Por Maximiliano Rusconi
La suerte y desdicha del Estado de derecho en nuestro país atestigua momentos especialmente desmoralizantes. En ocasiones esos momentos han coincidido con circunstancias tan trágicas que a nuestra conciencia cívica comunitaria todavía le cuesta, luego de décadas y décadas, sanar las heridas.
En los últimos años estamos asistiendo a una travesía social e institucional que dejará también huellas que no serán de fácil disimulo. Me quiero referir a que el sendero de destrucción del estado de derecho hoy pasa, en gran medida, por algunas, muchas, de las decisiones judiciales que tienen como hilos comunicadores una gran influencia de sectores del poder económico, mediático y político.
Que algunos jueces y fiscales sean hoy los grandes responsables de destruir al Estado de derecho debe generar un nivel de preocupación muy grande.
Hoy, todavía, asistimos a decisiones judiciales que se animan a hacer desaparecer casi todo el catálogo de garantías constitucionales y principios de los derechos humanos que la humanidad supo conseguir luego de tragedias sociales indescriptibles. Minuto a minuto pierde vigencia la garantía del derecho de defensa, el principio de inocencia, el juicio previo, el principio de igualdad ante la ley, el principio de culpabilidad, la legalidad de las pruebas, la libertad durante el proceso, la oralidad del juicio, el in dubio pro reo, el principio de igualdad de armas y del debido proceso, la prohibición de doble persecución por el mismo hecho. Cada día vemos como ello desaparece como mínimo ético de los casos de la justicia penal sobre todo aquellas que tramitan ante el fuero federal. Ello, hay que decirlo, es grave.
Es grave que jueces y fiscales sientan que se paga menos costo individual lesionando todo el elenco de garantías que incumpliendo los mandatos de ciertos sectores de poder que han instalado la idea de que algunos estigmatizados son culpables, si o sí.
Es grave que los peritos utilicen su ciencia de modo fraudulento sólo porque de ese modo se genera empatía con jueces y fiscales que claramente esperan de ellos constancias incriminadoras (ciertas o falsas).
Es grave que nadie sienta el deber moral de escandalizarse cuando hemos asistido a la elección fraudulenta que ha suplantado al azar en el sorteo de los jueces, aquello que la inventiva de los abogados ha denominado “forum shopping”.
Es grave que fiscales y jueces puedan desaparecer caprichosamente de los “juicios orales”, con el simple expediente de cerrar sus “ventanitas” del Zoom.
Es grave que juezas y jueces de un tribunal puedan anular todo derecho a la oralidad con sólo “mutear” a quien ejerce el derecho de defensa de un imputado.
Es grave que un sector del mundo académico o intelectual sienta (genuina o artificialmente) que este tipo de desastres judiciales no deben ser objetados sólo porque es preferible nadar a favor de la corriente que generan los medios de comunicación hegemónicos.
Es grave que se crea que es posible dictaminar, de modo anónimo o con identidad expuesta, sobre la culpabilidad de alguien sin conocer nada de aquello que se investiga en una causa.
La destrucción activa del Estado de derecho por parte de algunos jueces y la complicidad omisiva de los poderes legislativo y ejecutivo hacen que tengamos que ser bastante escépticos a la hora de esperar cambios favorables, pero eso no significa que no se deba hacer lo único que en estas ocasiones tan tristes se debe hacer: denunciar. En muchas ocasiones las denuncias conviven con el descrédito en el momento de ser formuladas, pero en cambio, a menudo, reciben una reinvindicación de su valor de modo retroactivo. El problema es que ello devuelve poco a las víctimas del abuso e poder y son tardías para hacer responsable a los autores de esos abusos. Pero, por lo menos, genera alguna oportunidad para el futuro de nuestros hijos y nietos.
