Por Cecilia Gárgano
Llegando a Plaza de Mayo se siente en el aire un aroma particular, cargado de sentidos: olor a pan. En pequeños puestos, distintas organizaciones que integran la Plataforma Socioambiental lo ofrecen para saborear: es el #Panazo. Una jornada de protesta bajo la consigna “Con Nuestro Pan No”, realizada en rechazo al lanzamiento de la primera variedad de trigo transgénico del mundo, hecho en Argentina. En medio de la pandemia, el 7 de octubre del 2020 la Resolución 41/2020 de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca autorizó esta nueva variedad de trigo, denominada HB4. Si bien su aprobación comercial aún depende de la aceptación de Brasil, país al que se exporta gran parte del trigo argentino, en Argentina su siembra ya comenzó. Las voces que se alzan en su contra y alertan sobre sus potenciales efectos socioambientales son múltiples: pueblos fumigados, organizaciones de productores rurales, científicos y científicas de todo el país nucleados en el Colectivo Trigo Limpio, y hasta circuló una campaña en las redes en rechazo a la posibilidad de que la empresa Havanna comience a utilizarlo en sus alfajores. Las problemáticas que emergen están unidas a las promesas que lo acompañan, a la historia asociada a sus posibles efectos, y a un país que no logra salir de la encrucijada del agro explotado en forma intensiva como eje de su matriz productiva. Y exponen las disociaciones que operan fragmentando aquello que, en la práctica, está estructuralmente conectado.
Disociación #1: transgénicos y biocidas
La insistencia en disociar a los cultivos transgénicos de los agrotóxicos a los que están asociados dentro de un mismo “paquete tecnológico” es una constante en el debate por los efectos del modelo productivo hegemónico en el agro. Sin embargo, la preocupación es mucho más que un fantasma. Veinticinco años atrás, en 1996, se autorizó (en tiempo record y en base a documentos en inglés aportados por la propia empresa interesada) la hoy famosa variedad transgénica de soja RR, tolerante al herbicida glifosato. Desde entonces, han sido aprobados 62 cultivos OGM con uso comercial en Argentina, incluyendo al nuevo trigo transgénico. Como puede leerse en el listado oficial, cincuenta de ellos, el 80,64%, fueron diseñados para ser tolerantes a sustancias biocidas. Pese a la promesa que acompañó la llegada de estos cultivos de reducción del uso de insumos químicos, ocurrió exactamente lo contrario. Malezas resistentes, más dosis de herbicidas, nuevos problemas, para los que una misma lógica circular viene generando nuevos productos, negocios, y daños ambientales y sanitarios. El incremento en su uso puede verse en los propios números de las cámaras empresariales, porque el Estado argentino no generó datos oficiales. Esta nueva variedad de trigo también promete generar un manejo más sustentable. La trayectoria de la investigación comenzó en la década de 1990 con la caracterización del gen HaHb4, que está presente originalmente en el girasol. Debido a la introducción de este gen, el nuevo trigo transgénico presenta tolerancia a sequía. Además, posee tolerancia al glufosinato de amonio, un herbicida quince veces más tóxico que el más conocido glifosato. Si bien se insiste en que el uso combinado del nuevo trigo con este herbicida es solamente una posibilidad, la empresa Bioceres implicada en su obtención, en mayo ya ofrecía simulaciones en su sitio web, que luego retiró, donde se podía calcular cuántos litros de glufosinato de amonio serían necesarios por hectárea sembrada:
Disociación #2: depredación ambiental y desigualdad social
La abrumadora mayoría de los cultivos transgénicos aprobados en Argentina fue solicitada por nueve corporaciones transnacionales, lideradas por Monsanto-Bayer, que es responsable de veinticinco de estas variedades transgénicas, más del 40% del total. El trigo HB4, cuya denominación científica es IND- ØØ412-7- fue obtenido por investigadoras e investigadores pertenecientes al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y a la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en convenio con Bioceres mediante INDEAR S. A., empresa del Grupo Bioceres que en convenio con Conicet funciona en el Instituto Nacional de Agrobiotecnologia con sede en el predio del CCT del Conicet en Rosario, y es responsable de seis variedades de cultivos transgénicos, cinco de ellos tolerantes a herbicidas (glifosato y glufosinato de amonio). El financiamiento estatal, la participación de capitales nacionales, y el potencial ingreso de divisas son los pilares para conceptualizar al evento como un “desarrollo nacional”. Una suerte de teoría del derrame aplicada al ámbito tecnocientífico, que nunca llega. Y en la que pareciera que si despejamos de la ecuación a las grandes transnacionales, que lejos están de ser marginales, los riesgos ambientales, sanitarios y territoriales desaparecen. Bioceres es un grupo empresario que invierte en ciencias de la vida, con foco especial en biotecnología. Fue creada en 2001 por 23 accionistas, incluído el presidente del grupo Los Grobo. El crecimiento de una empresa de capitales nacionales como Bioceres tendría efectos positivos en el conjunto social, al igual que fortalecería los ámbitos nacionales de investigación implicados. Lo extendido de esta aseveración tiene una relación directa con la falta de esta evidencia en los llamados convenios de “cooperación público-privada”, entre empresas y ámbitos estatales de investigación, que llevan décadas implementándose sin que se produzca un ingreso significativo de divisas al ámbito estatal. Evidencia que, no casualmente, es reclamada solamente en una dirección: la que invirtiendo la carga de prueba obliga a las comunidades en territorio a probar las relaciones causales entre los daños sufridos y las prácticas productivas.
