Por Ignacio Bongiovanni
La estrecha relación entre las inversiones, la pobreza y la inflación determinan el bienestar de los argentinos.
Con el presente artículo pretenderemos mostrar la estrecha relación entre las inversiones, la pobreza y la inflación.
Para finales del 2020 la pobreza en nuestro país escaló al 44,2% según un estudio de la Universidad Católica Argentina. Esto contendría a más de 20,3 millones de argentinos. Por su parte el INDEC había informado que para diciembre del año pasado el valor de la Canasta Básica Total (CBT o también llamada “línea de pobreza”) se encontraba en los $54.000, esto es casi un 40% superior a diciembre del 2019. Es decir, que una familia tipo necesitaba, al menos, esta suma de dinero para poder satisfacerse de los bienes y servicios básicos para no ser considerada pobre.
El valor de la CBT es un indicador muy útil para evaluar la situación social. Especialmente importante es la comparación con los salarios, es decir, la principal fuente de ingresos de la población. Si los salarios crecen por arriba de la CBT se genera un proceso de inclusión social. En sentido contrario, si los salarios crecen por debajo de la CBT es de esperar un proceso de degradación social con aumentos de la pobreza.
Por tanto resulta atractivo comparar la evolución de la CBT contra el salario formal de la economía. Observando datos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo entre los años 2017 y 2020, se aprecia que la CBT o Línea de Pobreza se incrementó en un 205% y la mediana de los salarios formales del sector privado creció un 150%. Para ponerlo en términos sencillos la inflación le ganó a los salarios. En dicho lapso de tiempo el porcentaje de hogares pobres pasó del 20% al 30%.
Uno de los factores claves que explican este proceso de empobrecimiento es el derrumbe de las inversiones (-41% entre el 2017 - 2020). Al desplomarse la inversión, el salario de los trabajadores tiende a crecer menos que los precios. Menos inversión es sinónimo de menos empleos, menos salarios y más ayuda social por parte del Estado. Lamentablemente las proyecciones oficiales en el Presupuesto Nacional 2021, estipulan que la inversión se incrementará un 18% en el presente año, un 10% en el 2022 y un 7% en el 2023. Estas metas son demasiado precarias ya que implican que en el 2023 la inversión será un 10% inferior que en el 2017, y sumando que el año 2020 finalizó con un desempleo del 14,2% según el informe de la UCA, el salario real difícilmente sea mayor al de aquella época. Por tanto, el círculo vicioso se agrandará de la mano de más asistencialismo -financiado con emisión monetaria- y deterioro social.
Otro de los factores fundamentales por los cuales los pobres se acrecientan es la incesante inflación que padecemos, que fue del 54% en el 2019 y del 36% en el 2020 pandemia de por medio.
Para abril del 2020, cuando se ordenó el aislamiento obligatorio, la inflación se colocó en el orden del 1,5% mensual. Pero a medida que el confinamiento se fue distendiendo, la inflación trepó hasta el 4% mensual en diciembre. El movimiento de los precios y de la economía se vio alterado por la cuarentena. El consumo comenzó a reconstruirse luego de una fuerte disminución en abril y la inflación siguió la misma tendencia. Para finales del año pasado los precios se incrementaron a un ritmo similar al registrado antes del aislamiento, y los analistas esperan una inflación cercana al 4% para el mes pasado de enero 2021.
¿Qué sucederá en este 2021 con la inflación? La respuesta la podemos encontrar en un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), que pone de manifiesto que la cantidad real de dinero en poder del público, descontado el impacto de la inflación, se expandió un 35%. Esto significa que hoy las personas poseen un 35% más de capacidad de compra que cuando comenzó el 2020. Sin embargo, el Producto Bruto Interno (PBI), que es la cantidad total de bienes y servicios disponibles para comprar, se contrajo un -12% el año pasado. Que existan más pesos en poder de la gente y menos oferta de bienes y servicios ocasiona un desbalance que mantiene una fuerte presión sobre los precios. Esto hace pronosticar que en el 2021 la inflación seguirá creciendo.
Por su parte, las autoridades nacionales apelan a diferentes medidas para contener la inflación. El Banco Central interviene con operaciones de pases y Leliq para absorber parte de los billetes emitidos, lo que impulsa a pagar altas tasas de interés. Lo mismo sucede cuando el Tesoro emite títulos públicos atados al dólar con altos intereses para aflojar la presión sobre el Banco Central a seguir emitiendo. Los controles cambiarios y el congelamiento de tarifas, funcionan como una olla a presión. En definitiva, todas las maniobras y herramientas que utiliza el gobierno tienden a generar mayor emisión monetaria a futuro, y por ende más inflación. En este marco, los acuerdos de precios y salarios son solo aspirinas que intentan frenar a un invasivo y galopante tumor.
La actual dirigencia “no da en la tecla” al querer regular los precios de la economía. La discusión tendría que ser sobre la causa de la inflación (emisión desmedida de pesos) y no sobre la consecuencia (el aumento generalizado y sostenido de los precios, con pérdida del poder adquisitivo).
Con la problemática sobre la mesa podemos aventurarnos a pensar cuál es el desencadenante de semejante hecatombe económica, y la respuesta más acertada parece ser el déficit fiscal crónico argentino. El mismo tiene una incidencia decisiva tanto en la inflación como en la pobreza y la inversión. Y es que este déficit generado por un excesivo gasto público puja siempre al país, sea a emitir más dinero, tomar deuda o incrementar los impuestos, para poder cubrir esta brecha. Todo este cocktail desincentiva la inversión y hunde aún más a los carenciados en la pobreza por la alta inflación y la imposibilidad de conseguir empleo. Cabe mencionar que el Estado Nacional terminó el 2020 con un déficit fiscal del 8,5% del PBI, el nivel de desequilibrio de las cuentas públicas más elevado desde 1975.
Por eso, es imperioso asumir que el ordenamiento integral del sector público es central y ya no hay tiempo para seguir postergando estas reformas estructurales. Eliminación de gastos públicos superfluos, reformas tributarias que den aire a las pequeñas y medianas empresas, solidez monetaria que dará respiro al bolsillo y seguridad jurídica que garantizará reglas de juego estables, ayudarán a crear un clima amigable para las inversiones que reducirán la pobreza de nuestro país. De lo contrario, los jóvenes seguirán viendo “para afuera”, las empresas continuarán huyendo y los pobres se multiplicarán.
Todos estos cambios no se darán de un día para el otro y necesitarán de grandes consensos sociales y políticos. Son transformaciones profundas, lentas y difíciles, pero necesarias para el progreso de nuestra nación, por esto vale terminar como empezamos ¿Nos importan los pobres?
