La magistrada federal remarcó que es necesario retirar a los funcionarios judiciales que mantienen vínculos con el narcotráfico e implementar una nueva política para combatir al crimen organizado.
En el marco de su visita como invitada al programa de Mirtha Legrand, este sábado la jueza federal Sandra Arroyo Salgado analizó la delicada situación que se vive en la ciudad de Rosario a causa de la presencia y ataques narcos que se perpetraron en los últimos años. “Nuestro país ya es casi un narcoestado”, consideró la magistrada, al apuntar que el funcionamiento y control que poseen los jefes narcos en el país fue resultado de los vínculos de corrupción que supieron trazar con los funcionarios públicos.
El panorama “es muy preocupante”, aseguró Arroyo Salgado al señalar que la única manera de frenar a las redes del crimen organizado dependería de una política de estado que provenga desde la cúpula del poder estatal. En este sentido, la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro denunció que la actividad narco no solamente está en desarrollo en la ciudad santafesina, sino que las rutas también están vigentes en varias partes del país.
“Tenemos que sincerarnos, hablar de lo que hay que hablar, nuestro país ya es casi un narcoestado”, sentenció durante su participación en “La Noche de Mirtha” (El Trece), al referirse a los nexos trazados entre las instituciones y funcionarios estatales con los líderes de las bandas narco que operan en el territorio nacional. Incluso, puso como ejemplo que en el municipio de San Isidro también había causas abiertas por escenas de sicariatos, ajustes de cuenta y peleas de territorio, aunque la información no tenía la misma trascendencia que los casos rosarinos.
Al mismo tiempo, Arroyo Salgado destapó: “La preocupación es que estamos conviviendo con el narcotráfico adentro”, para después hacer mención a las destituciones de funcionarios judiciales por haberse comprobado sus vínculos con el narcotráfico. En la lista que enumeró la magistrada, se destacaron los prontuarios del ex juez federal salteño Raúl Reynoso, condenado en 2019 por pedir sobornos a detenidos; el ex juez federal correntino Carlos Soto Dávila, condenado en 2023 por cobrar coimas a narcotraficantes; y al ex fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, destituido el año pasado por encubrir a una banda de policías y abogados que extorsionaban a los narcos de la jurisdicción.
Con información de La Brújula24
