El litio se ha convertido en un recurso central para producir los acumuladores que utilizan los vehículos o dispositivos electrónicos. Asimismo el mineral opera como reservorio de electricidad para sostener la demanda que requiere el uso de energías renovables. La acelerada rentabilidad comercial enciende las alarmas de los países productores.
El “oro blanco” o “mineral del futuro”, como lo han bautizado con entusiasmo empresarios mineros y la prensa, se asocia en el corto plazo con un inevitable sendero de riqueza y desarrollo social. Aunque el precio internacional, señalan algunos especialistas, está sometido a la volatilidad por la falta de equilibrio entre la oferta y la demanda, en el país se han incrementado los proyectos empresariales de exploración y explotación de litio.
La fiebre por el “oro blanco”
En 2015 los países miembro de la “Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático’‘ firmaron un acuerdo que busca reducir el impacto ambiental generado por el incremento de la temperatura global. El “Acuerdo de París” compromete a los países a “acelerar e intensificar las acciones e inversiones destinadas a construir un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono”.
Según el “Informe de la Confederación de las Partes” es necesario limitar el aumento de la temperatura media por debajo de los 2°C como única medida posible para revertir los riesgos del cambio climático. También exige a las naciones controles y reportes anuales para verificar el avance de los compromisos asumidos contemplando las características de cada país.
El nuevo paradigma se orienta a la sustitución de combustibles fósiles por fuentes de energía renovable como el aire, el sol, el viento, el agua, la biomasa vegetal o animal, es decir, recursos capaces de renovarse ilimitadamente con un impacto ambiental menor.
Sus repercusiones son evidentes. Países como Alemania (“Ley de Fuentes de Energía Renovables”), Francia (“Transición energética”) o Reino Unido (“Ley Medioambiental”), entre otros, ya implementan programas a largo plazo para alcanzar un suministro energético completamente a base de fuentes alternativas.
La transición energética empujó a la industria automotriz hacia la producción de vehículos eléctricos impulsados por baterías de iones de litio que ayudarían a disminuir la contaminación en el aire generada por los combustibles convencionales. Su difusión es el resultado de cuatro décadas de experimentación y los logros más sobresalientes, además del transporte, se registran en el área de las comunicaciones con el desarrollo de dispositivos móviles u ordenadores portátiles.
Dialogamos con Martina Gamba, investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e integrante del “Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes”, sobre el litio y sus características:
“El litio está presente alrededor de todo el planeta en distintas formas. Pero actualmente hay dos maneras en las que se explota conforme a la racionalidad económica que guía las actividades productivas. El litio presente en rocas, como el caso australiano, el principal proveedor de litio a nivel mundial y el litio que está disuelto en aguas subterráneas que están debajo de los salares. Esta es la forma en la que se encuentran en nuestro país”.
En el año 2019, la investigadora, junto a otros especialistas, publicó el libro “Litio en Sudamérica. Geopolítica, energía y territorios”. Al ser consultada sobre los usos del litio y los motivos del interés que actualmente concita, respondió:
“Se lo ha utilizado en el campo de la medicina porque es un poderoso antidepresivo para tratar trastornos bipolares. También se lo ha utilizado tradicionalmente en la preparación de grasas lubricantes, vidrios y cerámicos con ciertas propiedades térmicas por ser resistentes a la temperatura. Ahora el boom del litio tiene que ver con su uso en las celdas y baterías de litio que han demostrado que son las más eficientes y de mayor densidad energética”.
Al ser intermitentes, es decir, al no disponer permanentemente de sol o viento, las energías limpias requieren una amplia capacidad de almacenaje para satisfacer su demanda: “A diferencia del petróleo, que concentra todo su poder energético en el propio material y se lo utiliza cuando se requiere energía, resulta necesario almacenar la energía proveniente de fuentes renovables en dispositivos electroquímicos como las baterías de litio”, precisó.
