El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno, acusó este martes a quien fue la pareja del jefe de la barrabrava de Rosario Central hasta su asesinato el 9 de noviembre último, Andrés Bracamonte, por dos hechos de presunto lavado de activos. En un hecho poco frecuente, también ordenó durante la audiencia el secuestro del teléfono de un hijo del barra, Andrés Guillermo Bracamonte, quien asistió al Centro de Justicia Penal en calidad de “público”. Según dijeron fuentes judiciales, el joven también es investigado por el mismo delito.
“Pillín” había sido imputado en 2020 por lavado de activos -a través de sociedades, chapas de taxis y propiedades- y poco tiempo antes de morir fue acusado nuevamente por el fiscal Moreno, esta vez en una investigación que también involucraba a la delegación local de la Uocra.
Este miércoles, Moreno le atribuyó a Agustina D., “haber tomado parte en la administración del inmueble de calle los Carpinteros de Los Álamos Club de Campo, a sabiendas de que el real titular del bien era Andrés Bracamonte y no Eduardo Luis L”.
“Su participación consistió en haber transmitido a L. las órdenes que Bracamonte impartía sobre la administración del bien”, dijo Moreno, como la realización de refacciones, tareas de mantenimiento, adquisición de mobiliario, pago de impuestos, tasas, servicios, etcétera.
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A su vez, el señalado como testaferro de “Pillín” reportaba los distintos avances en la remodelación de la finca y pagos a otra persona que luego se los transmitía a Bracamonbte. Para el fiscal, de esa manera la mujer “se interponía entre el real titular del bien y el testaferro”, y así “aseguraba la opacidad respecto del origen del dinero con que fue adquirido el inmueble”.
El segundo hecho que Moreno le atribuyó a la viuda del histórico jefe de la barra canalla, fue su participación como supuesta socia de la ATE Servicios Integrales SRL, el nombre de fantasía que adoptó otra sociedad antes atribuida a Bracamonte, que se llamaba Vanefra SRL.
Moreno sostuvo que de acuerdo a la evidencia que colectó, Agustina permitió desde noviembre de 2023, cuando ingresó como socia a ATE Servicios Integrales, la administración por parte de Bracamonte de una flota de vehículos.
Según el detalle que se ventiló en la audiencia, se trata de un BMW M2 modelo 2018 “con valor de mercado actual aproximado de entre U$D 80.000/100.000”; una moto de agua marca SEA DOO modelo GTR 230; dos camionetas Volkswagen Amarok 2.0; un Renault Rodeo; una camioneta Hyundai H100 Diesel 2.5 y un utilitario Renault Kangoo Express.
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De acuerdo a la acusación a la mujer formulada este miércoles, con su participación societaria posibilitó que “se mantuviera la opacidad sobre el verdadero origen del dinero con que fueron adquiridos” esos bienes, lo que habría impedido a las autoridades “la determinación de la trazabilidad de dicho dinero, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito”.
La jueza que presidió la audiencia, Paula Carrara, tuvo por formalizada la imputación y estableció una serie de reglas de conducta que deberá cumplir Agustina D., como alternativa a la prisión preventiva, mientras se sustancie el proceso.
