Por Jorge Halperín
Está claro que el lawfare es la persecución política por la vía judicial. Es, a la vez, una guerra no convencional – algunos estrategas hablan de “guerras híbridas” - en un ámbito complejo – el derecho -, que no es percibida como guerra por la opinión pública.
Así lo describieron dos estudiosas, Silvina Romano y Arantxa Tirado, en un trabajo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica( CELAG).
La referencia a la guerra es apropiada si se tiene en cuenta que lawfare fue acuñado por un general: Charles Dunlap.
Washington redefinió el eje del mal aludiendo al terrorismo, el narcotráfico y la corrupción. Y sectores del Pentágono avanzan señalando que la corrupción es el peor de los males en la medida en que debilita a los gobiernos, los expone a las acciones del terrorismo y el narcotráfico, y así mina a la democracia.
De esa manera el imperio pergeñó la coartada para librarse, con la ayuda de jueces alineados, derechas y poder mediático, de líderes y gobiernos que rechazan sus políticas. Los acusa de derroche y malversación de fondos. Los expulsa del poder o directamente los encarcela. Y lo consigue travistiendo de crísis institucional lo que es un golpe.
Cuando la Corte Suprema de Argentina produjo estos días su absurdo fallo confirmando la condena del ex vicepresidente Amado Boudou en una causa tan truchada por el lawfare, la indignación corrió como un reguero en muchos de nosotros, y se tradujo en una convocatoria a un abrazo en Tribunales.
Hoy seguimos mirando a Alberto Fernandez y preguntándonos si hará algo finalmente para enfrentar a estas ofensivas de un partido judicial que no deja de perseguir políticamente a pesar de que ya no tiene el anterior gobierno para que lo avale.
El presidente fue claro en plantear que no va a actuar como Macri invadiendo al otro poder, el judicial. Y desató controversias cuando dijo que no hay presos políticos sino “detenciones arbitrarias”.
Entonces, ¿no puede, no hará nada al respecto? Más allá de la indignación, uno percibe que estas movidas judiciales buscan desgastar la figura del presidente, apuntan al objetivo de siempre, Cristina Fernández, dejan el campo minado para frenar la anunciada reforma judicial y, claro, cuentan con el aval de la oposición de derecha, del poder económico y mediático, y de la embajada de Estados Unidos, foco del lawfare en toda la región.
Entonces, ¿tiene el presidente las manos atadas? ¿No hay forma de neutralizar esto?
Empecemos por señalar algo: el abrazo en Tribunales no tuvo una gran masividad. Es obvio que, de haber querido el gobierno acudir a la movilización de las bases, otro hubiera sido el panorama. Incluso, aún sin una acción del gobierno, no hubiera costado producir un hecho bien masivo si otros aliados del FdT mostraban voluntad de movilizar.
¿Es la cuestión de los presos políticos un tema al cual el FdT le asigna prioridad?
No hay señales claras al respecto. Está claro que preocupa a AF y al kirchnerismo. Pero no está tan claro si es prioridad para otros aliados, el massismo, los gobernadores, y aliados circunstanciales como la fuerza de Roberto Lavagna.
En Jujuy, donde Milagro Sala sobrelleva una prisión de cinco años, el vicegobernador de Gerardo Morales es Carlos Hakim, un peronista del Massa. Es difícil imaginar a Sergio Massa, que estuvo tan alejado de CFK, priorizando las libertades de Sala, de Julio De Vido, de Luis D´Elía o de Amado Boudou. Y sucede algo parecido con otros aliados del FdT.
¿Podría el presidente ejecutar un acto de autoridad del tipo de un indulto o alguna variante, con lo cual disparará nuevas ofensivas de distintos sectores, sin tener suficiente aval interno o sin hacer crujir las alianzas del Frente?
Claro que no hacerlo y seguir exponiéndose al desgaste que deliberadamente le provocan los focos de resistencia en los tribunales, podría ocasionarle un alto costo político.
¿Es así? Hay que tener en cuenta que el tema de los presos políticos no resulta accesible a buena parte de las mayorías, que votan pero que desconocen los meandros de la Justicia y el lawfare.
Ahora, si uno atribuye debilidad e impotencia al gobierno en este tema, debe preguntarse si algún gobierno de América Latina tuvo éxito desarticulando el lawfare. La verdad es que no hay antecedentes en una región que hoy es gobernada en absoluta mayoría por aliados del lawfare alineados con Washington.
Porque el lawfare es una creación siniestra y brillante de Washington y un dispositivo al que aún no se encontró forma de desactivar.
Vuelvo a los indignados por la ofensiva judicial contra Boudou, en especial los que comparan la forma en que el entonces flamante presidente Nestor Kirchner actuó sobre la Corte menemista. Junto a su enérgica determinación, su clara visión de que debía avanzar con acciones fuertes, Nestor manejó un peronismo y aliados que no venían de recientes enfrentamientos, como sucede hoy en el FdT, y tampoco estaba en la vereda de enfrente un bloque de poder consolidado como el que hoy hostiga a Alberto Fernandez.
Las comparaciones no sirven en este caso.
Por estas horas está claro que la unidad del FdT es crucial para que la oposición de derecha no encuentre una forma de volver al poder. Sea porque el presidente y docente de derecho rechaza una intervención ante la Justicia por propia convicción, o porque en la encrucijada opta por no desafiar la cohesión del frente, es difícil imaginar cuál será la salida a esta herida abierta en el Frente de Todos.
Pero esto no impide reaccionar ante la aberración de que un gobierno votado por las mayorías tenga que contemplar como desde la tribuna esta supervivencia de la nefasta persecución política de los aliados del lawfare.