La Dr Gamba detalló que “las baterías son dispositivos que permiten convertir la energía química almacenada en los átomos en energía eléctrica y al revés. Las baterías de litio se caracterizan por ser reversibles. Cuando se descarga la batería, la cargamos y luego la podemos volver a utilizar para extraer energía en forma de electricidad”.
Ganancias exorbitantes y mercado desregulado
El escenario global de creciente demanda de litio coloca a la Argentina en una posición estratégica desde el punto de vista productivo y comercial. El país posee el 20% de los yacimientos de litio del mundo, ubicados mayormente entre la provincia de Salta, Jujuy y Catamarca.
En el plazo de una década, Argentina se transformó en el cuarto productor internacional. Registra 27 proyectos mineros que corresponden a este recurso. Dos de ellos ya producen carbonato de litio, mientras que otros dos están en la etapa previa. Además, junto a Chile y Bolivia conforman lo que se denominó el “Triángulo del litio”, una región que comprende cerca del 65% del total del litio del mundo.
La secretaría de Minería informó que durante el mes de julio se exportó un total u$s83,9 millones. La cifra difundida implicó un crecimiento del 459% interanual, un registro sin antecedentes. El volumen comercializable representó el 29% de las exportaciones totales de minerales para el mismo mes.
Las proyecciones de la cartera son todavía más ambiciosas. Esgrimen que, tomando en cuenta todos los proyectos en marcha y los anuncios realizados, Argentina cuenta con un potencial de inversiones en explotaciones mineras de litio de US$6.473 millones. Mientras que el incremento de las cantidades producidas podría alcanzar los 373,5 mil toneladas, colocándose por encima de la capacidad actual de 37,5 mil toneladas al año.
En Argentina el artículo 124º de la Constitución Nacional le confiere a las provincias la posibilidad para negociar directamente con las empresas interesadas en la explotación de los recursos mineros. “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, sanciona el artículo. Por su parte, la Ley de Inversiones Mineras de 1993 fija las pautas tributarias de las empresas.
Algunos investigadores insisten en subrayar que en materia fiscal, Argentina está a la zaga de otros países, y que se impone la necesidad de definir una estrategia federal capaz de incrementar los beneficios para las provincias y el resto del país: “El marco normativo heredado de los 90 estimula a que, en lugar de que se establezcan estrategias colectivas encauzadas por el Estado Nacional posibilitando un aprovechamiento integral de nuestros recursos naturales, se den estrategias individualizadas de los estados subnacionales compitiendo por los recursos para dar respuesta a los derechos que antes garantizaba nación”, criticó la Dr. Gamba.
Una investigación de la CEPAL echa luz sobre la estructura de la minería del litio en la región de Argentina, Bolivia y Chile. Se analizan los ingresos tributarios y no tributarios, la renta económica y el régimen fiscal provenientes del sector.Para los investigadores, “es fundamental que los países tomen resguardos para evitar prácticas elusivas por parte de las empresas”.
En la ley de Inversión Minera, las provincias que adhieren al régimen de incentivo y que perciben regalías, no pueden cobrar un porcentaje superior al 3% sobre el valor del mineral extraído, transportado o acumulado previo a cualquier proceso de transformación. Si tenemos en cuenta el crecimiento sideral del precio internacional del litio superior al 400%, la regalía representa una ínfima parte de las utilidades empresariales.
En cuanto a los derechos de exportación, se aprecia un deterioro de la renta del estado. En 2015 el impuesto era del 5%, pero en diciembre de ese año, la tasa se redujo a 0%. En septiembre de 2018 se estableció un derecho de exportación de 12%, pero con un tope de tres pesos argentinos por cada dólar de valor de los costos de trámites aduaneros de exportación, con lo cual el precio real terminó siendo inferior a la tasa fijada por ley.
