Por OLGA ISAZA
La autora, que es representante adjunta de UNICEF Argentina sostiene que, si bien el Estado es el principal garante de los derechos de niños y niñas, es importante que las empresas integren en sus modelos de negocios el respeto por sus derechos y asuman la responsabilidad por los efectos que su accionar pudiera tener en la infancia y adolescencia.
Las empresas pueden tener un rol clave en la promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes. La ampliación de las licencias por maternidad y paternidad, políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, iniciativas para promover la lactancia y favorecer la alimentación saludable en las familias son algunas de las medidas que el sector privado puede llevar adelante para impactar de manera positiva en la vida de chicos y chicas.
Si bien el Estado es el principal garante de los derechos de niños y niñas, es importante que las empresas integren en sus modelos de negocios el respeto por sus derechos y asuman la responsabilidad por los efectos que su accionar pudiera tener en la infancia y adolescencia. El Comité de los Derechos del Niño ha reconocido que las acciones voluntarias del sector privado pueden promoverlos y que los Estados deben alentar estas iniciativas.
En este marco, Unicef trabaja en alianza con el sector privado y el público para que las políticas corporativas y públicas orientadas a las empresas incorporen los enfoques de derechos de niñas, niños y adolescentes, género y equidad. El objetivo es además que puedan gestionar en forma proactiva, dentro de sus modelos de negocios, los riesgos reales y potenciales y promuevan impactos positivos a través de estrategias para la generación de conocimiento y la innovación, el fortalecimiento de capacidades, la abogacía y el relacionamiento con actores claves.
Estos fueron algunos de los temas abordados la última semana durante el Foro Empresas por la Infancia y Adolescencia 2025, en el que se presentaron las prioridades de Unicef en las que el sector privado puede tener un rol importante. Los objetivos centrales establecidos y la agenda de trabajo conjunta se presentaron en el documento "Empresas por la Infancia y Adolescencia 2025", que contiene recomendaciones, propuestas de articulación y herramientas para orientar el trabajo empresarial.
Por ejemplo, garantizar políticas y prácticas en el sector privado que protejan el cuidado de niñas y niños menores de 6 años, promuevan la equidad de género y la corresponsabilidad de los padres en las tareas de crianza resulta clave para un buen funcionamiento de las organizaciones empresariales y para el respeto de los derechos de chicos y chicas.
Otro tema en el que pueden tener un rol fundamental es en favorecer la nutrición saludable en entornos familiares y educativos. En Argentina, el sobrepeso y la obesidad afectan a más del 40% de los chicos y chicas de entre 5 y 17 años. Por eso, desde cada sector, es importante apoyar las acciones necesarias para revertir esta realidad. En el caso de las empresas, promover prácticas de marketing y publicidad responsables, cumplir con la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable e incorporar propuestas saludables en los comedores laborales, entre otras iniciativas, contribuye a una nutrición más adecuada en las familias.
Por otra parte, la generación de habilidades para la vida adulta y para el acceso a la salud de calidad de los y las adolescentes, y el desarrollo de prácticas de marketing que deslegitimen las violencias de género también conforman otras de las medidas que puede llevar adelante el sector privado para promover los derechos de chicos y chicas. En materia de prevención de las violencias, también es relevante la contribución que pueden hacer en los entornos digitales. En un reciente sondeo realizado por Unicef, el 13% de los adolescentes dijo haber experimentado situaciones de violencia o haber estado expuesto a publicaciones violentas en redes sociales o en internet.
Así, los aportes de las empresas de distintos sectores -más allá de su tamaño- pueden ser realmente significativos. El sector privado tiene hoy la oportunidad de ejercer un rol clave frente a múltiples desafíos para que los niños, niñas y adolescentes, sobre todo aquellos en situación de mayor vulnerabilidad, puedan desarrollarse en una sociedad que garantiza plenamente sus derechos.
