El grupo Vicentin presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Secretaría de Trabajo nacional en el que afirma que las demoras procesales en la resolución de su concurso de acreedores afectan las finanzas de la empresa, por lo que recortará derechos laborales.
“Frente a las reiteradas y persistentes dilaciones procesales que impiden a la sociedad alcanzar la homologación judicial firme de su propuesta concordataria en el marco de su concurso preventivo, obligan a procurar de manera urgente reducir la brecha entre sus ingresos y egresos”, señala el texto presentado por Vicentin en Trabajo.
El Procedimiento Preventivo de Crisis es un instituto por medio del cual las empresas pueden reducir costos laborales, despedir con reducción de indemnizaciones y recortar otros derechos en función de una situación de crisis financiera.
Para eso, debe justificar dicha crisis con sus últimos balances y contar con el acompañamiento de las organizaciones sindicales del sector de actividad.
En el caso de Vicentin, la empresa apunta a que su actual situación de iliquidez obedece a las “dilaciones” de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en homologar el acuerdo que rubricó con sus acreedores para salir del concurso preventivo.
Dicho acuerdo fue rechazado en primera instancia, avalado en su segunda por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Reconquista y ahora, por medio de un recurso de queja, llegó al máximo tribunal santafesino.
“Hasta la fecha, la sociedad ha procurado por todos los medios evitar medidas que afecten a sus dependientes (empleados), pero lamentablemente la nueva demora que deviene de la apertura por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe de un recurso de queja contra la sentencia homologatoria dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista, encuentra a la sociedad con su caja exhausta y sin posibilidad de evitar recurrir al excepcional Procedimiento Preventivo de Crisis”, señala el texto difundido a la prensa por la propia empresa.
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A la vez, indica que la homologación del acuerdo de pago con sus acreedores -que en algunos casos cobrarían apenas el 20% de sus acreencias y en 12 años- “garantizará la plena estabilidad financiera de la sociedad, toda vez que a partir de entonces los tres inversores estratégicos (Viterra, Bunge y ACA) asumirán el pleno financiamiento de la actividad social mediate fazones al costo, comprensivo éste de la totalidad de costos fijos, variables e inversiones necesarias para continuar operando”.
Además, la agroexportadora que obtuvo créditos cuestionados judicialmente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, aseguró que “los plazos procesales que normalmente se requieren luego de la obtención de las mayorías se dilataron en el tiempo por múltiples recursos por más de 29 meses (…) y obligaron a la sociedad a comprometer progresivamente sus reservas líquidas para sostener la actividad y mantener sus activos y personal en funcionamiento durante los últimos dos años y medio”.
Pero, afirma la empresa, esta nueva demora procesal por la intervención de la Corte Suprema provincial, le impide continuar manteniendo los gastos que le supone la operación del negocio.
Entre otras medidas expuestas en la presentación del PPC, Vicentin señala en el texto que desea abonar el próximo medio aguilando a sus trabajadores en cuatro cuotas; no pagar un premio que habitualmente liquida a fin de año; liquidar como remunerativo -es decir, sujeto a retenciones y aportes- sólo la parte del sueldo equivalente a un salario Mínimo Vital y Móvil y el resto como “no remunerativo”.
El planteo de la agroexportadora también contempla dejar de pagarle a sus empleados gastos de movilidad y almuerzo y quitarles la donación de 4,5 litros de aceite que, ahora, “tendrá un costo de $2.000”.
Además, los turnos rotativos pasarán de 12 horas a 8, con el propósito de reducir gastos de movilidad, mientras que prevé abrir un programa de retiros voluntarios.
Desde el Sindicato de Empleados y Obreros Aceiteros de San Lorenzo, adelantaron que no participarán del proceso y, en cambio, dijeron que adoptarán medidas de fuerza en caso de ver cercenados los derechos laborales de sus afiliados.
