Siete personas fueron detenidas este miércoles en la localidad de Casilda en igual cantidad de allanamientos solicitados por el fiscal de ese distrito, Juan Pablo Baños, en una causa que investiga presuntas estafas mediante un esquema de inversiones de alta rentabilidad.
Los procedimientos fueron realizados por la Policía de Investigaciones del Departamento Caseros en Vicente López al 3000, Beltrán al 3500, Mitre al 1500, Washington al 1300, Irigoyen al 700, Cerrito al 2200 y Sabín al 2100 de Casilda.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) detalló que como resultado de las requisas domiciliarias secuestraron 14 teléfonos celulares, 3 notebooks, 2 discos externos, U$D 301 dólares, $294.460 pesos argentinos y $150 pesos uruguayos, entre otros elementos.
En los procedimientos fueron detenidos seis hombres y una mujer, entre ellos Yamil Santis, quien aparecía como la cara visible de la firma Peak Team Capital, que captaba dinero de ahorristas a cambio de intereses altos, por encima de los que paga el mercado.
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El caso, que se investiga por presunta estafa en un esquema similar al denominado piramidal, o Ponzi, se conoció en septiembre pasado.
Entonces se hizo público que Peak Team Capital no estaba registrada como sociedad de bolsa en la Comisión Nacional de Valores.
La difusión pública de las sospechas terminó por complicar las posibilidades de “éxito” del negocio, que funciona con el ingreso constante de un flujo de dinero de nuevos inversores, para pagar los altos intereses que se les ofrecen a los primeros.
Voceros de la investigación precisaron que se realizaron unas 36 denuncias de inversores que pusieron sus ahorros en Peak Team Capital, a la espera de altos intereses, por encima de los que dan las inversiones tradicionales. En algunos casos, la firma prometía 5% de interés semanal en dólares.
El concejal de Casilda, Mauricio Maroevich, que fue uno de los denunciantes, contó en su momento que en el grupo donde circulaba la información estaba integrado por unas mil personas, que consideró damnificados.
Sin embargo, las denuncias radicadas en la Fiscalía de Casilda apenas llegaban a cuatro decenas. A la vez, a mediados de octubre pasado, la Justicia Federal de Rosario inició también una investigación de oficio sobre el caso.
