Por Luciana Bertoia
El Ministerio de Seguridad porteño accedió irregularmente a los datos biométricos de millones de personas y realizó casi 10 millones de búsquedas. Entre los afectados están Alberto Fernández, Cristina Kirchner, dirigentes de Derechos Humanos, jueces, periodistas y otros políticos oficialistas y opositores. La Justicia suspendió el uso del sistema.
El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño accedió a los datos biométricos de 7 millones de personas de manera irregular en lo que parece ser un nuevo escándalo de afectación a la privacidad y vigilancia masiva. Entre quienes fueron observados por la cartera de la que depende la Policía de la Ciudad están el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la dirigente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
La información surge de una investigación que llevó adelante el juez porteño Roberto Andrés Gallardo después de que el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) presentara un amparo contra el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SNRP), que rige en la Ciudad de Buenos Aires desde abril de 2019.
El SNRP fue introducido por una resolución –y después aprobado en la Legislatura porteña– supuestamente con un objetivo: ayudar a detectar a quienes eran buscados por la Justicia. Por eso, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño firmó un convenio con el Ministerio de Justicia nacional para tener acceso a la base de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc). La base en cuestión no supera las 50 mil personas.
Sin embargo, el juez Gallardo detectó que, como parte de este sistema, la Ciudad también selló un acuerdo con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y desde allí se hicieron casi 10 millones de consultas –un número infinitamente superior al de las personas requeridas por los tribunales–. Concretamente, el organismo que depende del Ministerio del Interior le informó al juzgado que la Ciudad hizo entre abril de 2019 y marzo de 2022 un total de 9.900.282 extracciones de información desde su base.
Lo curioso es que la Ciudad buscó información del Presidente, de CFK, de Carlotto o de Bonafini. También hurgó en los datos de dirigentes sociales como Eduardo Belliboni –uno de los escogidos por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para confrontar por las protestas callejeras–, Juan Grabois o la diputada del PTS-FIT Myriam Bregman.
También hubo búsquedas de gente de la Justicia como Gabriela Boquin –la fiscal que denunció el acuerdo ruinoso al que el gobierno de Macri quería llegar por la deuda del Correo Argentino–, la exprocuradora Alejandra Gils Carbó –convertida en un blanco por el macrismo para forzar su renuncia–, el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni o el actual supremo Carlos Rosenkrantz. También buscaron datos de la jueza Inés Weinberg, la candidata de Macri para la Procuración, o del empresario Alejandro Bulgheroni. No estuvo ajena la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, una de las rivales del jefe de gobierno porteño en la interna de Juntos por el Cambio o la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, de buen diálogo con Larreta.
“No resulta necesaria demasiada perspicacia para advertir que las personas consignadas resultan ajenas al sistema penal, no se encuentran prófugas o con pedido de captura”, escribió Gallardo, que suspendió la aplicación del SNRP.
Por el momento, el mecanismo que describió Gallardo sobre el acceso a bases de datos del Estado es bastante parecido al que se investiga en la causa sobre el uso de la información de la Dirección Nacional de Migraciones durante el macrismo. Es una causa tan sensible que todos los jueces de Comodoro Py se excusaron porque sus movimientos habían sido revisados.
Sin control
"La Ciudad estaba usando este sistema sin ningún tipo de control y sin rendir cuentas ante la Legislatura ni a la Defensoría del Pueblo, lo que implica que podría haber sido usado para otros fines distintos a los declarados", le explicó a Página/12 Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones sociales que interviene en el caso. "Esto involucraría que el software tiene capacidad de hacer vigilancia sobre una gran parte de la población y es parte de uno de los debates de derechos humanos más actuales acerca de cómo el Estado obtiene información", remarcó.
"Cuando se discutió esta ley en octubre del 2020 en la Legislatura fuimos fervientes opositoras. Nos planteaban que la ley permitía regular el sistema para que no haya un uso arbitrario, por eso respondimos que este sistema no se podía regular, que había que prohibirlo por su alta peligrosidad demostrada en el mundo entero", apuntó, por su parte, Bregman.
El SNRP no solo fue objeto de críticas por organizaciones de la sociedad civil, sino que también despertó la preocupación del relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, que visitó el país en mayo de 2019, a pocos días de que empezara a implementarse el mecanismo. El experto dijo que era una decisión desproporcionada porque para buscar a una nómina de 40 mil personas requeridas por la Justicia afectaba la privacidad de millones. Además, remarcó que no hubo debate social ni se midieron los impactos de políticas intrusivas.
Allanamientos
El juez Gallardo, además, ordenó allanar el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Centro de Monitoreo Urbano, que es el organismo que aplica el sistema. El ministro Marcelo D’Alessandro no estuvo presente en el momento en que llegó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El dato contrasta con el momento en que Gallardo hizo una inspección al CMU de Chacarita meses atrás. En ese entonces, D’Alessandro estuvo allí y dijo que el SNRP había estado apagado durante toda la pandemia. A priori, el juzgado tiene datos que estarían en contradicción con lo que informó el ministro porteño.
Durante el allanamiento sí estuvieron representantes de Danaide SA, la empresa que le provee el software al gobierno porteño. Hubo un momento sospechoso cuando se cayó el sistema mientras los agentes de PSA migraban datos para ser analizados. Según dijeron fuentes a este diario, los representantes de la empresa se disculparon diciendo que se debió a un error de otra compañía que subcontratan.
La respuesta
D’Alessandro salió a responderle a Gallardo, a quien acusó de hacer una “ensalada”. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño dijeron que las búsquedas hechas en el Renaper no solo obedecen a personas buscadas por la Justicia, sino que “responden a una pluralidad de trámites habilitados por la Justicia”. Hasta ahora no quedaría claro por qué la Justicia pediría información de dirigentes de derechos humanos.
El uso de las cámaras estuvo en el centro del debate en los últimos días después de que el propio D’Alessandro sugiriera poner a disposición del gobierno nacional las cámaras para identificar a las personas que protestan cortando las calles. Durante la semana pasada hubo una fuerte campaña de las autoridades porteñas tendiente a criminalizar la protesta –y la pobreza– al pedir que se les retiren los planes sociales a quienes participan en acampes.
Ante una consulta de este diario, el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, el diputado Leopoldo Moreau, respondió que la propuesta de D’Alessandro estaba reñida con la ley de inteligencia porque implicaría una vigilancia sobre quienes se manifiestan por razones políticas o sindicales. Al cierre de esta edición, en la Bicameral crecía la idea de que la trama revelada por Gallardo podría ser un escándalo sin precedentes.
