Por Marcelo Fidalgo
Nadie puede arrogarse la determinación respecto del funcionamiento de las instituciones de la República. Hacerlo, implicaría una actitud de características totalitarias.
El 8N se llevó a cabo la octava marcha de los sectores opositores al gobierno del presidente Alberto Fernández. Con variadas consignas y bajo una heterogeneidad de participantes, este sector de la sociedad ha vuelto a manifestar su descontento con el Gobierno nacional.
Más allá de la conveniencia o no de la aglomeración de personas en el contexto sanitario por el que estamos atravesando, está fuera de toda discusión que en democracia la posibilidad de convocarse, marchar y expresarse es una regla de oro. Dicho esto, me gustaría detenerme en el análisis de algunas cuestiones que entiendo si merecen un reflexión al respecto.
Una de las consignas más recurrentes que pudo observarse por parte de los manifestantes, tenía que ver con la defensa de la república. Dichos ciudadanos, entienden que está en riesgo la división de poderes y que en consecuencia, el poder ejecutivo busca influir y condicionar al Poder Judicial de la Nación. Esto último está directamente relacionado con la resolución de la corte suprema sobre la situación de los jueces Bruglia y Bertuzzi.
Los manifestantes al hablar de la República, conciben a la misma como la división de poderes, cuestión que esta fuera de todo debate. Ahora bien, cuando se intenta forzar ciertas cuestiones como por ejemplo el descontento con el reciente fallo de la Corte en ocasión del per saltum, surge indefectiblemente esta pregunta: ¿Se están manifestando por la defensa de la República, o por la defensa de la República que anhelan y procuran que sea? Analicemos la cuestión.
Desde el punto de vista de la República entendida como división de poderes, lo que sucedió fue una resolución de la cabeza del Poder Judicial de la Nación sobre un acto administrativo mediante un DNU que había efectuado el Poder Ejecutivo y que la Cámara alta había decidido revocar por entender que no se ajustaba a los procedimientos establecidos por la Constitución nacional para la designación de los magistrados. Visto así, la división de poderes a funcionado correctamente y en consecuencia, no se tendrían argumentos sólidos para afirmar que no está funcionando en este caso en particular la república.
Nadie puede arrogarse la determinación respecto del funcionamiento de las instituciones de la República. Hacerlo, implicaría una actitud de características totalitarias y eso estaría en un claro conflicto no solo con la republica sino con la democracia misma.
Se habla mucho de República, pero la pregunta que surge es ¿de qué tipo de República? Hay algo que quiero resaltar: el hecho de hablar de República no implica hablar de democracia dado que una República puede ser democrática, aristocrática o monárquica. Para Kant por ejemplo, “todo gobierno legítimo era republicano”. La cuestión no pasa entonces por debatir si tenemos o no un gobierno republicano, eso desde el punto instrumental está completamente claro. Lo que si debemos debatir entonces es si deseamos vivir en una república democrática que es otra cuestión.
Si de lo que estamos hablando entonces es de una república democrática, debemos tener en cuenta que tal como lo precisó Montesquieu “es el pueblo colectivamente quien ejerce el poder soberano”. Es exactamente en este punto en donde veo con preocupación lo que nos está sucediendo.
Cuando una parte del pueblo sea perteneciente al oficialismo o a la oposición pretende invalidar a la otra parte, claramente estamos frente a un grave problema en el cual está en riesgo incluso el poder soberano. La democracia asume la existencia del conflicto y en consecuencia establece los mecanismos para su resolución. Lo que no permite la democracia es la anulación y el reconocimiento del otro como sujeto político; si esto sucede se lesiona de gravedad la democracia. Es en este punto en donde la dirigencia en todas sus expresiones, pero fundamentalmente la política, debe accionar urgentemente para abortar cualquier situación que nos pueda llevar a poner en juego el poder soberano del pueblo.
La cuestión de la división de poderes no debe llevarnos como sociedad a una discusión irracional dado que nadie pone en tela de juicio la existencia y el funcionamiento de los tres poderes del estado. Lo que debemos comprender es que el hecho de que estas funciones estén divididas no implica necesariamente que no se complementen en una acción cooperativa. Para garantizar la acción cooperativa, el poder ejecutivo administra, el legislativo legisla y el judicial juzga. Lo que si debe estar fuera de toda duda, es que dichas acciones no sean subordinadas.
Si lo que buscamos y deseamos es vivir en una verdadera república democrática, esta última no se definiría solo por la división de poderes, sino por la naturaleza de los vínculos entre sociedad civil, sociedad política y estado. En palabras de Touraine: “Llamamos democracia a la sociedad en que los actores sociales (ciudadanos) ordenan a sus representantes que a su vez controlan el Estado”. Es aquí donde toma una trascendental importancia el parlamento, dado que en el mismo se encuentra la mayoría de los representantes del pueblo.
Es sustancial el diálogo entre los actores políticos, sociales, económicos y gremiales. Esta cuestión viene dilatándose durante décadas en nuestro país y solo queda en intentos verbalizados por los gobiernos de turno que luego se diluyen con el correr de los tiempos. Días atrás, la vicepresidenta hizo pública una carta en donde convoca a un dialogo político. Más allá de las críticas que puedan formularse a los planteos enunciados en el escrito y los reparos que lícitamente entiendan los opositores que habría que tomar, es una posibilidad que no debe desperdiciarse. Del mismo modo el reciente lanzamiento del Consejo Económico y Social puede ser otro espacio importante de dialogo y consenso.
Es el gobierno quien debe convocar al diálogo multisectorial mediante la formación de una agenda, pero también es la oposición política y los demás sectores dirigenciales quienes deben asumir con responsabilidad institucional ese diálogo propuesto. El pueblo tiene todo el derecho a manifestarse y lo está haciendo, pero la dirigencia como pretendiente representante de ese pueblo, tiene la obligación de encontrar los mecanismos de diálogo necesarios que permitan encausar las demandas y lograr avanzar hacia objetivos comunes.
Si no lo hacen, estarán faltando a una responsabilidad esencial de su función. Los ciudadanos debemos reclamar que actúen en consecuencia y que hallen los caminos de diálogo necesarios para ejercitar correctamente la República democrática.
