Por EDUARDO J. VIOR
Sin reparar en daños, Canadá y EE.UU. llevan a través del Atlántico una estrategia bélica, para no perder el control sobre los minerales críticos imprescindibles para la movilidad eléctrica.
Por más de un siglo el petróleo fue la principal fuente para la generación de energía. Muchas guerras y millones de muertos se explican por el predominio de esta fuente energética. Fue útil, mientras Occidente pudo aprovechar su control sobre las regiones productoras y se aseguró la competitividad de su industria. La globalización de las décadas de 1970 a 1990 se financió con el petróleo barato y la inversión financiera de sus propietarios en la economía atlántica, pero, cuando China superó la productividad occidental, América del Norte y Europa Noroccidental decidieron abandonar la globalización.
Las potencias occidentales decidieron, entonces, cerrar su área hegemónica a cualquier competencia euroasiática. Primero rompieron las cadenas mundiales de producción aprovechando la pandemia de Covid19 (2020-21); luego se apalancaron en la actual guerra mundial. Esta clausura se manifiesta especialmente en la competencia por los minerales críticos imprescindibles para la transición hacia la movilidad eléctrica que cada vez más es encarada con criterios militares.
Al cerrarse, Occidente dibujó un nuevo mapa de la economía atlántica determinado por los componentes de las nuevas fuentes energéticas. En las baterías recargables se utiliza en proporciones diversas, según la tecnología aplicada, litio, níquel, cobalto, grafito, manganeso, alúmina, estaño, tántalo, magnesio y vanadio. A excepción del litio, concentrado mayoritariamente en el triángulo entre Argentina, Bolivia y Chile, Brasil ocupa entre el tercero y el quinto puesto mundial por sus reservas de los demás minerales. No obstante, la anarquía y el desgobierno provocados por casi 30 años de guerra ininterrumpida hacen muy barato saquear las reservas de África Oriental. La sangre africana y el oro blanco de los Andes son piezas complementarias de la nueva estrategia trasatlántica de dominación en la que las empresas mineras canadienses cumplen un rol central.
El presidente de la República Democrática del Congo (RDC, capital Kinshasa), Félix Tshisekedi, convocó el pasado jueves 3 a la movilización general y a la juventud a formar milicias, para enfrentar la amenaza de los terroristas del M23. Se trata de un grupo guerrillero tutsi que desde hace años opera en el este del país con apoyo de la vecina Ruanda y que en los últimos meses ha retomado su actividad con especial virulencia.
La semana pasada los rebeldes tomaron el control de otros dos grandes asentamientos en el este del Congo, duplicando así la zona bajo su control. El contingente de la ONU ubicado en la provincia de Kivu del Norte (fronteriza con Ruanda y Uganda) se retiró sin intervenirl provocando el pánico de la población civil que luego se convirtió en protestas espontáneas en muchas ciudades del país con banderas rusas y retratos de Vladimir Putin.
Ahora los destacamentos del M23 se encuentran a sólo 30 km de la ciudad de Goma, la capital provincial. Para el grupo se trata de un objetivo importante por su proximidad a Ruanda, de donde recibe suministros, y por la posición de fuerza que adquiriría ante el gobierno central, pero éste ya ha anunciado que no piensa negociar y el conflicto va para largo.
Con 3,6 millones de toneladas (el 70% del total), la República Democrática del Congo tiene las mayores reservas de cobalto del mundo, un mineral esencial para la fabricación masiva de baterías eléctricas. Es, asimismo, el tercer mayor productor de cobre, con 1,8 millones de toneladas al año. Casi todo el cobalto del país procede de los yacimientos de cobre. Además, hay grandes reservas que aún no han sido exploradas con tecnología moderna, por lo que las existencias pueden ser mucho mayores.
Si bien también influyen otros factores, estas riquezas naturales explican buena parte de los enfrentamientos entre grupos armados que desde hace casi 30 años azotan la parte oriental del país. A pesar de reiterados ceses del fuego, especialmente en los últimos meses se ha agudizado en la región lo que el presidente congoleño llama "guerra económica por los recursos".
Por primera vez desde la independencia en 1960 en enero de 2019 tuvo lugar un traspaso pacífico del poder pacífico. Como resultado de unas elecciones consideradas por los observadores como amañadas, Félix Tshisekedi sucedió a Joseph Kabila (2001-19). Tras un año de luchas intestinas en la coalición de gobierno entre los bloques parlamentarios del antiguo y del nuevo presidente, desde mediados de 2020 el nuevo mandatario logró reducir la influencia de su predecesor.
El M23 (por "Movimiento 23 de Marzo"), en tanto, es un antiguo grupo rebelde tutsi que retomó las armas a finales del año pasado culpando a Kinshasa de no haber respetado los acuerdos que permitieron su desmovilización en 2013. A su vez, el gobierno congoleño acusa a su vecino ruandés de apoyar a los rebeldes.
