Por JOSE CORNEJO
El director de la Agencia Paco Urondo y titular de la Cátedra Géneros y Formatos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP) repasa los atentados perpetrados en la ciudad bonaerense desde 2020, cuestiona los discursos de odio y llama a romper con la impunidad de los violentos.
El 12 de enero de este año, escribí un artículo para la Agencia Paco Urondo y para Telam donde compilaba la batería de atentados que había sufrido Bahía Blanca entre fines de 2020 y principios de 2022. El artículo reclamaba la obvia intervención del Poder Judicial y advertía que, de no ocurrir esto, podían lamentarse víctimas fatales en el corto plazo.
Después de 14 meses de inacción judicial, los ministros bonaerenses Alak y Kreplak exigieron medidas y ante los primeros allanamientos, los atentados cesaron. Lo poco que pudo saberse es que quienes viralizaban mensajes agresivos eran grupos fastidiados con la cuarentena. Sectores medios pauperizados que encontraban el origen de sus males no solo en los políticos, sino también en los sindicalistas, jueces, judíos, “zurdos” y mapuches según rezaban los volantes que difundían. La “casta”, al decir de Javier Milei, pero también podría ser la diversidad propia del sistema democrático.
Como está muy estudiado, es común que fracciones de clase media giren al fascismo cuando se empobrecen (la Alemania nazi) o cuando la clase baja mejora sensiblemente sus condiciones (durante el peronismo). En el presente, el estancamiento que arrastra Occidente desde la crisis de Lehman Brothers de 2008 también ha radicalizado a sectores medios como puede verse en la base social de Trump en Estados Unidos y las protestas anticuarentena de Europa.
El fascismo criollo aún no ha recuperado la iracundia de la última dictadura. Sin embargo, a partir de las conquistas sociales que se dieron entre 2003-2015 y la pauperización general desde entonces, hay grupúsculos cada vez más descontentos y violentos. Se puede trazar un gráfico que comienza con la cacerola que le rompió la cabeza a Andrés Larroque en las protestas contra la Resolución 125 en 2008, en donde grupos de rugbiers compusieron las fuerzas de choque. De allí a la casi decena de atentados en Bahía Blanca y finalmente el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, que hubiera destruido el contrato democrático en Argentina, con consecuencias catastróficas.
El atentado contra la vicepresidenta nacional exige que todo el arco político lo repudie, sin matices. Porque es un atentado contra el mismísimo sistema democrático.
Sin embargo, no sorprende a nadie que los mismos actores que promovían las protestas anticuarentena y azuzan el descontento clasista, se muestren indiferentes al intento de magnicidio. Tal es el caso de Patricia Bullrich. Por eso fue gravísimo lo ocurrido en Bahía Blanca y la desidia del Poder Judicial para intervenir, además de la indiferencia de los actores políticos. La impunidad iba a ser registrada por estos Comandos Civiles del siglo 21.
Hay que investigar y condenar severamente a quienes con sus prácticas de odio amenazan los bienes y las vidas de las personas. Si los culpables pagan efectivamente su deuda con la sociedad, los fascistas locales recalcularán sus objetivos.
