Por Álvaro Ruiz
La libertad individual llevada a sus formas más extremas tiene por contracara, inevitable, el sometimiento de otra u otras personas al absoluto libre albedrío de quien ostenta o detenta mayor poder en esa relación y que, cuanto más asimétrica sea, más esclavizante resultará para quienes sean sometidos a la voluntad del poderoso.
Sumando al descarte
La pobreza no genera clientes de los Mercados, sino una “carga” para el Estado que por definición neoliberal es el principal enemigo de las libertades de los pocos que pueden en verdad ejercerlas individual o colectivamente, al que se le reserva como única función la de gendarme protector del sacrosanto derecho de propiedad y de la seguridad pública restringida, principalmente, a la represión de cualquier manifestación popular de descontento o reivindicación de derechos fundamentales postergados.
A diario asistimos a variados ejemplos de esa concepción retrógrada, que pasa por alto más de dos centurias de luchas legítimas por la conquista y ampliación de verdaderas libertades inescindibles de nociones básicas de igualdad y solidaridad. Para muestra dicen basta un “botón” y la vergonzosa -como delictiva- actuación de la Policía de la Ciudad frente a una pacífica, y más que justificada marcha, para reclamar por asistencia alimentaria en el centro de la ciudad más opulenta de la Argentina esta última semana, no admite dudas ni resiste archivos que dan cuenta de ese proceder ilícito -violencia institucional explícita- y de las víctimas -pobres y por tanto descartables- de ese perverso accionar represivo.
Es hora de que tomemos conciencia que para la sociedad argentina debe ser intolerable convivir con el hambre, la situación de calle de familias enteras, la falta de toda asistencia y la exclusión absoluta sin futuro a la que se exponen a niñas, niños y adolescentes que, sin Estado presente y proactivo, serán presa indefectiblemente de redes de trata de personas y de la reducción a situaciones análogas a la esclavitud.
Más aún, advertir que -guste o no- por mandato constitucional al Estado corresponde la obligación de garantizar educación, salud, vivienda y seguridad alimentaria a la población y, particularmente, a los grupos que ostentan mayor vulnerabilidad o vulnerabilización.
Que existen, además, leyes que imponen deberes específicos en torno a la protección y rescate de situaciones de trata. Por lo cual, la cuestión no se reduce a si cierran o no las cuentas públicas o a la aspiración idealizada de alcanzar el déficit cero, sino al orden de prelación normativa y de bienes jurídicos tutelados, cuyo soslayamiento constituye un específico delito: de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De que se trata la trata de personas
El tráfico de mujeres, mediante distintas estrategias dirigidas a atraerlas con coacción o mediante engaño a centros de prostitución para su explotación sexual es la más conocida, pero no la única, manera en que se traduce la trata de personas.
Ese delito durante mucho tiempo, como rémora de una noción acuñada en el siglo XIX, se designó como “trata de blancas” y la denominación no es azarosa, porque justamente estaba ligado a la condición racial de las víctimas, puesto que ese mismo sometimiento de mujeres negras, asiáticas o pertenecientes a nuestros pueblos originarios no configuraba delito alguno sino una práctica inveterada de sojuzgamiento impuesto por los colonizadores, europeos en mayor medida, en los diferentes Continentes.
La trata de personas es un delito que se desarrolla en la órbita del crimen organizado, con alcance internacional, comparable con el negocio ilegal de tráfico de armas y el narcotráfico. Es más, constituyen los tres mayores negocios ilegales en el mundo entero y dotados de una capacidad de corrupción -en esferas públicas y privadas- mayúscula.
En función del estado de vulnerabilidad de la población más expuesta a la trata, se encuentra desde allí la forma en que logra obtener un lugar en la sociedad. Adoptando modalidades secretas y clandestinas por lo cual, pues si bien su existencia es supuesta cuando no conocida, al mismo tiempo permanece relativamente oculta en el escenario local, no se identifica con precisión su existencia y se dispone de información vaga, ambigua e imprecisa, lo que dificulta su abordaje en tanto no se adopten políticas transversales de las agencias estatales y de las organizaciones de la sociedad civil, abarcando el espectro completo.
Pues no basta con su detección e individualización de los sujetos penalmente responsables, sino también de sus redes y soportes, como del rescate de las víctimas con la indispensable implementación de Programas de protección, medios de sustentabilidad inmediata y desarrollo de planes de inclusión sin los cuales se torna inevitable la revictimización o la recaída en similares procesos de explotación sexual o laboral.
Importa advertir que ese delito también se configura cuando el propósito que se persigue está ligado al trabajo, la Ley 26.842 (de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas) lo define dentro del marco general que consiste en el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, y establece:
“A los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas: a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad; b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados; (…) El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores.”
