Por Edgardo Mocca
La cripto-estafa promovida por Milei marcó un quiebre político en Argentina. Con el Estado convertido en organizador del fraude, la gobernabilidad entra en crisis y el futuro es incierto. La reacción presidencial definirá el rumbo ante una oposición que comienza a reconfigurarse.
Después de la cripto-estafa nada será igual en la Argentina. Una vez que el presidente Milei promovió una maniobra financiera fraudulenta, una vez que favoreció a algunos amigos apostadores irresponsables, generó el perjuicio masivo de quienes se subieron a la maniobra sin la debida “protección” y aseguró la ganancia fácil a un contingente de amigos y favorecedores, el tema dejó de ser financiero: asumió un carácter político y una condición urgente. El estado asumió, desde su principal autoridad en primera persona, el rol de organizador de la timba. Todo lo que venga será “después de la estafa” conducida y manipulada por un grupo de personas que confundieron su rol estatal con un “juego” que asegura ganancias fáciles (e ilegales). No hay modo de asegurar gobernabilidad política en el interior de un régimen estatal capaz de perpetrar y silenciar un fraude de esta envergadura.
Es difícil pensar en cómo podría salir el gobierno de esta situación terminal. Milei cree que está jugando a los dados y construye, a continuación de los hechos, una operación dirigida a movilizar los odios políticos antiperonistas -encarnados en este caso en el gobernador Kiciloff- aplicando lo que Borges decía del cristianismo (una “doctrina del perdón” capaz de modificar el pasado). No hay tal cosa en la vida política: la vida política argentina no volverá al punto anterior al domingo de la mega estafa. La sola referencia al intento de lanzar una persecución contra el gobernador por una situación delictivo-policial en su provincia habla del grado de desconcierto (y de peligroso nerviosismo) que parece haberse adueñado del círculo de gobierno. Hablando en términos simples: un intento de usar caprichosamente el código penal para saltar la ley y la justicia. Da la impresión de que de esto no se vuelve.
Estamos, pues, en un país sin un gobierno político que merezca ese nombre. Aún cuando la degradada política de partidos mire para otro lado y finja un final tranquilo y pacífico, tal alternativa aparece muy difícil. Por una sencilla razón, el estado moderno existe para crear un ambiente de confianza pública, la sensación de que hay una racionalidad colectiva que significa ley y orden. Si además de la drástica ruptura con este fundamento histórico del estado, se pretende salir del caos atacando a la oposición y asaltando desde un estado nacional tramposo la autonomía de la principal provincia del país, se están adelantando las condiciones de un futuro imprevisible.
La pretensión de que “aquí no ha pasado nada” parece destinada al fracaso. Los argentinos y argentinas conocemos antecedentes (algunos muy cercanos) de que cuando se rompe entre nosotros el vínculo de la confianza y la credulidad institucional no se recupera con gestos de supuesta autoridad como la payasesca “decisión” de Milei de avanzar en la intención de intervenir nada menos que la provincia de Buenos Aires: demasiada cultura especulativa y timbera y poco conocimiento de la historia y de las leyes vigentes entre nosotros.
Cuesta encontrar -siquiera en la imaginación- un camino de recuperación político-estatal de la Argentina desde esta situación. Porque, además, si apareciera algún camino de transición factible de recorrer en forma pacífica y el máximo de respeto por la ley y la constitución, habría que dilucidar cómo resolver el obstáculo principal que, hoy por hoy, radica en la conducta absolutamente irracional del presidente de la república. En condiciones normales, Milei debería ser presidente hasta diciembre de 2027: ¿cómo marcar una ruta viable desde esta crisis terminal hasta una nueva elección presidencial? ¿Es posible bajo la presidencia de Milei?
Por ahora la novedad en materia político-partidaria viene del peronismo. Las facciones que hasta hace pocos días vivían un clima de tensiones internas que insinuaba una división de contornos imprevisibles, tienden a crear instancias de conversación común, lo que de afirmarse sería una contribución principal en este duro camino. Es de esperar que en la oposición se vaya perfilando otra de las novedades: hasta aquí gran parte del radicalismo ha jugado con su silencio y sus concesiones un rol favorable a la parálisis. Pero es muy difícil que esto se mantenga en el muy probable caso de que el desorden siga campeando en el gobierno. Desde ahora, todos los actores políticos deberían considerar seriamente su situación: la crisis política en marcha será un escenario que muestre a todos los actores prácticos o potenciales del drama.
Claro que el gobierno carga sobre sus hombros la responsabilidad principal. En estas horas podremos conocer y analizar la reacción oficial del presidente ante la grave crisis. Desde el punto de vista, no de un partido o de un grupo sino de la defensa del régimen democrático, es de desear que el mensaje presidencial se pronuncie en términos claros acerca de cómo piensa la continuidad de su mandato. Sobre cómo cree que se sale de esta instancia crítica protegiendo las instituciones y la convivencia entre los argentinos. El mito de que el lugar de nuestro país está protegido por la relación de su principal gobernante con los poderosos del mundo debería dejar lugar a un juicio sereno y realista: sin un viraje político muy serio y muy marcado, el país entraría en una zona de difícil previsibilidad. Quedan dos años para el recambio presidencial. No queda mucho tiempo para que la política, del modo más unido que sea posible, construya y dé a conocer una hoja de ruta de defensa de la convivencia pacífica y democrática.
