El militar boliviano retirado de 57 años que piloteaba la avioneta que el miércoles aterrizó cerca de Andino con 475 kilos de cocaína fue imputado por contrabando de importación de material estupefaciente y le dictaron prisión preventiva por 90 días.
Según informó este sábado el Ministerio Público Fiscal (MPF), el coronel retirado de la Fuerza Aérea del Estado Plurinacional de Bolivia, Oscar Armando Caba Hurtado, fue trasladado este viernes a los Tribunales Federales de Rosario donde se formalizó la investigación preparatoria, en una audiencia en la que intervino el juez de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz.
El militar fue imputado por el delito de contrabando de estupefacientes “destinado a su comercialización, agravado por la utilización de medios de transporte aéreo, rutas aéreas no autorizadas y lugares clandestinos de aterrizaje”, según la acusación formulada por el titular de la Sede Fiscal Descentralizada San Lorenzo, Claudio Kishimoto, y el fiscal coadyuvante Francisco Bernhardt.
También dirige la investigación el titular de la delegación regional NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Matías Scilabra.
Al comunica la imputación y narrar la secuencia del ingreso ilegal no autorizado de la avioneta al territorio argentino con la carga citada, el fiscal Scilabra advirtió en la audiencia que se trató de “una maniobra de tráfico de estupefacientes trasnacional con la probable participación de otras personas de nacionalidad boliviana y argentinas aún no identificadas”.
Además, indicó que la aeronave tenía la matrícula adulterada.
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El funcionario también detalló las circunstancias “anormales” en las que fue individualizado Caba Hurtado el jueves por la mañana, cuando se ocultaba en la barranca del río Carcarañá y fue identificado y detenido, luego de que un vecino lo divisara y llamara a los bomberos y a la policía porque pensaba que estaba en riesgo de caer al agua.
Por su parte, Bernhardt hizo un repaso de las medidas que se tomaron, como el análisis del material estupefaciente. Los fiscales además citaron las evidencias que se acumularon hasta el momento, como el secuestro de la avioneta, de la droga, el croquis del lugar de aterrizaje y documentación personal del imputado.
Los investigadores también requirieron al Consulado de Bolivia acerca de la situación legal del imputado, para que informe sus antecedentes penales o si tiene causas abiertas en ese país, los bienes muebles e inmuebles que posee, el reporte satelital con posicionamiento global para determinar la ruta que hizo la aeronave desde Bolivia antes de aterrizar en Andino y el relevamiento de los planes de vuelo de la aeronave desde 2015 a la fecha, informó el MPF.
En relación a la posible participación de terceras personas, involucradas como apoyo en tierra para el desembarco de la droga, el fiscal Bernhardt indicó que se solicitaron informes a distintas empresas titulares de antenas de telefonía celular para obtener los impactos de llamadas o mensajes entrantes y salientes en un determinado sector y rango horario.
Al fundamentar el pedido de la prisión preventiva efectiva por 90 días para el piloto, los fiscales expusieron que se cumplen los requisitos, porque se evidencia peligro de fuga ante la gravedad y circunstancias especiales del hecho que demuestran la posibilidad de acceder a recursos.
