Por Gisela Marziotta
Con un presupuesto magro destinado a prevenir la violencia por razones de género y con centros de atención que no cumplen con los mínimos requeridos por la ley que los regula, el gobierno de la Ciudad desprotege a las víctimas, sobre todo a las más vulnerables social y económicamente.
Diputada nacional por Caba del Frente de todos
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destina apenas 276 pesos por mujer en todo el año, recortó en 2021 un 26,5% el presupuesto destinado a las mujeres víctimas de violencia y no cumple con la Ley 5.466, que establece que debe haber un Centro Integral de Mujeres (CIM) cada 50 mil mujeres, ya que actualmente hay solo un CIM cada 108.757 mujeres. De esta forma, solo el 3,4 por ciento de las mujeres porteñas que solicitan ayuda lo hacen a través de estos Centros Integrales. El presupuesto que la Ciudad destina a la Dirección General de la Mujer representa un 0,07 por ciento del presupuesto total de CABA y un 1,09 por ciento del presupuesto del Ministerio de Desarrollo, del cual depende. Estos son algunos de los datos que revela el informe “Masculinidades hegemónicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, elaborado por +Estado y la Asociación Civil de Investigaciones y Estudios Sociales (ACIES), en colaboración con el Observatorio Gente en Movimiento.
La violencia machista se manifiesta de distintas formas: los femicidios muestran la cara más brutal, pero esta violencia también tiene su correlato en las desigualdades laborales, económicas, sociales y simbólicas. En la Ciudad estas tendencias están muy marcadas por las propias desigualdades que existe entre las comunas, entre el norte y el sur, y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no tiene como prioridad combatir esta realidad compleja para las mujeres, y más difícil aún para las mujeres humildes.
Desde hace ya algunos años, gracias a la movilización de millones de mujeres en todo el país, los números de los femicidios forman parte de la agenda de la opinión pública. Pero es necesario, además, poner la lupa en estas estadísticas para evaluar qué es lo que ocurre en los distintos territorios. En CABA, por caso, en 2020 el 79 por ciento de los homicidios con víctimas mujeres (19 en total) fueron por razones de género (15), es decir, femicidios. El número es alto, pero lo más llamativo es la proporción, que aumentó de manera considerable.
Si revisamos más en profundidad, vemos que un porcentaje muy grande se da en barrios vulnerables y casi un tercio de las víctimas se encontraban en situación de calle (cuatro víctimas en 2020 y tres en lo que va de 2021). Estas mujeres tienen, obviamente, menos posibilidad de pedir ayuda y el gobierno porteño no está invirtiendo para protegerlas. Otro de los datos salientes, relativizado por los mencionados casos, es que el 80 por ciento de los femicidios tuvieron lugar en espacios privados y que todas (¡100 por ciento!) de las víctimas conocían a sus victimarios y la mitad ya había presentado una denuncia judicial.
Algunos datos sobre violencia doméstica también sirven para entender la dinámica de la violencia machista. Según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, el 76 por ciento de las víctimas de estas agresiones son mujeres, mientras que el 24 son hombres. Al dividirse por grupos etáreos, los datos muestran que las mujeres de entre 18 y 59 son las más afectadas (54 por ciento de los casos) y las niñas, niños y adolescentes de hasta 17 años son el segundo grupo (31 por ciento). En la distribución territorial hay cuatro comunas que concentran el 45 por ciento de los casos: La Comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya), la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano), la Comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) y la Comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco).
Existen otros dos aspectos de la violencia machista que me gustaría repasar brevemente en estas líneas: el vinculado a las tareas de cuidados y a la situación laboral de las mujeres, dos temas íntimamente vinculados. En CABA el 88 por ciento de las mujeres hace trabajo doméstico no remunerado, diferencia notable con el 62,6 por ciento que realizan los hombres. Esto le implica a las mujeres, en promedio, unas 4,9 horas diarias, mientras que a los hombres unas 3,3 horas. Al tener menos horas disponibles, las mujeres participan menos del mercado de trabajo y logran insertarse en peores condiciones: peores salarios y mayor precarización. En promedio la tasa de actividad de las mujeres es del 49 por ciento, mientras que la de los hombres es del 71,2. Las que más sufren esta realidad son las mujeres de sectores más vulnerables, que no pudieron completar sus estudios. Entre las mujeres con títulos universitarios la tasa de actividad asciende al 74 por ciento; entre las que tienen el secundario incompleto desciende al 35,9.
La discriminación de género también se nota dentro de los ámbitos laborales. El empleo público en la Ciudad es una clara muestra de esta realidad: a medida que se asciende en los cargos jerárquicos, el porcentaje de mujeres baja. Es lo que se denomina “techo de cristal”. Solo un 24 por ciento de las mujeres acceden a cargos superiores, mientras que en cargos menos jerárquicos la proporción de mujeres es mayor: un 58 por ciento. También ocurre en la Policía Metropolitana: solo el 10 por ciento de los cargos de mayor jerarquía son ocupados por mujeres, mientras que en los cargos de menor jerarquía las policías representan un 30 por ciento. Sería muy distinto si el protagonismo de las mujeres en las tareas de seguridad fuera mayor, teniendo en cuenta lo que mencionaba antes en relación a la proporción de femicidios entre los asesinatos de mujeres.
La violencia machista es producto de un proceso histórico de larga data y para combatirla es central la tarea que debe cumplir el Estado. A nivel nacional, en la Ley de Presupuesto de 2021 por primera vez las partidas se organizaron teniendo en cuenta la perspectiva de género, y en 2019 Alberto Fernández creó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Es un camino largo y difícil, pero los mencionados son dos pasos muy importantes. En la Ciudad, en cambio, tenemos un Poder Ejecutivo que no tiene a la agenda de género como prioridad, incumple las leyes redactadas pensando el cuidado de las mujeres y recorta el presupuesto destinado a reducir las desigualdades y la violencia de género.
