ATE delegación Corrientes formalizó el pedido por trabajadores con 27 años de antigüedad. La situación se repite en otras áreas del Estado. Cumplían horarios como si fuesen empleados de planta, viajaban al interior sin cobertura de riesgo de vida, sin percibir viáticos, dormían en obradores sobre bolsas de cementos, se pagan la comida durante esos viajes; así durante casi 30 años.
Siempre con la esperanza y promesas de que serían regularizados como empleados de planta o al menos contratados por el Instituto de Vivienda de la provincia (Invico).
Quince profesionales que se desempeñan para el ente autárquico en el programa habitacionalEsfuerzo Propio y Ayuda Mutua (EPAM), pasaron durante casi tres décadas todas esas calamidades.
Desde inicios de octubre pasados informalmente, como siempre fue su relación con el ente autárquico, estaba terminando.
Las autoridades les informaron que ese mes “no presenten sus monotributo, por lo cual dejaron de percibir sus salarios”, explicaron los delegados sindicales.
La situación se da en todas las áreas de la administración pública correntina y no es otra cosa que la precarización laboral, dentro del mismo Estado.
El pasado martes sendas notas denunciando todas estas irregularidades, fueron presentadas al gobernador Gustavo Valdés; al ministro Secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo y al ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich.
Lo más dramático es que estos trabajadores y sus familias se quedan sin el sustento diario en plena pandemia.
Los gerentes e interventor del INVICO jamás atendieron las audiencias pedidas por los delegados sindicales, ahora, hay miedo en el resto de los trabajadores precarizados de que los despidos continúen hacia fin de año.
