Por Ramón Cavalieri
La situación de la justicia correntina ha llegado al punto mismo de ebullición, convirtiéndose en un verdadero volcán que comenzó a dejar secuelas profundas. Los ríos de lava ahora cubren campos que hasta hace horas eran de los más verdes y fértiles del actual gobierno provincial. Es que las erupciones salpican mucho más allá de su propio cráter.
Sin temor a equivocaciones se puede afirmar que, desde aquel el fatídico año 99, no se ha vivido nada igual. Los temblores de tierra que se originaron en un reclamo salarial casi rudimentario, sacaron a la luz una realidad, que si bien no es nueva, durante mucho tiempo ha estado silenciada a fuerza de medidas que parecen haber tocado su fin. Y es que, en este movimiento telúrico, se ha puesto en juego nada más ni nada menos que la tan promocionada imagen positiva de más del 70% del gobernador Valdez.
El reclamo salarial obedece a que los sueldos del Poder Judicial se han desplomado casi sin límite en los últimos dos años a tal punto que una gran mayoría de los empleados se encontraron por debajo de la línea de pobreza. Los reclamos comenzaron en forma silenciosa desde los distintos juzgados hasta alcanzar su máximo nivel con manifestaciones, trabajo a reglamento, quite de colaboración y cortes de calles en todas las ciudades de la provincia. Inédito para estos tiempos. Inédito para la provincia que pretende destacarse como gozosa, de una vida de bonanzas que empuje a realzar cada vez más la imagen del primer mandatario con grandes aspiraciones a ser apuntalado por su partido como candidato presidencial en un futuro a corto plazo.
Pero el contexto ha desnudado una realidad que ya nadie discute: la feroz dependencia del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. Los empleados judiciales, que hoy ya no pueden hacer huelgas por disposiciones internas del S.T.J., lo vienen denunciando en distintos comunicados por intermedio de su sindicato guía: el SITRAJ. Los empleados siempre “debieron esperar” a que el Poder Ejecutivo anuncie un aumento de sueldos para “posteriormente” hacer lo propio. En frente, el Poder Legislativo que manejó con rigor soberano la situación interna. El hecho es que, aquellos aumentos colgados de las decisiones del PE, dejó de ocurrir en los últimos tiempos o años. En una reciente conferencia de prensa el mismo Gobernador Valdez dijo que la justicia “se había dado un aumento del 10%” tomando él mismo la resolución del problema y afirmando que eso no es posible y que, en todo, caso daría un 5 y 5 en distintos meses. Así también hizo referencia a que si bien muchos empleados están por debajo de la línea de pobreza, hay muchos jueces que tienen sueldos muy altos. Una verdadera intervención del Poder Judicial que no se da por enterado.
Las quejas de los empleados van mucho más allá de un simple reclamo salarial. En los últimos tiempos han existido denuncias por maltrato y abuso de autoridad que, inclusive, terminaron en sanciones de algunos funcionarios, como también trabajo hacinado y escasa protección contra la pandemia. Los buenos sueldos judiciales, otrora “vox populi”, hoy forman parte de una pseudo realidad enquistada en la sociedad difícil de cambiar.
La gran movida de la justicia parece recién haber comenzado y, como la desgracia de las Canarias españolas, no se sabe aún cuánto puede durar y cuál será el final. Más allá de que se cumpla el Acuerdo Extraordinario del Superior Tribunal de Justicia interferido por el gobernador, el SITRAJ y toda la familia judicial están dispuestos a presentar batalla, ya no por un simple aumento, sino por todos los derechos que afirman estar lesionados. La verdadera independencia del Poder Judicial de todo intervencionismo es la madre de las batallas, el problema radica en que sus soldados se revelaron definitivamente contra sus generales poniendo en juego hasta su último adminículo.