Tras diversos picos de ataques y desplazamientos forzados a principios de 2021, el gobierno central declaró el estado de sitio en el este del país, sustituyendo a los administradores civiles de Kivu del Norte e Ituri por gobernadores militares. Mientras tanto, en Kivu del Sur se libra una guerra en la que participan fuerzas de Burundi y Ruanda así como grupos rebeldes congoleños. Por último, desde principios de 2022, el regreso del M23 ha desestabilizado aún más la región.
Detrás del conflicto asoma el robo de los recursos minerales de Congo. El principal sindicado es el gobierno de Ruanda, sostenido por EE.UU. y estrechamente asociado a empresas mineras occidentales. Este año un informe de Global Witness estimó que el 90% del coltán (principal fuente de tantalio), el estaño y el wolframio que exporta Ruanda entran de contrabando desde la RDC. Muchos sindican como principal responsable por el saqueo de las riquezas congoleñas al presidente ruandés Paul Kagamé, un saqueo que se ve facilitado por el intenso intercambio entre ambos países en los sectores agrícola, comercial y de servicios, a veces en una sola dirección, porque la RDC no está en condiciones de satisfacer sus necesidades básicas.
Con una economía en expansión (6,4% de crecimiento anual promedio entre 2012 y 2021), aunque dependiente de la inversión extranjera y de las subvenciones, Según datos oficiales, las subvenciones internacionales representan el 16,1% de los ingresos en el presupuesto de 2021-22. Ruanda rechaza las acusaciones vertidas contra ella por la RDC y busca mantener relaciones sólidas con la comunidad internacional. Por ello Kigali espera que la mediación de la Comunidad de África Oriental (EAC, por su nombre en inglés) impida que el conflicto se agrave e interrumpa el funcionamiento de las industrias extractivas en la RDC.
No obstante, el gobierno ruandés parece haber perdido el apoyo incondicional de sus aliados occidentales. El Presidente Paul Kagamé (en el gobierno desde 2000) es muy criticado por la prensa africana. Este fundador del Frente Patriótico Ruandés (FPR), ex guerrillero entrenado por el US Army en los años 1970 en Fort Leavenworth, Kansas, provocó en 1994 la masacre en la que fueron asesinados 800.000 miembros de su pueblo tutsi, para, luego de participar en 1998 en la Segunda Guerra del Congo, hacerse con el poder en Kigali. Desde 2000 gobierna dictatorialmente su país y, gracias al apoyo occidental, sus propios negocios y el saqueo de las riquezas de Congo, ha mantenido una economía en crecimiento del PBI y un país ordenado.
El fin de la globalización y la guerra mundial en curso están cambiando vertiginosamente los alineamientos en África. Las naciones del oeste y centro del continente se alejan crecientemente de las antiguas potencias coloniales Francia y Reino Unido y se acercan a Rusia y China. Como, al mismo tiempo, Occidente corre detrás de China en la transición hacia las energías limpias, las potencias occidentales, sobre todo EE.UU. y Canadá, defienden ferozmente su dominio sobre los minerales estratégicos de África y no dudan en agudizar los enfrentamientos.
El precio de muchos minerales importantes se disparó tras el comienzo de la guerra en Ucrania. La economía rusa posee el 7% del suministro mundial de níquel, el 10% del platino, el 20% del titanio y el 25% del paladio. El precio de estos metales y otros, como el aluminio, el cobalto y el cobre, subió en marzo de 2022, para estabilizarse en los meses siguientes, aunque en muchos casos con precios superiores a los normales.
En su Estrategia de Minerales Críticos, Canadá ha incorporado algunos de los minerales más fluctuantes. Con un presupuesto de 3.800 millones de dólares, fue anunciada por el gobierno de Justin Trudeau en 2021, para asegurar insumos para "aplicaciones de energía renovable y tecnologías limpias" y garantizar la primacía económica de Canadá en los campos de "tecnologías de defensa y seguridad, electrónica de consumo, agricultura, aplicaciones médicas e infraestructura crítica."
Aunque el gobierno canadiense sigue apoyando la extracción de estos minerales a nivel nacional, en las últimas décadas la industria minera de Canadá ha asumido una orientación cada vez más global. América Latina ha sido históricamente la región más rentable para las empresas mineras canadienses, pero recientemente, tanto el gobierno de Biden como el de Trudeau han destacado el rol de África como un proveedor cada vez más importante.
En el continente africano la extendida falta de normativas medioambientales adecuadas abarata los proyectos mineros y los políticos canadienses están ávidos por mantener y ampliar el acceso a los minerales críticos en esa región del globo. Además de asegurarse su aprovisionamiento, también aprovechan la neutralidad de la mayor parte de África para incrementar sus reservas minerales y obtener ventajas comaprativas ante Rusia y China.
El capital canadiense financia o explota proyectos mineros en más de 100 países y la extracción crece cada año. Para 2025 se estima que el mercado mundial de la minería y los minerales alcanzará un valor de 2,4 mil millones de dólares, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesto del 7%. Este crecimiento sólo se logrará con un amplio apoyo gubernamental, por lo que los gobiernos occidentales están concediendo subvenciones y fomentando las inversiones extranjeras directas (IED) en la industria minera.
