Por Betina Stein
La precandidata a la presidencia de la Nación Patricia Bullrich sostuvo hace unos días su intención de recurrir a un “blindaje” de dólares a efectos de salir en forma inmediata del denominado cepo (sistema de administración de demanda de divisas). Recordemos que el “blindaje” negociado en noviembre de 2001 por el gobierno de la Alianza, no fue otra cosa que un préstamo otorgado por el FMI, otros organismos de crédito internacional y entidades financieras locales, con el objeto de asegurar el pago de los vencimientos de capital e intereses de la deuda externa.
Si bien el total del préstamo sería de aproximadamente 38.000 millones de dólares, la llegada efectiva de divisas fue pequeña, y rápidamente el FMI optó por detener los desembolsos ante la certeza de la incapacidad de la Argentina para cumplir con los condicionamientos atados a los mismos y por tanto hacer frente a los compromisos asumidos. Y ello generó la crisis de finales de 2001, el default; y la feroz represión con un saldo de 39 muertos.
Patricia Bullrich ofrece hoy, entonces, solucionar el serio problema generado por la deuda heredada del gobierno del que ella formó parte en 2018, generando más deuda mediante un préstamo –blindaje- de características similares a las que tomó el gobierno de la Alianza, del que Bullrich también formó parte y que generó los graves acontecimiento de fines de 2001.
Recordemos que el FMI, violando sus estatutos, en 2018 no dudó en otorgar al gobierno de Cambiemos –hoy Juntos por el Cambio- un préstamo de neto corte político que superaba groseramente la cuota de Argentina y, asimismo, le autorizó la fuga de los dólares ingresados por ese préstamo. Tanta permisividad contrasta con la reciente estrictez ostentada por el organismo con el Frente de Todos a la hora de autorizar el adelanto de desembolsos y las intervenciones en el mercado de cambios, imprescindibles para paliar el embate de intereses mezquinos sobre el tipo de cambio.
Las consecuencias que para nuestras reservas han tenido la sequía y la guerra entre Ucrania y Rusia, no hubiesen sido tan nefastas, de no haber existido ese brutal endeudamiento que nos dejó como herencia el Gobierno del ex presidente Macri, no sólo con el FMI sino también con acreedores privados.
Nunca se investigó en qué condiciones y bajo qué procedimientos se autorizó internamente el llamado “blindaje”. En cambio, la irregularidades en el procedimiento de autorización de la deuda tomada con el FMI por Cambiemos en 2018 sí fueron investigadas por el gobierno de Alberto Fernández. Lo hizo el Banco Central; lo ratificó la Sindicatura General de la Nación y, habiendo concluidos ambos informes que los funcionarios actuantes violaron todas las normas que indicaban el procedimiento a seguir para tomar una deuda de esas características, en 2021 la Oficina Anticorrupción hizo la correspondiente denuncia penal y la Procuración del Tesoro se presentó como querellante, además de presentarse como actor civil para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por el Estado Nacional –sinónimo de toda la sociedad argentina- por dicho endeudamiento.
Este año, la Auditoria General de la Nación ratificó las conclusiones de dichas investigaciones.
La causa, que tramita en el Juzgado a cargo de la Dra. Capuchetti, se mueve con una lentitud notable.
La sociedad va a participar este año de una nueva elección presidencial: en dos semanas lo hará en las PASO y en octubre en las generales. Es importante que los sectores medios y populares tomen conciencia que los dirigentes de Juntos por el Cambio, que tomaron el mayor endeudamiento en la historia del país y del FMI (44.480 millones de dólares usados exclusivamente para la fuga) lejos de ser los indicados para aliviar el tremendo daño que ellos mismos generaron con esa deuda, agravarán más aún la coyuntura. Porque la deuda la generaron ellos y no este gobierno.
Habilitarlos nuevamente para gobernar, sería pegarse un verdadero tiro en los pies.
* Ex directora del Banco Central.
