Por Jaime Perczyk
En Argentina, la discusión sobre la meritocracia volvió a instalarse en el centro de la discusión pública con el Gobierno de Mauricio Macri y se potenció a través de algunos de sus principales canales comunicacionales. ¿Con qué objetivo se instaló este discurso?. Veamos.
Hay debates públicos que se instalan en nuestra sociedad con mayor o menor fuerza dependiendo de los contextos políticos del momento. La temporalidad de estos debates responde a ciertas circunstancias e intereses que merecen ser abordados.
En Argentina, la discusión sobre la meritocracia volvió a instalarse en el centro de la discusión pública con el Gobierno de Mauricio Macri y se potenció a través de algunos de sus principales canales comunicacionales. Con un espíritu individualista y una mirada liberal, se insinuó que todos tenemos las mismas posibilidades y que el secreto de alcanzar el “éxito” reside fundamentalmente en el mérito y la responsabilidad personal.
¿Con qué objetivo se instaló este discurso? La respuesta es clara y concreta: avalar y sostener un modelo político que genera mayores desigualdades. Porque si “todos tenemos las mismas oportunidades” y si “todo depende de uno mismo”, como entonces señalaban y vuelven a señalar ahora esas voces, se justifica y protege el statu quo. No hay condicionamientos sociales, políticos, económicos, demográficos o culturales que obstaculizan el “logro” personal; en síntesis, no hay historia ni contexto que opera sobre las posibilidades de desarrollo de las personas. Así, los defensores del discurso meritocrático buscan introyectar la responsabilidad individual en nuestra propia conciencia: si algo no resulta, es porque “no te habrás esforzado lo suficiente”.
Igualdad, esfuerzo y trabajo
En la antigua Grecia el mérito era contestatario al poder; no lo protegía, surgía de los pensadores del conocimiento como posibilidad frente a las familias poderosas. Más acá en el tiempo, una corriente de filósofos asoció la noción de mérito con criterios de justicia, “dando a cada uno lo que corresponde” según lo que la sociedad considera “valioso o digno de recompensa”.
En la actualidad, ¿puede defenderse la meritocracia como un marco o modelo ordenador del progreso? ¿Cuál es el “esfuerzo” realizado por una persona que gana mucho dinero vendiendo acciones en el carry-trade o a través de la especulación financiera? ¿Es mayor que el esfuerzo diario no debidamente recompensado de millones de trabajadores y trabajadoras? ¿Cómo se retribuye el trabajo de las mujeres que dedican horas y horas al cuidado de sus hijos e hijas?
Nosotros, los peronistas, defendemos el esfuerzo y el trabajo como valor social para construir desde allí un piso de igualdad que permita a todos y todas desarrollarse. Sí al mérito, sí al trabajo y al esfuerzo, no a la meritocracia, porque su punto de partida es desigual, el resultado de una lotería natural que injustamente asigna condiciones óptimas para que algunos puedan desarrollar sus planes de vida y castiga a muchos otros en una lógica perversa que reproduce la desigualdad inicial generación tras generación. El Estado es el único actor capaz de atender estas injusticias y resolver las desigualdades de origen para garantizar una vida digna.
Mérito y educación
Las cifras recientes indican que más de la mitad de los niños y niñas en nuestro país son pobres. Esto significa que hay millones de chicos y chicas que no tienen un plato de comida o que comen salteado, que no tienen una mesa para estudiar, un lugar en el hogar donde poder concentrarse, un baño, una pelota, una computadora. Al mismo tiempo, hay otros tantos chicos y chicas que tienen todo: agua potable, cloacas, espacio, un equipo informático conectado a wi-fi por cada habitante del hogar.
Naturalmente, en contextos de profunda desigualdad el resultado del esfuerzo personal no es independiente de las condiciones objetivas que lo permiten o impiden. El Estado debe construir los pisos, no imponer los techos, de ese proceso de crecimiento personal. Un instrumento igualador central, un piso indeclinable, es la educación de calidad. Desde hace años, en nuestro país la educación es obligatoria a partir de la sala de 4 años hasta la finalización de la escuela secundaria. Esto significa catorce años de educación pública y gratuita que el Estado debe garantizar para todos y todas.
Las instituciones educativas llevan adelante dos tareas dinámicas e íntimamente relacionadas entre sí: la tarea de enseñar, que implica desarrollar el conocimiento, acercar la cultura e interactuar con las inquietudes, dudas, cuestionamientos y singularidades de quienes aprenden; y la tarea de aprender, que implica trabajar sobre uno mismo y demanda un esfuerzo por parte de quien aprende. Habrá quienes tengan algún tipo de dificultad adicional al aprender geografía, matemática o al expresarse artísticamente; habrá quienes, en cambio, les demandará un sobreesfuerzo el estudio de la historia, el análisis sintáctico o el juego en grupo. Lo cierto es que la enseñanza basada en el amor y la escucha es una condición de posibilidad fundamental para que los y las estudiantes, mediante el trabajo y el esfuerzo de cada día, puedan desarrollar una forma crítica y autónoma de pensar.
Es compromiso del Estado nacional construir ese piso educativo mediante la planificación y la inversión sostenida en educación con un criterio federal, permitiendo acercar la educación pública a todos los rincones de nuestro país, mejorando las condiciones de vida de los más desfavorecidos y garantizando la enseñanza de calidad para que todos nuestros chicos y chicas puedan tener lo que es justo.
Las universidades públicas y gratuitas del conurbano bonaerense, pese a los dichos de algunos exfuncionarios de relevancia nacional, son una muestra cabal de que cuando el Estado brinda posibilidades reales de educación, los y las argentinas acuden y responden.
(*) Secretario de Políticas Universitarias - Ministerio de Educación de la Nación.
