejante cantidad de denuncias este hombre no esté detenido”, afirmó para aclarar después que “pedimos los informes a los tres equipos fiscales especializados en temática de violencia de género, y a la Oficina de Política Criminal”. Sobre los tiempos de la Justicia, Canteros adelantó que esperará hasta el lunes, porque posiblemente no haya tiempo en horas inhábiles para hacerse de esos informes, cuando esto era perfectamente posible.
La muerte de Gutiérrez podrá evitar el bochorno de que en un juicio se ventilen las circunstancias de porqué estaba en libertad, prácticamente sin condiciones, una persona que debería haber estado detenida. La Justicia deberá ahora demostrar que tiene intenciones de llevar esto hasta las últimas consecuencias y no archivar el caso con la “suicidio” del victimario.
