Los fiscales Juan Argibay Molina (Procelac); Matías Scilabra (Procunar); y Federico Reynares Solari, acusaron entre el jueves y este viernes al titular del Juzgado Federal Nº4 de Rosario, Marcelo Martin Bailaque, en tres causas por presuntas irregularidades. “En una de las investigaciones, dos contadores fueron imputados por lavado de activos”, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) a través de la página Fiscales.
La audiencia estuvo presidida por el juez de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz, y por la importancia del caso estuvieron presentes los fiscales titulares a nivel nacional de la Procunar, Diego Iglesias; de la Procelac, Diego Velasco; y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
Contadores
En la primera de las causas, se formalizó la imputación por lavado de activos a los contadores públicos Eduardo S. y Gabriel M. por su participación como profesionales “a sabiendas de la actividad ilícita y la circulación de activos”.
Puntualmente, les achacaron haber firmado balances y permitir sobrefacturación de las empresas Toia, Edra, Logística Santino, y Sagrado Corazón de María, vinculadas a Esteban Alvarado, condenado por lavado de activos y narcotráfico, y por homicidio y asociación ilícita en el ámbito provincial.
En ese legajo se cuestiona el rol jurisdiccional del juez. Le atribuyeron no haberse excusado de intervenir en la investigación de una causa por narcotráfico contra Alvarado que tramitaba desde 2013.
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Es que el magistrado tenía como asesor contable personal a M., que a su vez prestaba asesoría al entramado de empresas vinculadas a Alvarado y a su ex mujer, Rosa Capuano, con quien el contador mantuvo contactos hasta septiembre de 2014.
En el marco de la investigación, los fiscales solicitaron una serie de medidas: que se autorice al MPF a requerir el listado de llamadas entrantes y salientes en el período 2014 a 2018 respecto del abonado Marcelo Bailaque; que se proceda al levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil y del previsto en el artículo 22 de la Ley 25.246; que se autorice a requerir al Consejo de la Magistratura información relativa a la presentación de las declaraciones juradas del juez; y solicitar al mismo organismo copias del expediente donde es objeto de una investigación administrativa.
Mil millones a un amigo
Luego, el fiscal Reynares Solari expuso un caso de posible comisión de los delitos de prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Se trata de una causa en la se intervinieron fondos por 1.000 millones de pesos de las Cooperativas de Trabajos Portuarios Limitada de Puerto General San Martin y San Lorenzo, en favor de una financiera cuyo titular sería, según la fiscalía, Fernando W., amigo personal del juez.
El juzgado original que tuvo ese expediente de las cooperativas ordenó, en junio de 2019, el bloqueo de las cuentas bancarias, cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo y demás productos bancarios de la entidad. Sin embargo, se declaró la competencia territorial de la justicia federal de Rosario, “momento en el que intervino el juez Bailaque”, indicó Reynares Solari en su presentación.
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Según el fiscal, el juez federal rosarino ahora investigado resultaría “recusado por un grupo de asociados de la cooperativa que alegaron los intereses del magistrado en el caso en función de su estrecha amistad con el empresario financista Fernando W., quien fue favorecido a partir del desbloqueo judicial de fondos que implementó Bailaque en el ejercicio de sus facultades como juez federal”.
La Fiscalía remarcó que el juez, “en ejercicio de sus funciones, autorizó la liberación de fondos que se encontraban judicialmente inmovilizados, los cuales fueron girados a una entidad financiera perteneciente a su amigo Fernando W., situación que desconoció en un principio y que, luego de la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, reconoció como cierta”.
Abuso de autoridad
Luego, el fiscal Argibay Molina expuso su caso. Allí, además del juez Bailaque hay ocho personas bajo investigación. En ese legajo, se investiga la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios público y prevaricato.
Se trata de un caso que comenzó a investigarse en octubre de este año a partir de una solicitud de sobreseimiento de Claudio I. y Jorge O, empresario y agentes de bolsa respectivamente, investigadas por el Juzgado Federal N°4, a cargo de Bailaque.
Las dos personas habían sido denunciadas por lavado de activos y evasión impositiva a partir de una denuncia anónima que ingresó a la ex Administración Federal de Ingresos Público (Afip, hoy Arca), a las 12.55 del 14 de agosto de 2019, pero que llamativamente, según indicó Argibay Molina, había sido radicada antes en el juzgado, a las 12.35.
En esa trama, el fiscal destacó “la intensidad de las medidas” ordenadas por el juez en el inicio de la investigación, que incluyeron allanamientos contra las dos personas denunciadas, pero sin dar intervención a la fiscalía. En ese sentido, remarcó que al mismo tiempo se pudo verificar, a partir de una extracción forense, “una curiosa relación” entre Carlos V., exdirector de Afip en Santa Fe, y el juez.
Al graficar ese vínculo, Argibay Molina citó textualmente varias conversaciones entre Carlos V. y otras personas donde daba cuenta de la cercanía con el magistrado. Incluso, una que mantuvo con el juez el mismo día de los allanamientos a los denunciados.
El titular de la Procelac Rosario recordó que la investigación prosiguió en 2020 y 2021, hasta que las dos personas fueron convocadas a indagatoria, aunque finalmente se solicitó el sobreseimiento en 2024.
Cuando se notificó al Ministerio Público Fiscal, este reasumió la investigación y advirtió las aparentes irregularidades, como los períodos donde la causa estuvo paralizada a niveles escandalosos, lo que “revela una grosera negligencia”, alertó Argibay Molina.
