Fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión por tráfico de influencias y asociación para delinquir, entre otros delitos.
El exjefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou fue condenado este miércoles a cuatro años y medio de prisión en una causa de corrupción que provocó un fuerte revuelo político en Uruguay. Lo informó la fiscalía.
Alejandro Astesiano, que se desempeñó en el cargo desde la asunción de Lacalle Pou en 2020 hasta su arresto en septiembre, fue condenado por asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado.
El exfuncionario llegó a un acuerdo con la fiscal de Flagrancia de 12º turno, Gabriela Fossati, para que la sentencia abarque todos los delitos de los que está acusado. Fossati destacó la “colaboración” de Astesiano con las investigaciones.
De qué se acusaba al exjefe de seguridad de Luis Lacalle PouÇ
El juez penal Alejandro Asteggiante ratificó ese acuerdo y condenó al exjefe de seguridad del mandatario a una pena de 4 años y medio de prisión, inhabilitación especial por cuatro años y una multa cercana a los 4.000 dólares.
Estaba acusado de participar en una organización que falsificaba documentos para permitir la entrega de pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos. La fiscalía se abstuvo de mencionar la presunta red de corrupción desmantelada o los pasaportes falsos involucrados.
Tras la revelación por la prensa de grabaciones extraídas de su teléfono celular, Astesiano fue investigado por otros delitos de tráfico de influencias.
El caso afectó la imagen del presidente Luis Lacalle Pou
La causa afectó la imagen presidencial, de acuerdo a sondeos, en especial por la cercanía de larga data de Astesiano con el Partido Nacional, la principal formación de la coalición de gobierno y su cargo como jefe de seguridad de Lacalle Pou.
El jefe de Estado uruguayo se deslindó de la actuación de Astesiano y dijo sentirse “traicionado” por su exjefe de seguridad.
El abogado de Astesiano, Marcos Prieto, consideró positivo que la fiscalía haya actuado de manera tal que “no prime la investigación mediática”.dg/ltl