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Internacionales

Trump choca con la Justicia por la deportación exprés de inmigrantes a la cárcel de Bukele

Donald Trump está en guerra contra la inmigración ilegal en EE.UU. Lo está de forma figurada y, desde este fin de semana, también de forma literal. El presidente de EE.UU. invocó una ley de finales del siglo XVIII para ejecutar deportaciones de inmigrantes indocumentados a los que acusa de pertenecer a organizaciones criminales peligrosas sin tener que pasar por los engorrosos trámites legales de la Justicia.Esa ley fue aprobada en 1798 y sólo ha sido utilizada en tres ocasiones, en medio de conflictos bélicos. La última vez, en la Segunda Guerra Mundial. Su invocación ahora y su primera utilización –la deportación exprés de cerca de trescientos inmigrantes considerados peligrosos a El Salvador– ha abierto otra guerra de Trump con la Justicia.La Casa Blanca confirmó este domingo por la mañana la primera utilización de la llamada Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la Administración Trump. «Este fin de semana, bajo órdenes del presidente, el Departamento de Seguridad Nacional arrestó a casi trescientos terroristas de Tren de Aragua, lo que salva incontables vidas de estadounidenses», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt , en referencia a la banda criminal de origen venezolano implantada en EE.UU. en los últimos años y se ha convertido en una de las banderas de Trump en su lucha contra la inmigración. «Gracias al gran trabajo del Departamento de Estado, estos monstruos malvados han sido extraídos y enviados a El Salvador donde ya no podrán suponer ninguna amenaza al pueblo de EE.UU», apostilló.Noticia Relacionada estandar No EE.UU. sopesa prohibir la entrada de viajeros procedentes de 43 países Los viajeros por negocios podrían ser autorizados a entrar pero no quienes viajan con visas de inmigrante o turistaPara cuando llegó este anuncio, la Administración Trump ya se había peleado en tribunales con la Justicia por la aplicación de esta ley. La invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros era algo que los activistas de derechos humanos y a favor de inmigrantes preveían en los últimos días que estaba al caer. Cuando los abogados de algunos de los expulsados tuvieron conocimiento de la invocación y de la deportación exprés, interpusieron acciones en la Justicia y un juez federal, James Boasberg, ordenó de urgencia el sábado por la noche en una vista de urgencia que se congelara la expulsión.La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés) defendió ante el juez que la redacción de la ley no permitía el uso que le daba la Administración Trump para esta deportación. El juez vio indicios de ello y exigió que la deportación se parara de inmediato «cualquiera sea la forma para conseguirlo, sea dando la vuelta a los aviones o no», dijo en referencia a los vuelos con inmigrantes en dirección a El Salvador que se estaban produciendo esa noche.Policías salvadoreños escoltan a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragu Reuters«Demasiado tarde»«Esto es algo que deben asegurar su cumplimiento de forma inmediata», dijo al abogado que representaba al Gobierno de EE.UU. «Ups… Demasiado tarde», celebró con tono jocoso Nayim Bukele , el presidente de El Salvador, un mandatario que ha impuesto una política de mano dura frente a la delincuencia y las bandas criminales en su país. Lo hizo en un mensaje en la red social X, como respuesta a la noticia del bloqueo del juez de la deportación.Unas horas después, en la madrugada del domingo, Bukele publicó un vídeo, con profusión de cámaras y de edición, utilizando drones y primeros planos de los deportados, en el que se mostraba la llegada de los inmigrantes a El Salvador. Una de las constantes en su Gobierno ha sido utilizar la imagen de trato duro a los criminales en el célebre Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un complejo penitenciario que acoge a decenas de miles de criminales peligrosos. El vídeo mostraba a los deportados amarrados con grilletes, empujados con la cabeza agachada, rapándoles el pelo, introducidos en una celda colectiva.Noticia Relacionada estandar No Una ley de 1798 contra la «invasión» de indocumentados Javier Ansorena Para poder invocar la ley en un momento de paz, Trump justifica ahora que hay una invasión de inmigrantes peligrosos238 miembros del Tren de AraguaBukele detalló que a esta cárcel de seguridad habían llegado «los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua» y que estarán allí por un periodo de un año «renovable». Además, han llegado desde EE.UU. 23 miembros de la banda criminal MS-13, requeridos por El Salvador, «incluidos dos de sus líderes».«EE.UU. pagará una tasa muy baja por ellos, pero muy alta para nosotros», dijo Bukele. El pago será de seis millones de dólares por parte de EE.UU. para ese primer periodo. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, visitó El Salvador el pasado febrero, en su primera gira internacional como jefe de la diplomacia de la primera potencia mundial y se entrevistó con Bukele para negociar, entre otros asuntos, este tipo de operaciones. «Gracias por su ayuda y por su amistad», respondió Rubio al vídeo compartido por Bukele.Lo que no está claro es si la orden del juez llegó demasiado tarde, como sostuvo Bukele, o si la Administración Trump la desoyó, como ha hecho con otras acciones judiciales. Por los tiempos de la orden y la llegada de los vuelos a El Salvador, es posible que sí lo hiciera. Pero, al mismo tiempo, el juez solo se refirió al regreso de los aviones de forma verbal, no dentro de la orden escrita que firmó después. La ACLU, que defiende entre otros a un inmigrante venezolano que es un artista tatuador y que asegura que fue incluido entre los deportados solo porque llevaba tatuajes, ha exigido a la Administración Trump que explique si ha ignorado o no la orden judicial.La Administración Trump ha recurrido la decisión del juez y ha abierto un enfrentamiento directo con él, desde las instancias más altas. La fiscal general, Pam Bondi, atacó al magistrado, al que acusó de estar «más con los terroristas que con la seguridad de los estadounidenses» y aseguró que su orden ignora los poderes presidenciales y «pone en riesgo a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad».Otro choque con la JusticiaLa decisión judicial es el último choque entre la Administración Trump y la Justicia, uno de los pocos frenos que tiene el presidente de EE.UU., en medio de una actividad ejecutiva frenética y sin precedentes y con un Congreso con mayorías de sus aliados republicanos en ambas cámaras.Un diputado republicano, Brandon Gill, de Texas, anunció ayer que abrirá un proceso de \'impeachment\' (juicio legislativo para su expulsión) contra el juez Boasberg. «Necesario», reaccionó la mano derecha de Trump, Elon Musk, sobre ese \'impeachment\'.

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