La Cámara Federal porteña ratificó el fallo del juez Sebastián Casanello, que ordenaba al Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, la distribución de los alimentos acumulados. La decisión fue tomada de forma unánime por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Este fallo se produce luego de la escandalosa audiencia de Juan Grabois con Leila Gianni, la abogada del Ministerio Capital Humano.
Originalmente, el juez Casanello había dado un plazo de 72 horas para elaborar un plan de distribución de los alimentos. Pero el gobierno no lo cumplió.
En este contexto, el dirigente Grabois realizó una investigación que presentó ante la Justicia, denunciando la situación. Según la misma, en los galpones se encontraban paquetes de yerba mate, leche en polvo, puré de tomate, garbanzos, harinas de trigo y maíz, locro, arroz con carne, entre otros alimentos, muchos de los cuales tenían fechas de vencimiento próximas. A pesar de ello, la abogada del Ministerio de Capital Humano, decidió apelar a la resolución de Casanello.
En su exposición, Gianni argumentó que la de resolución de otorgar los alimentos “es una decisión política del Gobierno, por lo tanto no es judiciable” y cuestionó la decisión del juez. A su vez, afirmó que lo que se encontraba “en su mayoría” en los galpones era yerba, por lo que “no se está afectando la disputa jurídica que hay en esta causa”, es decir, la cuestión humanitaria.
El tribunal realizo un breve repaso en orden cronológico por los acontecimientos, que nos permite hacer una recapitulación de lo sucedido: primeramente se produjo la aparición de la nota periodística que reveló la retención de alimentos; luego se formalizó la presentación de la denuncia por parte de Juan Grabois; posteriormente se realizó la apelación de Leila Gianni en defensa del Ministerio de Capital Humano; se efectuó la presentación de la Fiscalía ante Casanello; el juez dictaminó su decisión; se ejecutó la orden de allanamiento a los galpones; por último, se procedió con el acuerdo que informó Capital Humano con la Fundación CONIN, para coordinar la distribución de los víveres.
Finalmente los jueces resolvieron: "Encomendar al Ministerio de Capital Humano a que elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato".
El juez Irurzun criticó, en este caso, los planteos realizados por Gianni ante la Cámara, indicando que: “No es ésta la oportunidad para discutir la existencia o no del hecho ilícito, sino si lo decidido por el juez es proporcional y razonable”. Respondiendo a los argumentos esbozados por la abogada, sostuvo que: “no puede sostenerse que estamos en presencia de una intromisión indebida de la Justicia”, ya que -explicó- "no están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria, sino la lisa y llanamente, si existió una ilícita actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen sus derechos humanos básicos cubiertos”.
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