Por Juan Carlos Junio
Desde su asunción, el gobierno nacional sostiene obcecadamente una política de shock aplicando su descarnado “ajuste doloroso“. El principal argumento justificatorio es el ya remanido de “la herencia recibida de la gestión despilfarradora”. Vivir en estado de shock forma parte de su táctica política. El sistema de choque y agresividad como una constante, implica recorte del gasto social y desregulación total, incluyendo a todos los precios. El shock es inflación desbocada, baja de salarios y los más de 4 millones de nuevos pobres en solo tres meses. Pero también es cultural y emocional. La avanzada ideológica contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia se fue articulando como políticas de estado, expresándose en un discurso oficial. El shock no es solo impacto, es colisión y destrucción del tejido social y cultural. Esa línea implica en la práctica la destrucción de la matriz productiva, industrial y científica, y la eliminación de cientos de miles de empleos. Todo esto se sustenta además en la mutilación del “Estado culpable”, siguiendo la línea fundada por Martínez de Hoz en 1976. Esta estrategia se complementa con la sumisión de la Argentina a la división internacional del trabajo en la actual fase capitalista, especialmente la subordinación pasiva a las políticas de Estados Unidos e Israel, su connotación anti China y el distanciamiento de las políticas de unión política y comercial con América Latina.
El paro y movilización del 24 de enero, los cacerolazos, las luchas gremiales, la masiva marcha del 8M en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y la reciente convocatoria del 24 de marzo en todas las plazas de las ciudades argentinas y especialmente en Plaza de Mayo, expresan la reacción de la sociedad democrática frente al propósito de desestabilización permanente del shock libertario. Como siempre, el pueblo en las calles refuerza los pactos democráticos de la sociedad, trascendiendo las identidades partidarias y religiosas; constituyéndose en un gran muro político y cultural frente al intento de reivindicar y negar las desapariciones, torturas, el robo de niños seguido del asesinato de sus madres, los vuelos de la muerte, las violaciones y castraciones, las censuras, en suma: el terrorismo de Estado, ahora reivindicado por el Presidente y la vicepresidenta.
En los últimos días se observan revelaciones de otro tipo. Siempre se conjeturó que el DNU y la Ley Ómnibus se escribían en los bufetes jurídicos de las corporaciones empresarias. Recientemente se conoció el rastro digital que dejó Kusa Liban Ángel, del “afamado” estudio Bruchou & Funes de Rioja, en el documento de Word que circula intentando revivir el capítulo fiscal de la derrotada Ley Ómnibus. El establishment impúdicamente, sin ninguna mediación, decidió ocupar directamente espacios de un gobierno políticamente débil, sin cuadros políticos ni profesionales para la función pública, desnudando una conducta improvisada e irresponsable. Consecuentemente, las entidades representativas del empresariado se lanzaron al apoyo público irrestricto al gobierno de Milei. “Tenemos muchas esperanzas en el nuevo Presidente”, afirmó Paolo Rocca, el CEO del Grupo Techint, en Houston, frente a los popes de la industria petrolera, enfatizando que el punto nodal es su programa económico que “suena a lo que Argentina necesita”. Aunque se haga el chancho rengo, cuando menciona “su programa” y lo que “Argentina necesita”, en realidad habla del propio programa del establishment, no el del país. ¿Cómo interpretar que ejecutivos del grupo empresario Techint, con sede en Luxemburgo, se sumaron al Gobierno, asumiendo directamente la conducción de YPF, principal empresa del país, y de la crucial Secretaria de Trabajo? Lo mismo el “JP Morgan boy”, Luis Caputo, quien nuevamente ocupa el Ministerio de Economía, a pesar de su fracaso anterior.
Otra novedad es la decisión de las grandes empresas norteamericanas, lanzadas a intervenir en el debate político, con el agravante que instruyen al Gobierno y a la opinión pública sobre lo que se debe hacer. El presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), Facundo Minujín, se derritió en elogios al presidente argentino, dejando claro que comparte “los objetivos y la dirección de las medidas anunciadas”, como “la eliminación de las trabas regulatorias y la libertad a las empresas para decidir su plan de negocios”. El líder empresario levantó el insondable “Pacto de Mayo”, calificándolo de “histórico e inédito”, instando a la oposición política a respaldarlo. AmCham y el señor Minujín se asumen como un grotesco y tardío Spruille Braden, aquel fracasado embajador norteamericano. Así es que pasaron del lobbismo subrepticio y corrupto, a hacerse cargo del gobierno.
Es notable el respaldo del establishment, ahora aluvional, al plan mileísta, impulsado por la tentación de aprovechar la oportunidad de saqueo de nuestras riquezas. Los capitalistas locales como los norteamericanos no reparan en explicitar sus intenciones. La Argentina es un país riquísimo en recursos naturales que actualmente son críticos: minerales, alimentos, energía, fuentes de agua; con grandes vías comerciales como el Paraná. La presencia del cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano en la hidrovía, la visita del jefe de la CIA exigiendo el distanciamiento de la República Popular China y la desconexión con nuestros hermanos y aliados del continente, cuyo ejemplo más irracional es el enfriamiento de los lazos políticos y comerciales con Brasil, pero también con los otros gobiernos democráticos de signo progresista: Honduras, Colombia, Cuba, Venezuela y Chile, son muestra de ello. Se trata de la subordinación irrestricta al lugar que nos asigna la embajada en el marco de su conflicto global, tanto en el plano comercial como militar.
En el momento actual, afrontamos una crucial encrucijada, ya que la contradicción entre las potencias es flagrante: o se está del lado de los vendepatrias, como diría Evita, y los reivindicadores del terrorismo de Estado y su plan económico corporativo, o se está del lado del pueblo, de la democracia, afrontando el reto de la construcción política unitaria para derrotar a la ultraderecha y abrir paso a una nueva perspectiva popular.
* Juan Carlos Junio es secretario general del Partido Solidario; director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
