El diputado nacional Juan Marino, contó tras la marcha que se expresó en la Plaza del Congreso, que Unión por la Patria y otros bloques opositores, convocaron a sesión especial para el miércoles 8 de octubre, y apuntó que se trata de «darle lugar al reclamo popular en la segunda marcha universitaria», que le dijo al presidente «que no vete, la ley de financiamiento universitario, pero no escuchó». Además, contó que trabajan para garantizar el número de escaños para impugnar el veto presidencial.
Marino dijo a Conclusión que están trabajando para «garantizar los dos tercios» en la Cámara baja y así poder avanzar contra el veto de Javier Milei. A su vez, consideró que «no tiene que pasar lo mismo como cuando se discutió la reforma de la formula de movilidad jubilatoria, cinco diputados radicales que traicionaron en su momento» y acotó que «hubo gobernadores que en su momento se abstuvieron con la formula jubilatoria, pero en esta oportunidad tuvieron marchas muy grandes que les reclamaron que se pronuncien contra el veto».
«Tenemos un presidente disociado de la sociedad, no toma nota que el reclamo de las universidades es una demanda popular mayoritaria, él hizo publicaciones atacando y diciendo que los que marchaban estaban manipulados por Cristina y Martín Losteau», expresó Marino y agregó «esto refleja disociación con la realidad y muestra un gobierno que se siente fuerte atacando el reclamo popular y que festeja que no haya movilización en la 9 de julio«.
Para el legislador, Milei «festeja la paz de los cementerios, porque creció la indigencia con indicie muy graves, y si no hay movilización es porque hay persecución y criminalización contra las organizaciones sociales pero no resuelve el problema que derivó de esos piquetes que es la pobreza, la desocupación y el hambre».
Hay persecución y criminalización contra las organizaciones sociales pero no resuelve el problema que derivó de esos piquetes que es la pobreza, la desocupación y el hambre
Respecto de la mal llamada «ley antimafia» que tiene media sanción en Diputados, el legislador afirmó que «no se trata de una ley contra las mafias, es básicamente un proyecto que busca destruir toda organización popular, porque dice que cualquier grupo de tres o más personas que se organice y que lleve adelante -lo que ellos entiendan que es delito- pueden ser perseguidos, y cualquier integrante de esa organización, más allá de que haya participado o no de un acto, puede ser juzgado por el delito más grave del que se acuse a esa organización, vuelven al algo habrán hecho de la dictadura».
No hay presunción de inocencia, te criminalizan solo por ser parte de una organización, y los delitos que establecen en una larga lista que incluyeron en ese proyecto de ley, hoy están en práctica contra los sindicatos y organizaciones sociales
«No hay presunción de inocencia, te criminalizan solo por ser parte de una organización, y los delitos que establecen en una larga lista que incluyeron en ese proyecto de ley, hoy están en práctica contra los sindicatos y organizaciones sociales», planteó Marino.
Para el diputado de Unión por la Patria, cuando impulsan un «figura tan vaga, es darle poderes exorbitantes a Patricia Bullrich y a los jueces y fiscales cómplices con este Gobierno, que lo utilizaran para perseguir a organizaciones del pueblo. Porque en el proyecto de ley no define que es una mafia, dicen que es un proyecto para hacer un abordaje integral del crimen organizado, pero no hacen un análisis de cual es el estado de situación del crimen organizado, entonces esto no es serio».
El proyecto de ley no define que es una mafia, dicen que es un proyecto para hacer un abordaje integral del crimen organizado, pero no hacen un análisis de cual es el estado de situación del crimen organizado, entonces esto no es serio
«No establecen mecanismos para atacar el financiamiento, el lavado de dinero, en realidad son planteos para la tribuna, buscan darle poderes a Bullrich, que podrá armar zonas de investigación especial donde podrá detener personas sin orden de un juez, y pinchar llamadas telefónicas e interceptar comunicaciones en redes sociales, así,violentan principios fundamentales del Estado de Derecho», denunció el legislador.
