Por Álvaro Ruiz
Libertad… ¡qué palabra! La Humanidad desde sus albores da cuenta de tensiones, conflictividades y enfrentamientos derivados de las relaciones de poder, que ponen en pugna a personas, grupos, clanes, colectividades, naciones y Estados; en cuyo desenvolvimiento, sin excepción, la libertad se halla sujeta o condicionada al resultado de ese devenir.
Como con tantas otras cuestiones que implican enunciados de enorme amplitud y poseen un alto grado de abstracción ligados a concepciones sociales dinámicas, su definición exige contextualizarlos históricamente y, aun así, difícil será encontrar uniformidad en el sentido o alcance que se le otorgue.
A su vez, importa también atender al aspecto subjetivo -individual, colectivo u orgánico institucional- y al plano de interactuación que inexorablemente impondrá limitaciones, junto con las intermediaciones inevitables de lo cultural en su más amplio espectro (cívico, religioso, moral, ético, filosófico, político, económico, social).
En lo individual suele señalarse que la libertad es un concepto con el que se designa, generalmente, a la aptitud de una persona para actuar según su propia voluntad, de obrar de una u otra manera según sus preferencias y con la consiguiente responsabilidad por sus actos u omisiones. Claro, también se destaca, que esa potestad no es absoluta y que encuentra siempre un límite en las relaciones interpersonales en que deben considerarse las libertades y voluntades de los demás.
La vida en sociedad exige una cierta organización en función de valores y bienes que constituyen una base indispensable para la convivencia, que imponen regulaciones para una coexistencia social que indefectiblemente supone restricciones al “libre albedrío” y en protección del interés general que no está reñido con los anhelos personales, sino que los conjuga para que su realización no resulte en detrimento de otros igualmente respetables y legítimos.
Cuando se dirige a comunidades organizadas con eje en lo esencial para su desarrollo como tales, ya sea como Estado o Nación aunque no hayan logrado aquel estadio por carecer de un territorio propio que les brinde esa integración o reconocimiento e identificación institucional, la libertad se concibe como emancipación, liberación y/o autodeterminación soberana.
Entonces, la clásica definición de libertad en lo individual, que la enuncian como estado o condición de quien no es esclavo, con relación a un Estado o Nación se traduce en, la también clásica, formulación de liberación o dependencia y Patria o Colonia; y ninguna de ellas ha perdido vigencia o razón, mal que les pese a quienes sólo -y libertariamente- se circunscriben a la faz individual restringiendo al Estado el rol esclavizante y sostienen -hipócritas o ignorantes- que lo otro es una anacronismo o un lema político de los “colectivistas”.
Libertad y Derechos
Sin dejar de lado sus aspectos sustantivos y su correlativa conceptualización, “la libertad” posee una connotación y sentido instrumental en tanto atiende al fin que persigue: libertad “para” o libertad “de”. Es decir, que regularmente aparece ligada o tributaria de algún “derecho” cuyo ejercicio se propone garantizar, entre otros: de reunión, de expresión, de información, de acceso a diversos bienes o servicios (salud, trabajo, educación, vivienda, seguridad social), de propiedad, de tránsito, de comercio.
Por consiguiente, la “libertad” además de carecer de un carácter absoluto encuentra su relatividad tanto en la razonabilidad de que no pueda entendérsela ilimitada, como en que presenta un fuerte anclaje con los derechos en que se manifiesta y cuya armonización es una exigencia de la vigencia de todos los concernidos; cuanto en la prevalencia que pueda establecerse entre los mismos, en los casos en que se verifique situaciones de conflicto y conforme a un orden de primacía -contingente o predominante- dispuesto en el sistema regulatorio normativo, partiendo de la Constitución como Ley Fundamental.
Desde hace más de 300 años la libertad ha estado unida a otras muchas facultades o virtudes, entre las que destacan la igualdad y la justicia en los más diversos ámbitos, impulsando profundos cambios en la implementación de nuevas formas de organización de la sociedad y de regímenes políticos que trasuntaban consensos sobre valores, bienes e intereses básicos que conllevaban nuevos órdenes de reparto de potencias e impotencias para el legítimo ejercicio de libertades individuales, colectivas e institucionales.
En consecuencia, las restricciones -lógicas, justas y necesarias- a la libertad no derivan solamente de disposiciones legales, sino también de mandatos éticos, morales e ideológicos emergentes del estadio cultural alcanzado por la sociedad. Límites y condicionantes que devinieron de la evolución social, contando con la aceptación por la mayoría de las personas como justos y razonables sin prescindir de las diferencias y disensos cuya canalización se dirime en el terreno de la política.
Libertad e Igualdad
Los márgenes que demarcan el libre obrar de las personas, más allá de cualquier consideración legal o ética, responden nítidamente a condicionantes determinados por aspectos inherentes a cada quien como a factores exógenos de índole socioeconómica, de relaciones de poder y, entre otros muchos, del sustento o no que encuentren en las políticas públicas que provean mecanismos de equidad y equilibrios indispensables para un goce efectivo de la libertad.
