Por Washington Uranga
Al día siguiente de la contundente derrota legislativa que el oficialismo recibió en la Cámara de Senadores, donde fue rechazado el DNU/70, tanto Javier Milei como su círculo más próximo se encargaron de negar todo: el descalabro político, las diferencias entre el Presidente y su vice y la posibilidad de una negociación con la oposición (aún con los más “blandos” y “dialoguistas”) que no sea en los exclusivos términos que plantea la Casa Rosada. El Presidente que no la ve… insiste en que no la ven.
El vocero presidencial Manuel Adorni ratificó la lógica binaria que el oficialismo aplica a la política. Dijo que para el Gobierno hay solo dos caminos: “Acuerdo o confrontación”. El acuerdo no incluye negociación, solo aceptar sin reservas lo que dictamina el Presidente. Adorni amenazó diciendo: “Preferimos el acuerdo, pero estamos dispuestos a la confrontación”.
Ya no quedan dudas de que para Milei la democracia no es un marco de referencia, sino apenas un sistema del que se valió y le permitió acceder a la Presidencia. El sistema democrático está basado en la representatividad de una sociedad plural y en la administración de las diferencias mediante la acción política que busca generar consensos. Como bien señaló el papa Francisco, “no alcanza con la legitimidad de origen”. Sin pretender hacer exégesis del magisterio pontificio, se podría decir que en las urnas se elige un gobierno pero no se entroniza la verdad y que quien triunfa en las elecciones no es, por ese solo hecho, dueño de la única y absoluta verdad.
No lo entiende así Milei.
La idea del conflicto permanente como método supone también la extorsión para los disidentes, el acoso a través de las redes digitales, junto con la naturalización del daño que se está causando acompañado de un ostensible ejercicio de la crueldad. Para Milei y los suyos, la crueldad y el odio están a la orden del día y se han puesto de moda. Porque se ignora lo obvio, se miente y se niega lo evidente, y porque no hay límite para persistir con el daño a los más débiles, a los frágiles, a los pobres, enfermos o ancianos. También es ilegal y es violencia incitar al no pago de impuestos en la provincia de Buenos Aires, como una forma de ataque directo contra el gobernador Axel Kicillof.
Todo lo anterior genera violencia y a ello se suma la represión de todo tipo de protesta. Lo dijo el senador Martín Lousteau: “Este es un Gobierno que amedrenta, que amenaza, que infunde temor”. Desde su lugar lo ratificó Adorni: "Nosotros defendemos a la gente y el país con el que sueña la gente de bien. Los que estén en ese camino estarán con nosotros, los que no, haremos todo lo posible para que no estén más".
Por eso quienes se oponen a sus ideas o son “traidores”, o son “ratas” o son “corruptos”. Según el particular manual presidencial de la política libertaria, todos esos calificativos se pueden aplicar a legisladores, sindicalistas, dirigentes sociales y gobernadores que se paren en la vereda contraria a la LLA. En ese caso serán “casta”. Las mismas personas dejarán rápidamente de serlo desde el momento en que decidan –por el motivo que sea– cambiar de bando e incorporarse a las filas del oficialismo. Por este solo hecho quedarán redimidos y –seguramente con la intervención de las “fuerzas del cielo”– pasarán a formar parte del selecto grupo de “gente de bien” que pregona “la libertad…carajo”.
Es incierta la suerte que correrá el DNU/70 en la Cámara de Diputados. Porque el Gobierno desplegará ahora toda su estrategia de extorsión, amenazas y violencia simbólica. Contra los gobernadores, contra los diputados y contra todo aquel que tenga la osadía de oponerse. No son pocos los que se muestran proclives a dejar al lado principios básicos y elementales o a hipotecarlos en función de necesidades presupuestarias y de intereses sectoriales o personales mientras se amparan en el argumento de darle “gobernabilidad” al Presidente en “bien de la Argentina”. Las próximas semanas serán reveladoras en ese sentido.
¿Y las ciudadanas y los ciudadanos que están padeciendo las consecuencias del brutal ajuste? ¿Quién los interpreta, quien los expresa?
Como lo hemos dicho en otras oportunidades, la oposición política sigue desorientada y fragmentada. El movimiento obrero organizado hoy parece dispuesto a aguardar a que se diluciden ciertas demandas sectoriales por salarios postergando por un tiempo una medida de fuerza general, como un paro o una movilización. Quieren mantener abiertos los canales de diálogo a pesar de los contrastes sufridos.
Los movimientos y las organizaciones sociales luchan en el día a día para asegurar comida y condiciones mínimas, extremando creatividad y esfuerzos para obtener recursos de diferentes fuentes ante la negativa y la cerrazón oficial.
Hay que tomar en cuenta que la semana anterior la jerarquía de la Iglesia Católica pareció salir de su letargo, también porque desde las bases de todo el país y a través de la capilaridad institucional eclesiástica llegan signos de alarma por la cuestión social. Primero fueron los obispos de Merlo-Moreno (Juan Chaparro y Oscar Miñarro), quienes denunciaron “un creciente avance de la deshumanización política, social y económica”. Luego la primera plana del Episcopado, con representación de todo el país, se reunió en Buenos Aires y allí se puso en común la gravedad de la situación. No solo se habló de crisis alimentaria, de la salud y la medicina, sino del aumento de la pobreza en la niñez y de la pérdida de fuentes de trabajo. Desde la sede de la Conferencia Episcopal en la calle Suipacha (CABA), los obispos fueron hasta la Rosada para transmitirle a Milei su preocupación. La reunión –dicen– fue cordial, pero poco productiva. El Presidente encargó a la ministra Sandra Pettovello atender las demandas y buscar soluciones, pero no tomó ningún compromiso, no dio ninguna respuesta concreta a lo que se le planteó. La jerarquía eclesiástica no oculta su preocupación y poco espera de esta gestión. Persiste la inquietud por la contención de la demanda y el deterioro del clima social.
Además de las discusiones en Diputados por el DNU, en los próximos días se abren varios escenarios. Por un lado, la presión extorsiva que el Gobierno seguirá haciendo sobre los gobernadores, mientras simultáneamente intenta acordar con el PRO y con los radicales “colaboracionistas”. Por otra parte, el viernes habrá un congreso del PJ que será caja de resonancia de la crisis (la del país y la del propio peronismo), aunque no es dable esperar de esa instancia algún tipo de acuerdo o definición. Un primer paso será que en la mesa estén sentados todos y todas, más allá de cualquier interna. Sería un gesto.
Pero sin duda el hecho más importante se dará en la calle el 24 de marzo, en lo que seguramente será una enorme manifestación popular en rescate de la memoria, en defensa de la democracia, de la justicia y la verdad. Una expresión ciudadana que hable por sí misma, por lo multitudinario, por lo diverso en la unidad y, sobre todo, porque todo transcurra en paz, sin ningún tipo de violencia.