La expansión de esta agricultura incrementó en forma exponencial la contaminación por plaguicidas de suelos, aires y aguas. En plena “zona núcleo”, las tierras más fértiles del país, hay localidades donde el agua ya no es apta para su consumo, como quedó expuesto en 2019 en el caso de Pergamino, y más recientemente en Lobos. En Pergamino, además de la contaminación del agua de red y subterránea, el establecimiento de distancias para las fumigaciones en todo el partido consideró como fundamental el daño genético registrado en todo el grupo familiar de una de las personas querellantes. Y a cientos de historias clínicas, con las mismas patologías. Las mismas que se replican a lo ancho y largo del país, y sobre las que el Estado tampoco ha generado información. En Lobos, en 2021 el muestreo ambiental fue posible gracias al accionar comunitario, que además financió el estudio (hicieron un ¡bingo virtual! por la pandemia). Dos pequeñas fotos de una desprotección que es sistemática. Junto a los daños ambientales y sanitarios, esta agricultura ha profundizado la concentración de los capitales agrarios, el éxodo rural, la dislocación de circuitos regionales, y el agravamiento de las condiciones de vida de agricultores familiares y trabajadores rurales. Lejos de ser canales paralelos, y a pesar del intento por convertir el creciente reclamo socioambiental como una preocupación “de panzas llenas”, los niveles de pobreza y desigualdad que hoy tiene nuestro país se deben en gran parte a la profundización de patrones de acumulación extractivistas, predatorios de nuestros territorios y concentradores de ganancias millonarias.
Disociaciones #3: entramados (des)regulatorios y agronegocio
La comercialización del nuevo trigo transgénico permanece sujeta a la aprobación de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) brasileña, donde un amplio conjunto de organizaciones de la agricultura familiar y campesina, junto al Instituto Brasilero de Defensa del Consumidor (IDEC) elevaron un pedido de invalidación de la audiencia pública por la existencia de informaciones contradictorias en torno al uso del glufosinato de amonio. Audiencia pública que en Argentina no existe como requisito para la aprobación de estos desarrollos. En suelo local, los mismos organismos que son invocados como garantía de seguridad (como la Conabia) están cuestionados por incluir las voces de las mismas partes interesadas, y por excluir las de la ciudadanía en general, y de los productores familiares y campesinos en particular. Sumada a esta asimetría, para evaluar la aptitud alimentaria no fueron incorporados estudios nutricionales profundos, ni estudios de alergenicidad, mientras que la dimensión toxicológica ligada a los agrotóxicos no indaga los efectos de su exposición crónica, a bajas dosis y en largos períodos de tiempo, ni los cócteles de sustancias que se usan en forma habitual en el campo. Los daños ambientales y sanitarios son concebidos únicamente como eventos excepcionales, malos usos de buenas prácticas agrícolas. Los potenciales efectos socioterrioriales directamente no existen como asunto a considerar.
Si la condición de laboratorio para el territorio argentino vuelve a repetirse, la movilización social no es la misma. Ha crecido al compás de los daños, uniendo lo fragmentado, y trazando puentes entre las mismas experiencias. Con Nuestro Pan No es el mismo grito que insiste en formas de producir y habitar que no sacrifiquen ningún espacio vital.