El trabajo forzado es definido por la OIT como "todo trabajo o servicio exigido a un individuo a) bajo la amenaza de una pena cualquiera y b) para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente"; y la Convención sobre la Esclavitud de 1926 define la reducción a la servidumbre como: “el estado o condición de un individuo sobre el que se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos”.
Interesa también destacar que, mayormente, la trata con fines de explotación laboral no se verifica en ámbitos socio-económicos marginales, sino que se registra en sectores de la Economía (¿de los Mercados?) desarrollados y con elevados niveles de rentabilidad. Entre ellos resaltan los negocios agropecuarios y la industria de la indumentaria o del calzado, sectores en los cuales, más allá de los reclutadores rurales o talleristas, los directos beneficiarios de ese tipo de explotación -cuando no socios principales, organizadores y financistas de esas redes- son grandes empresarios del “campo” y titulares de “marcas” líderes de productos de renombre, quienes por supuesto suelen quedar eximidos de toda consecuencia civil, laboral o penal.
La remuneración, la jornada y las condiciones que se imponen para la ejecución del trabajo, constituyen el nudo central de una situación de explotación y el trato dispensado (amenazas, violencia, anulación de la dignidad por abuso de una situación preexistente, entre otros factores) aglutina los elementos de contexto que conforman los medios para lograrla.
La motivación económica es, por excelencia, la finalidad de la trata laboral, valiéndose de la situación de sometimiento o explotación, regularmente, el explotador buscará enriquecerse a costa de la víctima. Interés que persigue materializarse en obtener de la víctima la mayor cantidad de producción posible, sin remunerar debidamente y sometiendo a las personas ocupadas a una existencia de indignidad humana extrema (carente de elementos de higiene y sanitarios, de alimentos y bebidas suficientes en un estado que sólo el hambre o la sed llevan a consumirlos) y viviendo hacinadas en “taperas” improvisadas o en casas semiderruidas junto a las maquinas que operan diariamente.
Ese cuadro deplorable que constituye la imagen cruda e inexorable de la trata laboral, se completa con un elemento que la torna aún más intolerable, la explotación del trabajo infantil que acompaña frecuentemente esa forma “libre” y “desregulada” de hecho de organizar el trabajo familiar, en total sintonía con el pensamiento del libertario acartonado Benegas Lynch que afirmara hace pocos días: "La libertad también es, que si no querés mandar al colegio a tu hijo porque lo necesitas en el taller, puedas hacerlo".
Una lucha que se abandona es imposible ganarla
Los programas de ajuste salvaje que lleva adelante el Gobierno nacional no reconocen límites éticos ni morales, como lo demuestra la metodología aplicada con respecto a las personas que trabajan en el sector público, por sólo tomar ese ámbito ligado al objeto de esta nota.
El destrato al que somete a quienes alegremente se “despide”, sin consideración humana alguna y prescindiendo de sus antecedentes laborales -con antigüedades de décadas y eficaz desempeño en las funciones asignadas-, conlleva otros efectos especialmente nocivos como resulta del vaciamiento de instituciones, agencias y organismos estratégicos para el cumplimiento de deberes inexcusables a cargo del Estado.
Tal es el caso de lo que sucede en materia de lucha contra la trata y de asistencia de sus víctimas, que registra una total desactivación de políticas públicas, la cesantía de funcionarios y profesionales altamente calificados -cuya formación es un activo relevante y de compleja recuperación-, el abandono de las víctimas en procesos de asistencia, la desfinanciación de los Programas vigentes y una deliberada subejecución de los magros presupuestos asignados.
Un punto de inflexión trascendente fue el desguace del Comité de Lucha contra la Trata, creado por la Ley 26.842 (19/12/2012) en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y eje del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Fueron desvinculados los 40 Delegados que lo integraban, previo despido de manera informal -como gusta hacer a este Gobierno- de su Director y. luego, el propio Comité fue derivado al área del Ministerio de Seguridad.
Entre el 11 y 12 de abril diferentes publicaciones se hicieron eco de las denuncias por el desmantelamiento antes referido, poniendo énfasis en la parálisis que supondría y, máxime, siendo que ello se replicaba en todas las áreas concernidas del Estado, implicando una ostensible antipolítica en materia de combate a la trata de personas.
“Esos mismos delegados construyeron 36 mesas interinstitucionales, colaboraron en la sanción de cuatro leyes de inclusión laboral y más de 180 ordenanzas, y en cumplimiento de su principal función participaron activamente en el seguimiento de la restitución de derechos de las más de 5000 víctimas rescatadas entre 2020 y 2023 (…) el comité estaba integrado por cinco ministerios que daban asistencia y el Programa Rescate, que está en el área de Justicia, también está seriamente dañado; ya venía con muy poco personal y ahora están echando gente (…) el trabajo de ese equipo hizo que por vez primera la Argentina estuviera calificada internacionalmente entre los países que más efectivamente luchan contra la trata y explotación” durante el lapso que duró la gestión de Gustavo Vera (El Ancasti).