En las últimas décadas la inversión minera canadiense en el extranjero ha aumentado considerablemente, hasta el punto de que los activos mineros en el extranjero comprenden ahora el 70% del valor total de todas las operaciones mineras canadienses, es decir, 188.000 millones de dólares. En África, el valor total de dichos activos mineros canadienses asciende a 36.500 millones de dólares.
En 2020, 106 empresas mineras de propiedad canadiense operaban en África. Sus inversiones abarcan todo el continente, pero se concentran principalmente en un puñado de países: Malí, Mauritania, Burkina Faso, Ghana, la República Democrática del Congo, Tanzania, Zambia y Sudáfrica. De todos estos países, Zambia es el más valioso para las empresas canadienses, con activos valorados en unos 10.000 millones de dólares.
Proyectos mineros canadienses en América Latina
Mientras mantiene el control sobre sus reservas en la minería africana, Canadá no descuida su expansión en el continente americano y la exclusión de competidores. El 28 de octubre pasado el gobierno federal publicó un lineamiento político aclarando cómo se aplicará la Ley de Inversiones de Canadá (ICA) a las inversiones de empresas estatales extranjeras (SOE, por su nombre en inglés) en el sector de los minerales críticos. Esta política indica que las inversiones de las sociedades estatales extranjeras en las empresas canadienses de minerales críticos serán severamente supervisadas bajo criterios de seguridad nacional.
Dichas inversiones ya vienen siendo muy supervisadas y desde 2009 el gobierno canadiense ha tenido el poder discrecional de bloquear o cancelar dichos emprendimientos -y, de hecho, cualquier inversión- utilizando sus poderes de seguridad nacional. Por lo tanto, la reciente declaración debe entenderse más como una manifestación de voluntad política que como una novedad legal.
En los últimos años el gobierno de Canadá ha prestado una atención especial a los minerales críticos. Ya en enero de 2020 Canadá y Estados Unidos acordaron un Plan de Acción Conjunto sobre la Colaboración en Minerales Críticos y Ottawa publicó en marzo de 2021 la Lista de Minerales Críticos, que incluye 31 minerales.
Muchos de ellos se producen ya en Canadá, pero otros pueden ser extraídos por empresas canadienses en el extranjero sobre cuya actividad en otros países el Estado también legisla. El pasado mes de enero, por ejemplo, el ministro de Industria fue citado ante el comité del ramo en el Parlamento Federal, para aclarar por qué el gobierno permitió la adquisición de una empresa canadiense con activos de litio en Catamarca, Argentina (Neo Lithium) por parte de una empresa minera estatal china (Zijin Mining), sin llevar a cabo una revisión completa de las implicaciones de seguridad nacional. Debe subrayarse que el legislativo canadiense se arroga por criterios de “seguridad nacional” el derecho de autorizar o no la venta de una empresa canadiense en territorio argentino y nuestro gobierno no ha dicho nada al respecto.
De acuerdo con la declaración política del 28 de octubre, la supervisión sobre la toma de control de un negocio canadiense en minerales críticos por parte de una empresa pública extranjera sólo se producirá de forma "excepcional". Esto no significa que nunca se apruebe, sino que muy probablemente requerirá que se proporcionen amplias garantías de seguridad.
Ya en virtud de la ICA todas las inversiones de extranjeros en empresas canadienses, incluidas las inversiones minoritarias e indirectas, independientemente de su valor, están sujetas a un posible examen de seguridad nacional. La declaración política también aclara que las disposiciones de seguridad nacional se aplican ampliamente a toda la cadena de suministro, para incluir a las entidades que participan únicamente en la exploración.
El miércoles pasado Canadá ordenó a tres empresas chinas que se desprendieran de sus inversiones en minerales críticos canadienses. En respuesta, Beijing acusó a Ottawa de utilizar la seguridad nacional como pretexto y de infringir las normas internacionales de comercio y mercado. Las tres empresas afectadas son Sinomine Rare Metals Resources Co Ltd (de Hong Kong), Chengze Lithium International Ltd, también con sede en Hong Kong, y Zangge Mining Investment Co Ltd. (con sede en Chengdu).
La competencia mundial por los recursos minerales y metálicos vitales para las tecnologías de energía limpia ha adquirido ribetes estratégicos, es mundial y, como tal, forma parte de la guerra en curso entre las potencias atlánticas y las euroasiáticas. Especialmente en el campo de la movilidad eléctrica las potencias occidentales están retrasadas respecto a China e intentan recuperar terreno bloqueando el acceso de las empresas orientales a los yacimientos de minerales estratégicos. En este campo bélico las corporaciones canadienses tienen un rol central. Ya tomaron el control de los recursos argentinos y brasileños y los manejan como propios, pero, para evitar el avance de China, intentan también mantener su control sobre las reservas africanas.
Para ello no ahorran en sangre. Un solo río de sangre une los minerales estratégicos de África con el oro blanco de los Andes.
¿Se convertirá alguna vez en un lazo de cooperación para la ayuda mutua?
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