De acuerdo a la ley, es competencia de las provincias establecer el impuesto sobre los ingresos brutos. Sin embargo en las tres provincias el impuesto no grava a las exportaciones, por tanto las empresas extractivas están exentas. En Salta la carga se eliminó desde el 2020, en Catamarca la tasa es de 0,75% pero sólo se aplica sobre los ingresos brutos de las ventas internas mientras que “en Jujuy se excluye del impuesto a las actividades de producción primaria minera comprendidas entre la prospección y la extracción del mineral, detalló la investigación.
Si el régimen fiscal se mantiene inalterable, las empresas matrices locales profundizarán las prácticas de subfacturación. Es decir, venden por debajo del costo del precio de mercado a sus propias casas centrales en el extranjero: “Los precios de las exportaciones de Argentina y Chile son significativamente inferiores a los precios de mercado reportados en cada año, observándose diferencias promedio de un 58% en Argentina y un 21% en Chile”. Veamos el caso chileno”.
Perspectiva regional
En Chile el litio está declarado recurso estratégico desde 1979, ya que la dictadura pretendía utilizar el litio para el desarrollo de la fusión nuclear. Con esta medida, el país trasandino tiene un sistema de contrato o arrendamiento con las empresas. Esto explica la presión que rige actualmente sobre el ministerio de Energía de parte de las empresas para arrancarle nuevas concesiones o arrendamientos.
Durante el gobierno de Michelle Bachelet se fijó un impuesto del 40% a las ganancias destinando parte de la producción al mercado interno, una cuota en dólares para la investigación y otra renta para mejorar la situación de las comunidades locales.
Como respuesta a la incapacidad de captar mayor nivel de renta por el desequilibrio de precios, Gabriel Boric, se ha pronunciado en favor de una reforma de gran alcance. El proyecto plantea la financiación del Instituto del Litio en Antofagasta con una parte del impuesto a las empresas. El Salar de Atacama, ubicado en esta región, representa el 90% del total de los recursos de litio del país. Por otro lado, se plantea la creación de una empresa pública que pueda asociarse con proyectos existentes.
Mientras tanto, en Bolivia el proceso de nacionalización comenzó en 2008 con la sanción del Proyecto de Desarrollo Integral de Salmueras del Salar Uyuni y la puesta en marcha de una planta piloto para el procesamiento de litio. La decisión marcó un punto de inflexión para el país y la región. Ese mismo año se creó dentro de la estructura de la COMIBOL, la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) antesala para la creación, en 2017, de la empresa pública, estatal y nacional Yacimientos Litiferos Bolivianos.
En una entrevista a un medio local, Juan Carlos Montenegro, presidente de la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) explicó que “la exportación del producto primario se está haciendo, pero el objetivo principal es cerrar la cadena de agregación de valor, es decir, llegar al producto final, que son las baterías de litio.“
El Estado, según establece la carta magna, ejerce el control y soberanía sobre todos los salares y lagunas saladas del territorio nacional, que son declaradas áreas de reserva fiscal. La industrialización del recurso será administrado, operado y financiado enteramente por el propio estado, permitiendo socios comerciales sólo en la provisión de tecnología de punta requerida para la fabricación de baterías de ion-litio.
Este es el caso de la empresa alemana ACI Systems que constituyó junto al estado boliviano una empresa mixta para la industrialización de baterías de litio. El estado nacional estableció condicionamientos a la empresa alemana. Se definió que el socio comercial debe tener tecnología de punta en la producción y una estrecha vinculación con el sistema de investigación local, que el estado debe mantener una mayoría accionaria en la empresa, el socio debe procesar conjuntamente con Bolivia los residuos de la industria del litio y, finalmente, el presidente de estado será quien nombre al presidente de la empresa.
La explotación del mineral recrudece los debates locales por la forma de extracción, el marco regulatorio y los proyectos de diversificación tecnológica que pueden acarrear el “boom del litio”. Asimismo, la disputa por el mineral en la zona de los salares es uno de los tantos capítulos de la guerra comercial de un mundo en transición hacia un orden global cuyas coordenadas no terminan por definirse.