“En Salta también critican a Nación por ‘desmembrar’ el Comité de Lucha contra la Trata. Siguen las críticas al gobierno que encabeza el presidente Javier Milei, en este caso por ‘desguazar’ al Comité de Lucha contra la Trata en Argentina, con la desvinculación del personal, de la estructura federal y de abandonar a las víctimas de esta problemática.” (Informatesalta)
La Nación también hizo referencia a los “Recortes en las políticas contra la trata de personas”, a través de una extensa y sustanciosa entrevista a Alika Kinan, luchadora infatigable contra la trata, víctima de una red que la prostituyó cuando apenas contaba con 18 años y de la que fuera rescatada recién a los 34 años de edad, actualmente Directora del Programa de Estudio, Formación e Investigación sobre Trata de Personas (UNSAM).
En esa nota se indica que: “En los primeros tres meses de este año, el Gobierno nacional prácticamente no ejecutó el presupuesto asignado para rescatar y acompañar a víctimas de trata de personas, según reveló un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) al que accedió LA NACION. El dato pone en foco el desamparo de cientos de mujeres, niñas y niños, muchos provenientes de hogares pobres, que todos los días son captados por redes de delincuentes que los explotan sexualmente y, en menor medida, laboralmente. (…) De acuerdo con el informe de Acij, en 2023, las actividades de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata, que depende del Ministerio de Justicia, tenía un presupuesto de 650 mil millones de pesos y en el primer trimestre de 2023 se ejecutaron 437 mil millones. En cambio, en el primer trimestre de 2024, se subejecutó la partida, lo que ajustado por inflación implicó un recorte del 94,5%".
Por su parte Alika Kinan sostiene, que el pase del Comité a depender del Ministerio de Seguridad “es un error, porque se van a dedicar a hacer política criminal, no van a generar políticas ni de restitución de derechos, ni de acompañamiento, no se va a contener a las víctimas. Por eso la Ley de trata indica que el Comité debe depender de la Jefatura de Gabinete para crear políticas públicas acordes. A una víctima le tenés que dar contención, no revictimizarla al pedirle que te cuente lo que pasó como si fuera una delincuente.”
La libertad libertaria es puro libertinaje
Las distintas definiciones de “libertinaje” coinciden básicamente en que supone un desenfreno en las obras o en las palabras, una actitud de abuso de la libertad dada en que el sujeto no asume las consecuencias de sus propios actos, una actitud irrespetuosa de la ley, la ética o la moral de quien abusa de su propia libertad con menoscabo de la de los demás, o que representa una libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o hace. El libertinaje también se asocia a la falta de control y a la ausencia de límites, a la violación o desatención a las normas sociales imperantes.
Cuánto de esas caracterizaciones se ajustan perfectamente a los discursos, pensamiento y acciones de los miembros de La Libertad Avanza (LLA). Sólo el desenfreno de un pensamiento obtuso y anacrónicamente elitista explicaría la afirmación de Benegas Lynch citada en esta nota, sólo la falta de control y el sentido de impunidad por la falta de respeto a la ley, la ética o la moral ciudadanas daría paso a tamaños exabruptos en boca de un diputado nacional. Y qué decir del presidente Milei que, desde su estancia en tierras del Imperio al que se somete aplicadamente, calificó meramente como una “frase desafortunada” la impúdica confesión de un profundo sentir y convicción ideológica del diputado “Bertie” (LLA).
El abandono de la lucha contra la trata es todavía más elocuente en orden a qué clase de libertad y para qué clase de personas se postula desde el Gobierno nacional, pero en lo que hace a la que tiene por fines la explotación laboral se añaden iniciativas normativas que derivarían en una legalización de la reducción a condiciones análogas a la esclavitud de las personas que trabajan, al privarlas de derechos básicos y al incrementar exponencialmente las asimetrías que son inherentes a las relaciones de empleo.
La deslaborización y desindicalización propugnada por el DNU 70/2023, la “ley ómnibus” y la reforma laboral que se busca introducir a la “nueva ley base” ingresada esta semana al Congreso, darían rienda suelta a todo tipo de abuso en la contratación de trabajadores, en las condiciones de ejecución de las tareas y en la disponibilidad -autoritaria, arbitraria y carente de reproche alguno- de la fuerza de trabajo.
Entonces, las desaprensivas decisiones gubernamentales en materia de trata de personas y con relación al destino de desamparo al que arrojan a sus víctimas, deben entenderse como un simple emergente de una ideología perniciosa que tiene en claro que la libertad que pregona también abarca la de esclavizar, si ello es lo que demanda el Mercado o responde a un deseo libertario de quien se apropia del trabajo ajeno y de la riqueza que ese trabajo genera.