La idea de libertad no puede escindirse del imperativo de igualdad que constituye una condición de aquélla, un par al que en tiempos de la Revolución Francesa (allá por 1789) se le unía como lema fundacional la fraternidad a la que hoy podemos emparentar con solidaridad atendiendo a otro imperativo, el de la justicia social, consagrado en el siglo XX y cuya consolidación diera origen a los llamados derechos de tercera y cuarta generación.
La democracia republicana es fruto de ese conjunto de ideas fuerza y del reconocimiento de esos derechos humanos de diversas -y consecutivas- generaciones, que requieren inexorablemente de un Estado presente como del funcionamiento pleno de los tres Poderes que lo constituyen.
El mentado “anarco-capitalismo”, que encarnaría la revolución libertaria, entraña una contradicción formalmente insalvable. Pues, por un lado, alude al Anarquismo -enemigo acérrimo del Capitalismo- poniendo el acento en sus postulados dirigidos a la destrucción y desaparición del Estado y, por otro, al Capitalismo que es justamente un emergente y, a su vez, un sostenedor del Estado moderno, aunque más no sea, en su función de gendarme y protector de la clase propietaria dominante.
Esa reformulación ultraliberal, claramente extremista y falaz, que se propone como un concepto absolutista de la “libertad individual”, desprendida de toda idea de igualdad, solidaridad y justicia social, no sólo es de un anacronismo inconcebible, sino que ofende la inteligencia más elemental a poco que se lo analice.
Unos pocos ejemplos evidencian la razón de esta afirmación, sin apelar a complejas teorizaciones, pues basta con constataciones prácticas para el común de la gente, incluso para quienes se autoperciban como parte de la “gente de bien” que, en el discurso libertario, serían los destinatarios de la lucha emprendida contra una “casta” cada vez más distante de una definición que permita individualizar a quienes comprende.
Los mercados monopolizados o cartelizados, como el de los laboratorios o de la medicina prepaga, en donde unas pocas empresas concentran la producción, distribución y oferta de bienes o servicios, con lo cual pueden acordar los precios y sus sucesivos aumentos, ninguna libertad dejan al consumidor o cliente que es cautivo y víctima de la voluntad e intereses rentísticos de los proveedores. ¿A alguien pueden pasarle inadvertidas las consecuencias y perjuicios que se registran para la población en la actualidad?
El mercado inmobiliario o -el mal llamado- mercado laboral cuyo rasgo distintivo e inocultable en la existencia de enormes asimetrías entre los contratantes, dispensados de toda regulación torna imposible proyectar toda idea de existencia de libertades equiparables o, siquiera, compartidas.
El notorio déficit habitacional, el nivel promedio de ingresos y la ausencia de créditos accesibles para la compra de una vivienda, impone para más de un tercio de la población recurrir a un alquiler. Despojados los inquilinos de toda protección regulatoria para resolver un tema existencial y sujetos a la “ley de la oferta y la demanda” en cuanto a precios, moneda en que se fije, mecanismos de ajustes y periodicidad de los mismos como de los plazos de vigencia de los contratos: ¿cuál es la libertad de que disponen o que se les proponen?
El mundo del trabajo se desenvuelve en un marco de alta inflación acompañada por una creciente recesión, variados -y viciados- fenómenos de informalización laboral, caída abrupta del salario y un horizonte cercano de destrucción del empleo formal, que potencia la desigualdad inherente a las relaciones entre empleadores y trabajadores. ¿Es razonable plantearse que la eliminación de regulaciones que protejan a la parte más débil, una mayor inestabilidad en el empleo, la precarización de las condiciones de trabajo, la legalización de modalidades de contratación deslaboralizantes -típicas formas de fraude laboral y simulaciones ilícitas-, restricciones legales y el consiguiente debilitamiento para el accionar sindical, puedan resultar en más libertad y mayores beneficios para las personas que trabajan?
Libres o Esclavos
La libertad que postulan los libertarios es la del Mercado, que disfrazan de libertad del individuo y que en lugar de ampliarle sus márgenes los acotan al máximo al someterlo a los intereses particulares de los poderosos, es una brutal e indecente defensa de la “ley del más fuerte” sin consideración alguna por los perjuicios y miserias a los que condenan a la mayoría de la ciudadanía.
Esa misma falsedad anida en sus diatribas contra el Estado, pues no propugnan su destrucción sino su deconstrucción y reconfiguración en clave antidemocrática, antirrepublicana y antipopular, sin reparo alguno por la defensa de la soberanía nacional e integralidad territorial.
Si no reaccionamos a tiempo, si no tomamos nota de lo que está ocurriendo y actuamos en consecuencia, es muy probable que al despertamos de esta pesadilla poco o nada quede de la libertad que anhelamos y arrastremos cadenas que evidencien la pulverización de derechos fundamentales como personas, como sociedad y como Nación.
