Por Lautaro Rivara
Desde Ciudad de Panamá
Este 5 de mayo, podría ser la justicia y no los ciudadanos panameños quienes decidan quien será el próximo presidente de la pequeña república centroamericana, mundialmente conocida –y de gran valor estratégico– por el canal interconéanico que atraviesa su territorio. Los tres millones de panameños convocados a las urnas deberán optar no sólo por una fórmula presidencial, sino que deberán elegir a la totalidad de los 71 diputados a la Asamblea Nacional (el órgano legislativo unicameral del país), 81 alcaldes, 701 representantes de corregimientos y 11 consejales.
Pero la incertidumbre política no se deriva tanto de los pronósticos que arrojan las encuestas. De hecho, la mayoría otorga un cómodo margen a José Raúl Mulino, sucesor del expresidente Ricardo Martinelli, quien debió abandonar la carrera presidencial tras una condena por peculado, y enfrenta todavía procesos por presuntos delitos vinculados a la trama de corrupción de Odebrecht y al espionaje de más de 150 opositores durante su gobierno. Después de reclamar en Guatemala fueros del Parlamento Centroamericano que le fueron negados y tras autoexilarse en Miami, el expresidente solicitó y obtuvo el asilo en la embajada de Nicaragua en Panamá, donde todavía se encuentra luego de que su país le negara el salvoconducto de salida.
Desplazado Martinelli, quien pese a las denuncias y los fallos en firme aún goza de cierta popularidad, fue su compañero de fórmula quien ocupó su lugar en la campaña y parece estar heredando buena parte de su caudal electoral. José Raul Mulino es un abogado y diplomático que fue parte de varios partidos y gobiernos, y que se desempeñó como Magistrado Suplente de la Corte Suprema de Justicia, así como Ministro de Relaciones Exteriores, de Gobierno y Justicia y de Seguridad Pública. Presenta un perfil duro y una retórica autoritaria, a tono con las ultraderechas emergentes de toda la región. En particular propone privatizar la seguridad social y disponibilizar sus fondos para la especulación financiera, en sintonía con el modelo chileno de las administradoras privadas de fondos de pensión.
Además, hace pocos días, el candidato oficialista propuso “cerrar” la selva del Darién, en la frontera colombo-panameña, por la que pasan anualmente cientos de miles de migrantes sudamericanos que intentan arribar a los Estados Unidos atravesando todo tipo de obstáculos humanos y naturales. “La frontera de Estados Unidos en vez de Texas se corrió a Panamá”, afirmó Mulino, aunque obvió dar mayores detalles sobre una política antimigratoria que aplicaría, según sus declaraciones, “respetando los derechos humanos”.
Por otra parte, el favorito en las encuestas cultiva excelentes relaciones con los intereses mineros, que sufrieron un duro revés producto de dos años de intensas protestas medioambientales, que culminaron con las movilizaciones más importantes de los últimos 35 años. En consecuencia, en noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato celebrado entre el Estado y Minera Panamá, filial de la multinacional canadiense First Quantum Minerals, que desarrollaba una explotación a cielo abierto del cobre de Donoso, en la provincia atlántica de Colón.
Pese a aventajar a sus rivales en por lo menos 10 puntos según la mayoría de los sondeos, la candidatura de Mulino también ha sido impugnada y es la Corte Constitucional quien tendrá la última palabra sobre los pedidos de inhabilitación presentados. Las denuncias se fundan en la irregularidad de su nominación, que no fue producto de internas partidarias como lo establece la ley electoral, y que derivaron en la constitución de una fórmula incompleta que no lleva a ningún candidato a vicepresidente. La mayor incertidumbre se deriva del hecho de que la Corte podría pronunciarse pocos días antes de los comicios, obligando a redistribuir una importante masa de votos entre los demás aspirantes a la presidencia. O, peor aún, el fallo podría darse días después, anulando la designación de un eventual presidente electo. De ser así, no existen precedentes jurídicos que permitan estipular si lo que corresponde sería la celebración de nuevos comicios, la asunción del presidente de la Asamblea Nacional o alguna otra salida institucional.
Por debajo de Mulino, otros tres candidatos del espectro conservador se disputan el segundo lugar en el umbral del empate técnico. Uno de ellos es Martín Torrijos, hijo del célebre militar nacionalista Omar Torrijos, que gobernó de facto el país entre los años 1968 y 1981. El mismo Torrijos hijo presidió el país en el quinquenio 2004-2009 y tras romper con el PRD compite ahora por el tradicional Partido Popular, de corte demo-cristiano. El segundo es Ricardo Lombana, un comunicador que compitió como candidato de libre postulación en 2019 y obtuvo un sorpresivo tercer lugar. Para estos comicios fundó el Movimiento Otro Camino (MOCA), oficializado ya como partido político. Su línea de campaña se centra en “cortar” con la corrupción, por lo que ha llegado a hacer del hacha su símbolo partidario. En tercer lugar se encuentra Rómulo Roux, otro veterano de la política local, Ministro de Relaciones Exteriores y presidente del estratégico Consejo de Administración del Canal bajo el gobierno de Martinelli. Dirige el partido Cambio Democrático, que se alió al histórico Partido Panameñista para impulsar su postulación.
Tras la declinación de la candidatura de Melitón Arrocha en favor de Martín Torrijos, a estos postulantes le siguen a distancia en las encuestas otras tres nominaciones, surgidas también de los partidos tradicionales: José Gabriel Carrizo, vicepresidente en ejercicio y miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Zulay Rodríguez, de Realizando Metas (RM), quien sorprendentemente compite por tres cargos electivos a la vez: una diputación nacional, la Alcaldía de San Miguelito y la presidencia de la República. Y completa la nómina Maribel Gordón, la única candidata del espectro progresista y de izquierda. Postulada por las firmas de la ciudadanía, la docente y economista encabeza una amplia coalición de partidos políticos, sindicatos, movimientos estudiantiles, campesinos e indígenas de las comarcas autónomas.
Así, en un país que desde la invasión estadounidense de 1989 ha sido hostil a las alternativas progresistas, pero bajo la reactivación social producto de las movilizaciones medioambientales, un proyecto antineoliberal tiene por primera vez la oportunidad de convertirse en una incipiente alternativa electoral en Panamá.
