La Concejalía Popular de Rosario advirtió este lunes que más del 53% de los inquilinos tuvo que endeudarse durante 2024 para cumplir con el pago del alquiler. El dato toma mayor notoriedad este 7 de octubre, que se conmemora el Día Mundial del Hábitat.
Un informe elaborado por la Concejalía en el marco del Día Mundial del Hábitat recogió diferentes indicadores que exponen el deterioro de la calidad de vida de los inquilinos a partir de la desregulación del mercado inmobiliario instrumentada a partir del DNU 70/2023 del Gobierno nacional.
El documento incluye los últimos datos recabados por la Encuesta Nacional Inquilina, que sostiene que más del 25% de los encuestados manifestó que debió rescindir su contrato como consecuencia de los aumentos pactados contractualmente y que el 53,1% tuvo que endeudarse a lo largo del año para cumplir con el pago del alquiler.
«No hay dudas, la derogación de la Ley de Alquileres y las modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación tienen impactos negativos sobre los derechos de las personas inquilinas y, en consecuencia, contradicen los estándares de derechos humanos sobre vivienda y hábitat digno», asevera el informe.
En este marco, el Coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor y militante de la Concejalía Popular, Ariel D’orazio, dialogó con Conclusión y aseguró que el principal estrago que generó el DNU -contrariamente a lo que manifiestan las voces del oficialismo nacional- radica en el impacto que tuvo el mismo sobre la previsibilidad económica.
«Cuando hablamos de que un monoambiente salía 130.000 pesos en enero y hoy, diez meses después, sale 330.000, queda muy claro que lo que no hay es posibilidad de planificación. Por eso hay una caída de la demanda en materia de alquileres, es algo que los colegios profesionales vienen manifestando. Cuando se ofrece un inmueble en alquiler, hay un tiempo de espera de entre 30 y 45 días. Antes había lista de espera de parte de los inquilinos», detalló D’orazio.
«Esta situación que se vive -continuó- es muy angustiante. Vemos garantes involucrándose en la resolución de los contratos porque son notificados de deudas y también se endeudan para ayudar a pagar y terminar ese contrato. Es el escenario al que nos ha arrastrado un DNU que claramente debe ser derogado cuanto antes para evitar todo tipo de consecuencia gravosa para las personas que alquilan».
Morosidad, endeudamiento y salarios que quedan desfasados
Desde la Concejalía Popular señalaron que la suba que registraron los alquileres no se produjo al mismo ritmo que la evolución de los salarios, por lo que cada salto en el precio se vivió como una amputación al poder adquisitivo.
«En esta situación vemos que cerca del 50% del salario se va al pago del alquiler, pero por fuera de eso quedan las expensas, servicios e impuestos, porque también las condiciones contractuales en muchos casos obligan hoy al inquilino -a diferencia de la protección que regía con la ley anterior- a pagar incluso los impuestos que gravan la propiedad, lo que representa otro atropello. El DNU permite cualquier cosa, siempre en beneficio del propietario», subrayó el Coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor.
El documento que difundieron en las últimas horas con motivo del Día Mundial del Hábitat también toma un dato del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe (Ccisf) de la primera circunscripción, que informa un incremento de la morosidad y de las dificultades económica para afrontar el pago en término de los contratos de alquiler. A julio pasado, este relevamiento encontró un 6,33% de morosidad, lo que está considerablemente por encima del promedio histórico.
El informe completo:
