El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien tenía una casi segura destitución en camino, decretó este miércoles la disolución de la Asamblea Nacional y pidió a las autoridades electorales el llamado a comicios generales, una decisión que los ecuatorianos llaman "muerte cruzada" y le permitirá gobernar seis meses por decreto. La medida de Lasso, a quien el Parlamento estaba enjuiciando por presunta corrupción, fue denunciada por la oposición ante la Corte Constitucional. El gobierno, en cambio, apuntó a mostrarse fuerte dictando el primer decreto con esta medida vigente, una reforma tributaria.
La llamada Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar contempla un aumento de los gastos deducibles anuales, que podrá ser de hasta 15.294 dólares dependiendo del número de cargas familiares. Según el ministerio de Economía y Finanzas, en Ecuador existen 341 mil contribuyentes que pagan impuesto a la renta, y con la reforma tributaria se beneficiará directamente al 99,8 por ciento, es decir, a 340.318 contribuyentes, que tendrán, cada uno, un ahorro promedio de 558 dólares en el pago del impuesto.
En declaraciones a la prensa, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, explicó que el decreto tiene una "sensibilidad especial por las familias que tienen varias cargas familiares o enfermedades raras y catastróficas". El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, mencionó que el segundo decreto a emitir sería una reforma laboral, mientras que en el sector energético también se estarían analizando posibles concesiones de acuerdo al diario digital El Telégrafo.
Una medida amparada por la Constitución
Lasso recurrió a la "muerte cruzada" en medio del juicio político iniciado por la oposición, al acusarlo del delito de peculado por unas supuestas condiciones perjudiciales para el Estado en unos contratos de transporte marítimo de petróleo. El mandatario optó por esta figura contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 ante la incertidumbre de no reunir los votos suficientes para salvar la moción de censura en el hemiciclo.
"Es una decisión democrática no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir", expresó Lasso, a quien la Constitución le permite postularse en los nuevos comicios. En su discurso emitido por cadena nacional, Lasso acusó al Parlamento de querer "desestabilizar al gobierno, la democracia y el Estado", en el contexto de un país sumido en una crisis de inseguridad a manos del crimen organizado.
La Carta Magna fija tres causales para que el Ejecutivo declare la "muerte cruzada", incluidas grave crisis política y conmoción interna, el motivo invocado por Lasso, quien atribuyó este estado a la crisis política generada por el juicio político en su contra. Las otras causales son que el Parlamento se arrogue funciones que no le competan constitucionalmente, o si, de forma reiterada e injustificada, el Legislativo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
Hasta el avance del proceso electoral y la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá expedir decretos-leyes de necesidad y urgencia económica, que deberán tener el dictamen favorable de la Corte Constitucional y podrán ser aprobados o derogados por la nueva legislatura que se posesione hasta el término del periodo. Incorporada en el texto de la Constitución en un proceso iniciado por el expresidente Rafael Correa, la "muerte cruzada" fue incluida teniendo en cuenta la historia turbulenta de Ecuador que terminó con tres mandatos presidenciales en nueve años: los de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.
La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días luego de la publicación del decreto de disolución, se convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años, que empezó en mayo de 2021. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, confirmó que el proceso de votación debe realizarse dentro de los próximos 90 días y sostuvo que en las próximas horas organizarán un calendario electoral, coordinado con el Tribunal Contencioso Electoral, que debe ser aprobado por el pleno del CNE.
La sede del Congreso amaneció el miércoles bajo resguardo militar y policial, mientras que el palacio de gobierno en el centro histórico de Quito estaba custodiado por un puñado de uniformados. Las fuerzas militares y policiales de Ecuador manifestaron su respaldo al presidente, cuya decisión "está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada completamente por todos los ciudadanos", según una declaración del general Nelson Proaño, jefe de las Fuerzas Armadas.
